Algo está cambiando en la acción exterior española cuando, desde el Gobierno central, se pretende aprobar una Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado. Sin duda algo necesario, aunque solo sea para reordenar los recursos de los que dispone la administración para articular su proyección exterior así como para dejar planteados los objetivos principales y estratégicos que deben guiar dicha política. España necesita articular estos mecanismos aunque, antes de ello, debe plantear con seriedad y objetividad los intereses esenciales del país en su entorno internacional. Aunque pudiera parecer que ésta es una cuestión sencilla, de hecho no lo es, circunstancia que obliga a la administración central, capitaneada por el Gobierno de turno, a contar con especialistas y organismos de todo tipo, relacionados con cuestiones internacionales, para elaborar las bases de esa política estratégica. No es por tanto nada raro ni excepcional, sino más bien todo lo contrario, se ha hecho y se hace en otros países de nuestro entorno, con mayor o menor fortuna.
El pasado 15 de febrero una fundación privada financiada en parte con fondos públicos, el Real Instituto Elcano, publicó un informe que, bajo el pomposo título de ‘Hacia una renovación estratégica de la política exterior española’, pretende servir de guía y orientación estratégica para la elaboración, por parte del Gobierno central, de las bases de la acción exterior española. Dicho informe fue encargado por el Gobierno del Partido Popular en el marco de la elaboración de una ‘Estrategia de acción exterior’ con el fin de servir de base para la renovación estratégica de esa política exterior. Según comenta en el informe el propio presidente de la entidad, Emilio Lamo de Espinosa, parece que pretende, igualmente, ‘preparar el camino para los consensos políticos’ básicos en el planteamiento de esa acción exterior.
Así, el propio presidente del instituto afirma que se trata ‘de integrar sensibilidades políticas distintas, reforzando así la continuidad en la política exterior al margen de posibles cambios de Gobierno’. Esta idea en principio no es mala, en la medida en que esos consensos han faltado en la acción exterior española, en particular en la consideración de países como Marruecos. Los vaivenes en esta materia han sido notorios e incluso en estos momentos, se plantean argumentos diferenciados en torno a las acciones a llevar a cabo con el reino alauita para gestionar políticas comunes, como los flujos de inmigración irregular entre ambos países. Sin duda la falta de estos consensos ha sido muy perjudicial para la estructuración de la acción exterior española, algo que debería solucionarse de una vez por todas, evitando que el dominio de la política exterior se vea condicionado por el enfrentamiento inter partidista.
El problema radica en que esos consensos no tienen por qué ser benéficos para los intereses de España, en particular en materia de seguridad, por ejemplo. Consensuar acciones y objetivos es interesante siempre y cuando partan pues, de esa premisa básica, la defensa de los intereses de la nación en el ámbito internacional. Junto a ello, deben estar sometidos a revisiones continuas en la medida en que el ámbito internacional es cambiante, y por tanto, también lo son esos intereses nacionales.
Bien, uno de los puntos tratados en el informe son las principales áreas geográficas en las que podría quedar compartimentada la estrategia exterior española en el mundo, las zonas de interés vamos, y entre ellas, el Magreb es una de las principales. No resulta llamativo por tanto que se aluda a Marruecos o al Sahara Occidental, aunque sí lo es el tratamiento que se le da a esta cuestión. Los dos personajes encargados de realizar los llamados ‘análisis de acompañamiento’ de estas cuestiones son dos viejos conocidos, Bernabé López, y Haizam Amirah. En el caso que nos ocupa, esta vez ha sido el profesor López el encargado de realizar un decálogo de despropósitos a costa del tratamiento de la cuestión del Sahara Occidental, en lo que no deja de ser un escándalo, al reproducir prácticamente en ese breve informe, las tesis marroquíes sobre esta cuestión.
Es decir, que para el señor López y para el Real Instituto Elcano, la mejor política española en esta materia es prácticamente aquella que coincide con las tesis marroquíes sobre un territorio que aún sigue pendiente de descolonizar, al estar ocupado militarmente por Marruecos. Son por tanto, territorios ocupados, los del Sahara Occidental. Veamos los argumentos utilizados en el informe en torno a esta cuestión, para entender en su justa medida las barbaridades que se exponen en dicho informe. Recordemos, el informe analiza cuál debería ser la posición de España sobre el Sahara Occidental y este informe va a servir al Gobierno central, o al menos así queda estipulado en el trabajo presentado, para elaborar una nueva estrategia de acción exterior.
