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El PP dice que la familiar de Mohand sí era socia de la empresa cuando pidió la subvención a Promesa

Partido Popular

Conesa acusó al consejero de Turismo de “mentir descaradamente” cuando dijo no saberlo ya que, al día siguiente de pedir la ayuda de 248.000 euros, la empresa celebró una junta universal de socios para cambiar los estatutos

El PP acusó este lunes al consejero de Turismo, Emprendimiento y Activación Económica, Mohamed Mohamed Mohand, de “mentir descaradamente” cuando dijo no saber si su familiar era aún socia de la empresa que pidió la subvención a la sociedad pública Promesa en el momento de solicitarla.

El vicepresidente segundo de la Asamblea y diputado del PP, Daniel Conesa, rebatió así la versión del consejero, que días atrás informó de que su familiar había vendido las acciones que tenía de dicha empresa, pero dijo no saber si eso fue antes de que pidiera una ayuda pública de 248.000 euros.
Conesa ahondó en los detalles de este asunto al afirmar que dicha subvención fue solicitada a la sociedad pública para montar una clínica de fisioterapia y rehabilitación, actividad que no figuraba en el objeto social de la ayuda solicitada, algo de lo que advirtieron a la empresa en el momento de pedir la ayuda, el 31 de agosto de este año.
Para evitar que le fuera denegada dicha petición, la empresa celebró al día siguiente, el 1 de septiembre, una junta universal de socios para modificar los estatutos y el objeto social, con el fin de incluir el de clínica de rehabilitación y fisioterapia, que era para lo que había pedido los 248.000 euros a Promesa.
El diputado popular recordó que la junta universal es aquella que celebra una sociedad cuando está reunido en 100 % de su capital social, repartido al 50 % entre la familiar directa del consejero de Turismo y una empresa a la que meses antes, el 7 de octubre y el 4 de noviembre de 2020, este le había adjudicado contratos por emergencia.

Adjudicaciones
En concreto, explicó que el 7 de octubre de 2020, Mohamed Mohand adjudicó a dicha empresa, futura socia de su familiar, la compra de un arco de seguridad anticovid por 13.500 euros, un precio “muy elevado” y superior al que se puede encontrar por internet, y el 4 de noviembre, el montaje del laboratorio covid por 495.000 euros.
Conesa insistió en la postura del PP de que existe un evidente sobrecoste en la adjudicación del laboratorio covid, razón por la que los populares han llevado este asunto al Tribunal de Cuentas, que ya ha solicitado documentación a la Ciudad Autónoma, la cual aún no ha abonado la factura al estar paralizada por la Intervención.
El diputado del PP explicó que esta empresa se asoció con la familiar del consejero para la constitución de la sociedad que después pidió la subvención el 1 de marzo de 2021, con un capital de 3.240 euros al 50 % entre los dos socios, que no fue una aportación no dineraria, sino en mobiliario comprado pocos días después de las adjudicaciones por emergencia.

Muebles
Concretamente, detalló que la familiar del consejero y la empresa con la que se asoció para crear la sociedad aportaron para el capital dos mesas y dos sillas cada uno, del mismo modelo y color y comprados en la misma tienda, que emitió facturas correlativas y con fecha 27 de octubre de 2020, cuatro meses antes de la creación de la empresa.
“Si lo hicieron de manera consciente, cuatro meses antes tenían claro que iban a hacer esa aportación. Y si fue casualidad, ahí surgió una especie de flechazo mercantil”, ironizó Conesa antes de poner el acento en otro detalle, y es que ambas facturas llevan unos gastos de 145 euros en transporte y montaje, por lo que se preguntó a qué sitio, dado que no habían creado aún la empresa.
En definitiva, el PP cree que se trata de “hechos objetivos” que les hacen sospechar que se trataba de “un plan perfectamente premeditado” y que “el hedor que esto empieza a desprender es bastante insoportable”.
Así, argumentó que la compra de los muebles que sirvieron como aportación no dineraria para el capital con el que se constituyó la sociedad se produjo 20 días antes de la adjudicación de la compra del arco de seguridad anticovid, y una semana antes de que la empresa presentara un presupuesto de 495.000 euros para el laboratorio covid.
Dicha factura fue presentada de manera electrónica el 12 de noviembre, dos semanas después de la compra de los muebles, un hecho que, junto con el resto, hacen pensar al PP que no se trata de casualidades, sino de una “causalidad, causa-efecto”, que “acrecienta las sospechas de que hay gato encerrado”.
Conesa dejó claro que en el PP no se creen que la familiar del consejero de Turismo “no supiera que se habría presentado una solicitud de subvención a Promesa para montar una clínica de fisioterapia y rehabilitación”, tal y como sostiene el propio Mohamed Mohand.
“Son indicios basados en documentos que nos llevan a afirmar que el consejero mintió descaradamente”, insistió Daniel Conesa, que cree que esto “empeora la ya delicada situación”, en la que, a su juicio, tiene una mayor importancia el hecho de que “la familiar del consejero se asoció con una empresa a la que este está haciendo una serie de adjudicaciones sospechosas”, más que la propia petición de la ayuda a Promesa.
Por todo ello, insistió en que Mohamed Mohand “no puede seguir un minuto más en la vida pública, y menos en un Gobierno gestionando asuntos en los que se invierten fondos públicos”.

Promesa lo abordará el 4 de noviembre
Avanzó que el 4 de noviembre ha sido convocado el Consejo de Administración de Promesa solicitado por el PP para que todos sus miembros conozcan la documentación sobre la solicitud de ayuda, y agradeció la celeridad con la que ha sido atendida esta petición, para la que había un plazo de 60 días.

Reunión con Rojas para informarle

El PP puso todas estas cuestiones en conocimiento de la secretaria general del PSOE y vicepresidenta primera de la Ciudad Autónoma, Gloria Rojas, en una reunión que mantuvieron el pasado viernes en un gesto de “lealtad” por parte de los populares, al entender que debía conocer con antelación esta información “grave y delicada”.
Conesa advirtió a Rojas de que, “si no toma decisiones, será cómplice de las andanzas de su consejero”, algo que también extendió al presidente del Gobierno, Eduardo de Castro, por ser quien nombra y puede cesar a los consejeros.

Los populares dejan este asunto fuera de sus preguntas en el Pleno de Control

El Grupo Popular en la Asamblea ha dejado este asunto fuera de sus 15 preguntas del Pleno de Control al Gobierno que se celebrará este viernes. Según dijo Daniel Conesa, la razón es que prefieren dar a este tema el tratamiento que le están dando hasta el momento.
Los jóvenes extutelados, el contrato de seguridad privada en las instalaciones municipales y la ausencia de casi todos los miembros del Gobierno al centenario de Annual son algunas de las preguntas presentadas.

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Redacción

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