El diario digital El Confidencial recoge testimonios de los refugiados que firmaron para protestar contra un trabajador del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) acusado de acoso sexual y que aseguran haber recibido chantajes por parte de otros trabajadores y miembros de la organización Cruz Roja para que firmaran a favor de la vuelta del presunto empleado del CETI que presuntamente "tocaba los genitales a refugiados sirios". Dicho diario también indica que el trabajador volvió en alguna ocasión al centro con el fin supuestamente de recoger documentación para su defensa, aunque señala que fue para seguir recabando apoyos a su favor. El trabajador del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla suspendido de empleo y sueldo en noviembre por presuntos abusos sexuales y malos tratos siguió entrando en el centro después de su expulsión con el consentimiento de directivos.
Según publicó ayer El Confidencial, convocó individualmente a los refugiados en el despacho de la coordinadora de Cruz Roja para coaccionarles a que firmaran un escrito a su favor y, a cambio, les ofreció ayuda para llegar rápidamente a la Península, según trabajadores del propio CETI.
"Me han obligado a firmar un papel que dice que Gustavo es bueno y que me van a ayudar a salir de aquí", asegura una refugiada argelina a la salida del despacho de la coordinadora de Cruz Roja en el CETI. Allí se habían reunido el presunto acosador, una enfermera y una traductora de Cruz Roja, y un residente palestino, poco después de recibir las denuncias de acoso sexual de dos internos y las quejas por maltrato de casi 80 refugiados.
Vuelta al CETI
Según el diario digital, el trabajador expedientado entró al CETI con la excusa de entregar documentación y permaneció toda una tarde. En el despacho de la coordinadora de Cruz Roja, terminó lo que días antes había empezado un grupo de trabajadores, la recopilación de firmas de residentes en el centro para intentar revocar su suspensión por intento de abusos sexuales y malos tratos. Les acompañó un interno palestino que también tuvo acceso a la base de datos y ayudó a elaborar la lista de denunciantes, que fueron llamados uno por uno por megafonía al despacho para instarles a que firmasen un papel en apoyo al denunciado. A cambio, se "agilizaría la salida". Incluso se les amenazó con que "si seguían hacia adelante con la denuncia, el juicio les retrasaría la salida a la Península tres o cuatro años".
Varios trabajadores denunciaron los hechos al director, Carlos Montero, que no se encontraba en el centro aquella tarde, pero que se comprometió a informar al Ministerio de Empleo, aunque "la entrada del acusado no era legal ni ilegal".
Sin embargo, fuentes del ministerio aseguraron que "esta persona accedió exclusivamente a las oficinas y no a la zona donde viven los residentes ni a las zonas comunes (comedor, aulas, etcétera), a efectos exclusivos de recoger la documentación a la que tiene derecho para defenderse en el marco del proceso disciplinario iniciado en su contra, y estando en todo momento acompañado por personal del CETI".
Por su parte, el traductor palestino, que trabajaba habitualmente con el acusado, declaró en su comparecencia ante los inspectores del ministerio que "hubo muchos movimientos cuando estuvo la inspección de servicios anterior -refiriéndose a la primera investigación de la Subsecretaría de Empleo, entre el 19 y 23 de octubre-. La traductora de la Cruz Roja, que es muy amiga suya, tenía los nombres de los firmantes de la denuncia colectiva, poniéndose en contacto con ellos con objeto de que cambiaran su testimonio". Así aseguran que dicha campaña a favor del expedientado comenzó en el centro días antes de que el presunto maltratador se encontrara de nuevo con los refugiados, entre las dos investigaciones de la Inspección General de Servicios.
