Trece procesados, entre ellos la ex consejera de Bienestar Social, se enfrentan a penas de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo o empleo público. Se les acusa de participar activamente en la comisión de un delito continuado de prevaricación administrativa. El magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla tendrá que resolver si hubo irregularidades en la contratación de cuantro letrados externos a la Administración, que durante trece años prestaron servicios para la Consejería encadenando contratos menores de cuatro y seis meses. ¿Cuál es el origen?
Una denuncia de la Asociación Libre de Abogados (ALA) de Melilla es la que da pie a la investigación que ha desembocado en el procedimiento judicial.
La entidad, personada en el caso como acusación popular, cree que la Consejería de Bienestar Social contrató durante más de una década a los mismos cuatro letrados externos de la Administración sin respetar los principios que exige la ley.
Trece acusados
La que fuera consejera de Bienestar Social entre los años 2003 y 2015, María Antonia Garbín; ocho funcionarios de la misma Consejería; y los cuatro abogados externos están acusados por participar activamente en la comisión del presunto delito continuado de prevaricación administrativa.
ALA Melilla mantiene en solitario la acusación de los letrados.
Fraccionamiento
Las partes acusadoras, Fiscalía y ALA Melilla, ven indicios de que la Consejería de Bienestar Social pudo incurrir en el fraccionamiento de los contratos de los abogados externos.
Entre los cuatro letrados suman un total de 91 contratos menores, de cuatro y seis meses de duración, que se sucedieron a lo largo de trece años.
Conciencia de legalidad
Tanto Garbín como los ocho funcionarios acusados sostienen en sus declaraciones que nunca hubo intención de fraccionar los contratos. Alegan que estaban a la espera de que se ampliara la plantilla de la Consejería con nuevas plazas de juristas.
Hasta que Administraciones Públicas no sacara las plazas, necesitaban seguir contando con los abogados externos. Optaron por la contratación menor porque pensaban que las plazas podían ser aprobadas en cualquier momento, para evitar que se produjera una duplicidad en el gasto.
Los trece acusados defienden que obraron con conciencia de legalidad.
Objeto del contrato
El objeto de los contratos menores realizados a los abogados siempre era el mismo sobre el papel, la prestación de asesoramiento jurídico para la Consejería.
Esto es lo que hace pensar a las partes acusadoras que hubo fraccionamientos de los mismos. No obstante, los procesados justifican que en cada contrato se hacía frente a necesidades distintas.
Los funcionarios argumentan que definian de este modo los contratos para no acotar las tareas de los letrados debido a la imprevisibilidad de los asuntos que surgían continuamente en la Consejería de Bienestar Social.
Reparo de legalidad
Los acusados señalan que el interventor nunca advirtió de que se estuviera obrando en contra de lo que exige la legalidad.
Quien fuera interventor accidental entre diciembre de 2013 y septiembre de 2014 afirma que, aunque el objeto de los contratos fuese el mismo, lo que había que tener en cuenta era la necesidad que había detras.
El testigo apunta que pudo haber “fraccionamiento formal, pero no real”. Asimismo, considera que a quien habría que “tirar de la oreja” es a la Consejería de Administraciones Públicas por no sacar las plazas solicitadas.
Antes de Garbín
Tanto los acusados como el interventor accidental subrayan que los contratos menores a abogados externos a la Administración ya se venían haciendo desde antes de que la ex consejería María Antonia Garbín asumiera la responsabilidad de la Consejería.
Los contratos menores a letrados se remontan al año 98. Esto implica que también se realizaron bajo los mandatos de los consejeros Abdelhamid Mohamed, José Vallés e Isabel Quesada.
No obstante, la Policía Judicial considera que mientras Garbín estaba al frente de la Consejería se terminó de asumir como algo normal la contratación menor de los letrados externos.
Penas solicitadas
El delito continuado de prevaricación administrativa se castiga con la inhabilitación especial para el ejercicio de cargo o empleo público.
Piden para la ex consejera una pena de diez años de inhabilitación. En el caso de los ocho funcionarios, la Fiscalía reclama nueve años de inhabilitación, mientras que ALA Melilla solicita ocho años y seis meses para cuatro de ellos, y nueve años de inhabilitación para los otros cuatro empleados públicos.
La acusación popular pide en solitario para cada uno de los abogados la pena de cuatro años de inhabilitación.
