El Gobierno local sacó ayer adelante el nuevo contrato de gestión del Centro de Menores Infractores, el conocido como Centro de Reforma, cuyo presupuesto será cercano a los 14,2 millones de euros durante los dos años de duración, con posibilidad de prórroga, para 48 plazas. Los dos partidos del Gobierno local, Coalición por Melilla (CPM) y PSOE, además de su presidente, Eduardo de Castro, y el expresidente de Vox, Jesús Delgado, votaron a favor del nuevo contrato, al que PP y Vox votaron en contra.
Este asunto llegó al Pleno de la Asamblea después de que en la comisión saliera adelante por el voto de calidad del presidente tras terminar con un empate de 4 votos a favor (CPM y PSOE) y 4 en contra (PP). Ayer, en la sesión plenaria, la ventaja fue algo más holgada, 13 votos favorables frente a 10 en contra, después de que el PP pidiera sin éxito que el asunto se quedara sobre la mesa.
La aprobación de este punto, el único del orden del día en un pleno tardío que arrancó pasadas las doce y media de la tarde, estuvo marcado por un debate entre CPM y PSOE, en el que ningún otro partido intervino, y donde el presidente de la Cámara tuvo que terciar para reconducirlo tras un encontronazo entre diputados de ambas bancadas. Hasta tal punto, que la consejera del Menor, Cecilia González, sacó en conclusión que “los plenos, hoy en día, no son aptos ni para adultos”.
Supuesta ilegalidad
En el debate, el PP, a través de su diputado Manuel Ángel Quevedo, justificó la imposibilidad de votar a favor de un asunto en el que consideran que se ha dado una actuación supuestamente ilegal por parte del Gobierno local. Así, recordó que el Centro de Reforma está funcionando desde hace 15 meses, desde que terminó la prórroga, sin contrato de gestión, la misma situación en la que se encuentra el centro de menores de La Purísima.
Advirtió de que esta situación derivará en una deuda superior a los 5 millones de euros para las arcas de la Ciudad Autónoma, algo que achacó a la “irresponsabilidad” del Gobierno actual y a su “desastre absoluto de gestión” al “no ser capaces de adjudicar con concurrencia desde que terminan los contratos”, como también ha sucedido con la grúa, la vigilancia privada y el socorrismo.
Dunia Almansouri, que ayer intervino como portavoz de CPM, rebatió a Quevedo recordando los contratiempos que ha tenido este contrato que han ralentizado su tramitación, como por ejemplo, un importante número de recursos debido a la competencia entre las empresas, y el hecho de que la adjudicación quedara desierta, algo que “no es voluntad del Gobierno”.
No obstante, recordó que el servicio se está prestando y lamentó que el PP les acuse de ilegalidades, “de cometer delitos”, cuando eso consta en acta y sin la precaución, siquiera, de anteponer la palabra “presunto”.
Almansouri pidió al PP responsabilidad y congruencia y rechazó que el PP critique el hecho de que se hayan acortado los plazos, cuando es una herramienta prevista por la ley cuando los contratos quedan desiertos y, además, los populares se quejan de que el servicio se está prestando sin contrato, lo que supone “decir blanco o negro a la vez”.
Intervención familiar
La consejera del Menor incidió en los mismos argumentos de su compañera de partido y Gobierno tras dar a conocer algunos de los detalles del contrato, como por ejemplo, la creación de una unidad de intervención familiar para actuar con el entorno familiar de los menores infractores, ya que “en la mayoría de los casos, su actitud tiene que ver con esos entornos familiares de los que proceden”.
“Si no intervenimos con la familia, difícilmente se van a reeducar o reinsertar”, aseveró Cecilia González para poner de relieve estas herramientas que prevé el nuevo pliego para resolver conflictos.
Además, mostró su satisfacción por el hecho de que, a la hora de la adjudicación, vaya a primar el proyecto educativo sobre la oferta económica, y destacó de igual manera el aumento de peso en la baremación a la ampliación del personal.
Quevedo advierte de que hay 21 trabajadores más de los 75 necesarios en la lista de subrogación
La plantilla, precisamente, abarcó el turno de réplicas cuando Quevedo aseguró que el contrato había quedado desierto porque el Gobierno exigía “que se pusiera en la calle a 75 trabajadores” al no ser subrogados, una condición que ninguna empresa quiso aceptar.
Además, habló de “error o engaño” porque en el nuevo contrato, “se obliga a subrogar a 96” trabajadores, es decir, “21 más de los necesarios”, lo que supone un 28% más, y algunos de ellos incorporados pocos días antes de que se confeccionara la lista. Una razón por la que advirtió de “posibles consecuencias” y que llevó al PP a pedir que quedara sobre la mesa el asunto.
Almansouri le contestó diciendo que había quedado “en la mayor de las evidencias”, puesto que en un anexo aclaratorio del expediente está la lista de los 96 empleados, y dijo que no todos están trabajando, pues hay parte que está de baja, otra con permisos retribuidos y otra en excedencia, razón por la que hay otros haciendo la sustitución.
“No hay ninguna ilegalidad, el pliego es conforme a la ley y cuenta con los informes favorables y los trámites necesarios”, dejó claro la portavoz cepemista instando al PP a que “no intente buscar entre líneas a ver qué puede encontrar”.