En primer lugar, el análisis contenido en el informe sobre esta cuestión, abunda en que la solución al problema de la descolonización del Sahara Occidental debe ser política. Esta apreciación, que podría ser entendible, solo lo es en el marco de la libertad de decisión de las partes implicadas en el proceso descolonizador. En otras palabras, la solución no puede ser política si las partes no adoptan una decisión consensuada para poner fin al asunto. En el caso que nos ocupa, Marruecos pretende la anexión del territorio y el Frente Polisario, que tiene el estatuto jurídico reconocido como representante de la población saharaui, la celebración de un referéndum de autodeterminación según prescriben las resoluciones de Naciones Unidas. Hay por tanto un componente jurídico que, o bien se solapa con el acuerdo político, o bien está por encima de él en la medida en que este acuerdo no se logre.
La solución al problema no es pues política, es jurídica y se basa en el derecho internacional al ser una cuestión de descolonización. Sería política si, obviando este elemento, las posiciones de ambos interlocutores fueran coincidentes y se obviara ese elemento fundacional. Según el informe, en estos momentos el proceso de solución está bloqueado por dos motivos, el choque del nacionalismo saharaui con el marroquí, y la rivalidad regional entre Marruecos y Argelia. Bien, sobre la primera cuestión, no es el choque de dos supuestos nacionalismos lo que creó el conflicto, sino la existencia del nacionalismo marroquí con su agregado de expansionismo territorial, creado en la década de los años cuarenta del siglo pasado acompañado de una violación clara del derecho internacional. El nacionalismo saharaui, surge en los años inmediatos a la propuesta de Naciones Unidas para la celebración de un referéndum de autodeterminación en el Sahara Occidental, no espolea éste, pues había sido decidido con antelación. Junto a ello, la opinión consultiva sobre el Sahara Occidental de octubre de 1975 es clara al respecto, al negar la existencia de vínculos soberanos de Marruecos y Mauritania sobre el territorio. Pretender equiparar ambos nacionalismos es un despropósito. La sutil trampa conceptual que pretende extender el informe es obvia pues elimina de un plumazo la opción de un referéndum de autodeterminación basado en el derecho internacional, desechando la posibilidad de considerar este conflicto como un problema de descolonización al atribuirlo al nacionalismo, supuestamente saharaui, además del marroquí.
El segundo pretexto pretende confundir igualmente al lector al considerar esa rivalidad argelo-marroquí como la causante del estancamiento en la búsqueda de una solución. El conflicto no lo creó Argelia sino Marruecos, que es, no lo olvidemos, la potencia ocupante del territorio, contrariando el derecho internacional. La solución depende de Marruecos y su aceptación de ese derecho internacional en materia de descolonización, algo que nada tiene que ver con la rivalidad intra magrebí, que es una cuestión secundaria. Los despropósitos del informe continúan al considerar como un problema la falta de homogeneidad de la población de los campamentos de Tinduf (?), pues según el autor, habría población del Sahel viviendo ahí. Parece que la falta de homogeneidad de la población marroquí no es importante pero sí la existente en los campamentos de refugiados, algo por otra parte, más que discutible o irrelevante. De nuevo este argumento se convierte en la antesala de otra sutil trampa, al entender el autor que en el Sahel hay problemas de grupos terroristas. Así, considera que un hipotético Estado saharaui con poca población y parte de ella proveniente del Sahel, es decir, ‘no homogénea’, sería ‘susceptible de radicalización’.
