Estas condecoraciones se pueden interpretar como una verdadera respuesta de reafirmación de Interior hacia los colectivos sociales que han decidido patalear después de quedar retratados en los tribunales, donde no les han dado la razón A la vista de los acontecimientos, está claro que la decisión de la Justicia de archivar definitivamente la causa que mantenía imputados a ocho guardias civiles por su actuación en la valla no ha sentado bien en el seno de las oenegés y asociaciones que contribuyeron a echar más leña al fuego en los meses de mayor presión migratoria en la frontera de Melilla. Apenas se conoció el sobreseimiento definitivo de la Audiencia Provincial, que acusaba a las asociaciones denunciantes de aportar pruebas manipuladas, como vídeos sesgados, estos colectivos sociales mostraron su rechazo y se dedicaron a criticar el procedimiento que se había seguido. Curiosamente, no mostraron esas dudas hacia la Justicia cuando presentaron sus querellas y fueron admitidas por juzgados de primera instancia.
Las denuncias y querellas no han llegado a ningún puerto, pero durante el tiempo que permanecieron «vivas» en sede judicial, han hecho daño a las familias de los guardias civiles que fueron imputados y a las de aquellos que sin estar imputados, también sufrieron por la incertidumbre. Unas dudas creadas por estas oenegés y asociaciones que, ciertamente, lograron marcarse un buen tanto sometiendo a una pena de telediario nacional e internacional a quienes más responsabilidad tenían entonces sobre la valla: el delegado del Gobierno y los máximos responsables de la Guardia Civil. También a un grupo de agentes que únicamente estaban cumpliendo con su obligación de custodiar la frontera. Podría decirse que era una especie de venganza hacia aquellos que trataban de hacer cumplir la Ley.
Las críticas hacia la Justicia por el archivo de la causa no ha sido suficiente. También han mostrado su repulsa después de que el Ministerio del Interior haya decidido reforzar su respaldo hacia quienes sufrieron más directamente los efectos de aquellas denuncias en forma de condecoraciones. Después de conceder dos condecoraciones en apenas cuatro días hacia los ocho agentes que fueron imputados, y otra a quien estuvo al mando de ellos hasta hace escasos meses, el coronel Ambrosio Martín Villaseñor, el Gobierno central entregó ayer otras dos. Una al delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, y otra a la abogada del Estado que ha defendido de las denuncias de las ONG al propio delegado y a los guardias civiles, Belén Moreno.
Las causas judiciales decayeron en los juzgados por la fuerza de la razón, pero también por el gran trabajo de la abogada del Estado, para quien esta condecoración es también una forma de despedirse a lo grande de un puesto que ha desempeñado con enorme intensidad en los últimos seis años.
Pero sobre todo, estas condecoraciones se pueden interpretar como una verdadera respuesta de reafirmación de Interior hacia los colectivos sociales que han decidido patalear después de quedar retratados en los tribunales, donde no les han dado la razón. También, obviamente, como una muestra de apoyo hacia el delegado del Gobierno, que fue el primero que tuvo que desfilar hacia las Torres V Centenario para declarar ante el juez el 25 de febrero de 2014. Su causa fue también la primera que se archivó, aunque no lo hizo de manera definitiva hasta enero de 2016, dos años después de que la defensa de nuestras fronteras se convirtiera, por parte de unos pocos, en un calvario judicial que no hizo sino incrementar las esperanzas de los inmigrantes y las mafias que trafican con seres humanos, convirtiendo 2014 en el año de la peor crisis migratoria en la valla. Sería conveniente, como ya apuntamos alguna vez en estas líneas, que de esta experiencia salgan medidas para evitar que se vuelva a repetir, porque por denuncias caprichosas que algunos usaron como un juguete y para adquirir fama nacional, toda una ciudad ha sufrido una incertidumbre en sus fronteras que ciertamente no merecía.
