Se nos acercan, a la velocidad del “tiempo”, tres convocatorias electorales durante 2015: el 24 de mayo elecciones municipales y autonómicas (el 27 de septiembre las catalanas y las de Andalucía, tal vez en marzo); y elecciones generales a finales de 2015 ya que la legislatura caduca el 20-N, así pues, las elecciones generales se celebrarán en fecha límite del 20 de enero de 2016,…
…ya que, lógicamente, el Presidente del Gobierno querrá aprovechar el fuerte crecimiento económico que se prevé superior al 2% del PIB durante 2015. Además la cifra de reducción del paro de 477.000 personas en 2014, son el anticipo de la favorable evolución prevista.
Ante tanta convocatoria sería muy importante que los partidos se esforzaran en presentar unos programas de cada campaña que reunieran dos requisitos: uno en cuanto a su presentación y otro respecto a las ideas de fondo. Respecto a la forma, los programas han de ser distintos para cada ámbito electoral, proponiendo objetivos claros, sencillos de comprensión, y con una evaluación económica de cada idea; así los ciudadanos conoceremos “a priori” si cada propuesta va a incrementar el gasto público, lo que nos obligaría a pagar más impuestos o, si, por el contrario, el objetivo anunciado no supondrá incremento, e incluso si pretende reducir el gasto público.
Sabemos por experiencia que los programas electorales se redactan para su incumplimiento y que no tienen el carácter de oferta vinculante, pero, al menos, habrían de permitir a los ciudadanos conocer los objetivos de cada partido para poder comparar las diferentes ofertas en cada una de las elecciones venideras. En todo caso, es lamentable que nuestro régimen electoral no incorpore el menor atisbo de obligatoriedad de las ofertas electorales, lo cual, al final se convierte en un elemento adicional a la falta de prestigio de los partidos políticos y de los integrantes de sus listas cerradas (otro elemento a reformar).
Por otro lado, respecto al fondo, es un elemento elemental que el contenido de los programas electorales se atengan a las demandas de los ciudadanos, sin crear problemas adicionales o hacer supuestos que generen dudas. Los españoles estamos interesados, principalmente, según las encuestas del CIS, en tener trabajo, contar con expectativas económicas ciertas y estar tranquilos con la honradez de los representantes políticos; así quienes quieran aprovecharse de su puesto, y se atrevan a realizar actos delictivos por corrupción, sepan, que si son descubiertos sufrirán las penas del Código Penal; evidentemente, el corolario exige que la Administración de Justicia esté dotada de la fortaleza de su independencia respecto al poder político, que cuente con medios para sentenciar ágilmente y que las resoluciones puedan ser ejecutadas con inmediatez.
Sin embargo, las ideas partidistas que se van anticipando no aluden a estos problemas, sino que oscilan entre la “estabilidad” y “la ruptura” constitucional. El PP ya está aludiendo a la reiterada salida de la crisis económica, y en la llamada a la estabilidad enarbolando el factor temeroso. El PSOE, carente de discurso y de una idea de España, habla de una nueva Constitución federal que no se atreve a redactar, con la intención de que “estén cómodos” los independentistas, sin querer ver que los separatistas no se conformarían con ser miembros de una España federal. Los de Podemos, neocomunistas chavistas, quieren romper todo lo avanzado desde la transición: la Constitución de 1978, el respeto a los valores propios de Europa como las libertades individuales, y, además, por si fuera poco, acabar con la propiedad privada, hacer nacionalizaciones e impagar la deuda pública; en realidad, quieren apoyarse en el descontento para llegar al poder y al presupuesto. Los nacionalistas separatistas desean, exclusivamente, el poder para seguir haciendo uso del presupuesto de las instituciones ocupadas, dividir la sociedad entre los amigos y “los otros” y romper, con deslealtad , la soberanía española. Los nuevos partidos UPD y Ciudadanos presentan propuestas de reformas y, lógicamente, esperan obtener más votos.
Como vemos, tan “constructivistas” de una “sociedad nueva” y “un Estado nuevo” son los populistas como los nacionalistas: buscan diseñar una sociedad nueva y un estado nuevo, cada uno según sus intereses y pensando sólo en sus simpatizantes. Estas ofertas no hablan del paro, ni del cumplimiento de las leyes en un Estado de Derecho, ni de la unidad de España en una Europa fuerte: por ello, sus ideas no son buenas para los españoles, que queremos convivir en una España próspera y democrática.
Así pues, los partidos no rupturistas deben ampliar sus ofertas, para mejorar nuestra democracia, proponiendo avanzar en las reformas pendientes para aumentar las expectativas laborales, reducir el gasto público y el tamaño de las Administraciones Públicas. En efecto, las reformas estructurales realizadas han dado resultados pero, realmente, sólo han sido dos: la reforma laboral, eficaz pero insuficiente y la de las Cajas de Ahorro que financió la Unión Europea a modo de rescate parcial.
CONCLUSIÓN: Las propuestas que van proponiendo los partidos políticos para las sucesivas elecciones de 2015 deberían concretar programas con objetivos claros y evaluados en su coste, para que los ciudadanos podamos conocer si exigen subida de impuestos. Y sobre todo, los programas han de referirse a los problemas reales de los españoles, que son: un proyecto de España unida, creación de oportunidades de empleo, dificultar la corrupción y que el gasto público no exija tantos impuestos a cada contribuyente.