Finalmente, considera el informe que las resoluciones de la ONU pretenden la realización de un referéndum de autodeterminación, aunque añade que, ese referéndum es visto de forma distinta por una y otra parte, ya que desde Marruecos, se considera que ese referéndum debe realizarse solo para aceptar una autonomía sobre el territorio dentro de Marruecos, como si esta opción fuera legal, legitimando la postura marroquí que, recordemos, es contraria al derecho internacional. Lo cierto es que solo hay una forma de ver el referéndum, que es el establecido en las resoluciones de Naciones Unidas. La nueva trampa conceptual del informe recae en la falsa premisa de que el referéndum propuesto por Marruecos para la autonomía es aceptable, cuando lo cierto es que nada dice ninguna resolución de naciones Unidas al respecto. Como en todo espectáculo, hay una traca final y esta hace referencia a la posición que debería adoptar España que, según el autor, debe ser una ‘posición proactiva’, es decir, favorecer una solución de autogobierno que satisfaga a las dos partes, es decir, en otras palabras, si satisface a las dos partes quiere decir que debe basarse en un acuerdo político, no jurídico, y debe ser de autogobierno, es decir, debe ser el plan de autonomía propuesto por Marruecos, en contra del derecho internacional. Para España, según el informe, la solución al diferendo debe ser política y no jurídica, lo que excluye de iure, una hipotética independencia del territorio del Sahara Occidental y su conformación como Estado independiente al apostar por un régimen de autogobierno en el marco de la soberanía marroquí.
Sin duda el informe, en lo que respecta a esta cuestión es burdo y manipulador y por tanto, conlleva una cierta intencionalidad. Recodemos la posición marroquí sobre este conflicto, que es la del Makhzén. Así, el conflicto no es jurídico sino político y por tanto es necesario un acuerdo político ‘mutuamente aceptable’ por las partes. Segundo, el acuerdo solo es aceptable en el marco de la soberanía marroquí sobre el territorio. Tercero, solo es posible un referéndum para legitimar la postura marroquí que persigue, en cuarto lugar, la creación de una región autónoma dentro de Marruecos, ¿para qué?, para satisfacer la pretensión marroquí de llegar a un acuerdo político sancionado por Naciones Unidas, eso sí, en contra de las resoluciones onusianas sobre el tema, es decir, contra el derecho internacional en materia de descolonización. Por último, la autonomía en el marco de la soberanía marroquí sería lo aceptable para el reino alauita pues un Estado poco poblado sería presa de movimientos terroristas, como los que existen en el Sahel. De hecho Marruecos se esfuerza en demostrar las conexiones del Frente Polisario con el yihadismo en la zona, algo por otra parte descabellado.
La posición del informe tan solo ahonda en estas cuestiones en un intento de defender la posición marroquí que, en principio, según el autor del informe, sería la aceptable para un país como España, pues de hecho, viene apoyando veladamente la solución autonomista desde hace años, algo que contradice el informe en otros apartados, al defender la legalidad internacional como principio base en la actuación del país en el ámbito internacional. Sin duda un cúmulo de despropósitos y un escándalo para un país que, como España, pretende mantener una postura neutral en el conflicto, algo por otra parte absurdo, en la medida en que España sigue siendo potencia administradora del territorio a ojos del derecho internacional y debe defender su aplicación.
La publicación de este infame informe se produce además en un momento de cierta tensión entre el Gobierno francés y la monarquía alauita, que es de facto la que gobierna en Marruecos. Da la impresión de que el objetivo de este apartado del informe persigue limar asperezas entre el Gobierno español y el Makhzén, con vistas a un reposicionamiento del papel de España frente a Marruecos y un fortalecimiento de las relaciones bilaterales. No me gustaría pensar que se hace en un intento por pretender sustituir a Francia como primer socio del reino alauita, lo cual además de estúpido es suicida, en la medida en que la política exterior española en la zona debe ser independiente de la francesa. Los pasos que ha ido dando la diplomacia española en sus relaciones con Marruecos en los últimos años están teniendo unas consecuencias nefastas, en particular en la búsqueda de esa independencia que, en estos momentos, está secuestrada por la clase política española, auténticamente indocumentada en este ámbito, así como la resolución de asuntos exclusivos de nuestro entorno, como es la inmigración irregular. Las pretensiones son irreales y los resultados escasos, pues recordemos, en estos momentos, el Gobierno español ni siquiera es capaz de persuadir a Marruecos para que acoja a cien menores de esta nacionalidad en su país. Y aún hay quien pretende, desde el Palacio de Santa Cruz, tener un papel relevante como interlocutor en el Magreb.
Y es que el éxito de una acción exterior se mide por sus resultados, no por sus planteamientos estratégicos exclusivamente, como algunos pretenden escenificar en sus informes. A ver si alguien se entera de una vez.
