Por José Megías Aznar, [email protected]
Según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas de hace unos días, «Los políticos en general, los partidos y la política» representan el segundo problema para el 45,3% de los españoles, sólo por detrás del paro que alcanza el 60%. De esta manera, “los políticos” se convierten en el problema que más crece para la ciudadanía española.
Si se hiciera una encuesta similar en nuestra Ciudad, creo que el problema aumentaría en grandes dimensiones con los políticos locales. Nada más hay que pasear por las calles y observar el deterioro económico y desesperanza de los melillenses. Nadie cree ya en estos políticos.
La defensa de la democracia y de la buena política no es una cuestión retórica y alejada de los problemas cotidianos de la gente. Es uno de los retos colectivos más urgentes que tenemos que abordar si queremos conjurar el riesgo del ascenso de la extrema derecha y la destrucción de nuestros sistemas de convivencia
La defensa de Melilla tiene que llevar aparejada la defensa de la democracia. Sin caer en el chovinismo creo que Melilla es un lugar que puede ser referente en la defensa de los valores democráticos. Nuestra ubicación geográfica y nuestra historia nos han convertido en un territorio singular, un puente entre dos continentes con una cultura mestiza y plural. Somos una sociedad abierta, tolerante y acogedora, que en ocasiones ha sido pionera en el reconocimiento de la diversidad. Hace tiempo que convivimos con otras comunidades nacionales, integradas desde hace décadas en nuestro espacio público y que han incorporado nuestra españolidad a su propia identidad.
Por eso debemos ser exigentes con nuestros políticos para que defiendan el interés público. El dinero público es de todos, no de ellos, son tan sólo meros administradores y como tal deben actuar. La corrupción no pude ni debe tener cabida en democracia. El corrupto debe ser apartado de la vida pública sin miramientos.
Voy describir un problemas de la clase política melillense. Intentaré ser preciso, aunque los expertos en la materia me acusen de simplificar los hechos. En este artículo es muy difícil hacerlo con un lenguaje que todos comprendan y se aproxime a la realidad.
La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas
Últimamente el gobierno está asumiendo sentencias judiciales sobre cesión ilegal de trabajadores que condenan a la readmisión o la indemnización. La inmensa mayoría de personas que entran por la puerta falsa a la Administración Local o son indemnizados con cantidades extraordinarias, son responsabilidad del gobierno anterior, del PP. El actual tendrá el mismo problema en los próximos años. Se ha abierto la espita del saqueo de los recursos públicos si esto no se para y se hace justicia con los recursos de los ciudadanos.
La metodología empleada es, por ejemplo, el personal de libre designación denuncia que ha hecho trabajos propios de los funcionarios ante la Justicia y nadie competente defiende los intereses de la Ciudad Autónoma. Esta es condenada y ya tenemos el chollo del aprovechamiento indebido. Los políticos actuales no se preocupan por estos hechos y los anteriores que nombraron a este personal de confianza ni son llamados a declarar para que expliquen sus competencias, como si ellos no lo hubiesen nombrado ni ordenado el trabajo. Hay más ejemplos como los que han trabajado en empresas privadas y se colocaban en puestos que no les correspondían.
Otro muy significativo de la arbitrariedad política es cuando los responsables de las áreas de gobierno persiguen a un funcionario porque no les gusta o tiene opiniones divergentes, según ordenamiento jurídico. Se niega a practicar la ilegalidad y le acusan de desobediencia. Dicho funcionario tiene nombre, Juan Requena. Casi una década ha estado luchando por su dignidad y ha ganado todos los juicios por haber. La historia de este funcionario ejemplar ha sido una cacería política y funcionarial.
Pero estos desmanes tienen repercusión en las arcas públicas y nadie exige que quien lo hace lo pague. El pago o retroceso a la hacienda pública esta contemplado en la ley 40/15 en sus artículos 36 y 37, donde viene a decir “Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves.”
Las sentencias judiciales son datos objetivos del incumplimiento de la legalidad administrativa y como dice El artículo 32 LRJSP. Para ello, la indemnización se exigirá a través del procedimiento administrativo correspondiente, que tras la reforma de 2015 ya no será procedimiento especial para exigir la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
En consecuencia se debe abrir un procedimiento administrativo para ejecutar la acción de regreso del daño causado a la administración pública. El órgano competente debería ser el presidente o el Consejo de Gobierno. Este ha tenido conocimiento de todos estos hechos como se recoge en sus actas. Por cierto, en el Consejo de Gobierno además de los políticos están dos altos funcionarios como son el interventor y el secretario del Consejo, que tiene voz y no voto, que yo sepa no han levantado la voz para informar de la gravedad de los hechos.
Desde finales de mayo tienen en el Consejo de Gobierno ( acta del 26 de mayo donde se da traslado a la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, ya no se ha sabido más) denuncia para que se abra expediente de recuperar el dinero de los ciudadanos. Ni políticos ni funcionarios han movido ficha para que se cumpla la Ley 40/15. El Presidente, ausente de la realidad, sor Merengue no quiere saber nada pero es responsable, además del fraude por asumir la cesión ilegal de trabajadores y no convocar las plazas en la oferta de empleo público para que se presente los melillenses opositores, sor Sibilina ( creo que le voy a cambiar el nombre por el de Aisha Kandisha) por ordenar el pago, el secretario del Consejo a verlas venir contemporizando, el interventor más fuera de Melilla que dentro, otros directores generales pendientes de que no les muevan la silla, que ya han cambiado a unos cuantos y quedan otros por ejecutar, mientras que los babas permanecen. Cuando se ostenta un puesto hay que asumirlo con eficacia y no poner sólo el culo en el sillón.
La clase política de Melilla se vilipendia, se denuncia, se odia, se insultan, etc, pero cuando es un tema de dinero se tapan mutuamente sus vergüenzas, cuando tendrían que taparse la cara para su sonrojo.
Desde estas líneas pongo en conocimiento a quien corresponda para que inicie las acciones legales para reembolsar al erario público las indemnizaciones pagadas con dinero de los ciudadanos, que no tienen culpa de nada, pero se les ha sustraído su dinero.
