La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) presentó ayer la Propuesta sobre Inmigración que plantea para la impermeabilización fronteriza de Ceuta y Melilla, dado que el rechazo en frontera, que entró en vigor en 2015 con la Ley de Seguridad Ciudadana, ha producido una “situación de enroque y crispación”. Ello ha dado lugar a una “criminalización” de los guardias civiles que protegen las fronteras de ambas ciudades frente a la inmigración irregular. La propuesta de APROGC se basa en pedir que se aplique, entre otras medidas, el Acuerdo de Readmisión entre España y Marruecos.
El delegado de APROGC en Melilla, Guillermo Prada, explicó que la figura del rechazo en frontera “está siendo ampliamente cuestionada por partidos políticos y ONG”, al tiempo que “los guardias civiles están siendo cuestionados por ser los encargados de su aplicación” y los intentos de salto a la valla “se han tornado más violentos” porque “obliga a los inmigrantes a superar los elementos de contención a toda costa”.
Por ello, esta asociación se ha marcado como objetivo que los guardias civiles de Melilla y Ceuta “dejen de ser criminalizados” mediante una Propuesta sobre Inmigración, que hoy será sometida a debate en unas jornadas formativas organizadas por APROGC, y en la que recomienda la firma de un Paco de Estado en Inmigración.
También incluye esta propuesta la aplicación del Acuerdo de Readmisión que firmaron España y Marruecos en 1992 a los extranjeros de terceros países interceptados en Ceuta y Melilla, así como la incorporación a este acuerdo de un “Procedimiento Acelerado de Readmisión”, tal y como recomendó el Consejo de Europa en 1995.
Según APROGC, con esta propuesta se daría satisfacción a “las históricas reivindicaciones” de las ONG, se daría un punto de encuentro a los políticos, se evitaría la criminalización de los guardias civiles y permitiría que los inmigrantes interceptados recibiesen asistencia médica, letrada “y tratamiento de asilo, si fuera el caso”.
Para ello, apunta la necesidad de que se convoque el Comité Mixto Hispano-Marroquí, constituido por los ministros del Interior de ambos países, para incorporar al Acuerdo de Readmisión una serie de disposiciones encaminadas a la “simplificación” de la entrega de los inmigrantes, pudiendo ser comunicada incluso de manera verbal, y en un plazo inferior a 48 horas.
Además, propone que se incorpore al acuerdo la figura del “Oficial de Enlace” español y marroquí, que se encargarían de verificar el cumplimiento de la norma hasta que finalicen los trámites.
Debate
Esta cuestión fue debatida ayer en la jornada de APROGC, a la que asistieron representantes de PP y PSOE, así como el consejero de Seguridad Ciudadana, Isidoro González, el comandante general, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, y miembros del poder judicial, entre ellos la Fiscal de Área y el fiscal de la Sala de Extranjería de Madrid, Luis Lafont.
La sentencia del TEDH da “un toque de atención” al Gobierno central
El delegado de APROGC en Melilla, Guillermo Prada, señaló que la urgencia por llevar a cabo estas medidas “viene de hace años” y no se debe a la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España por la devolución de dos inmigrantes que intentaron saltar la valla de Melilla.
No obstante, admitió que esta sentencia “da un toque de atención muy importante al Gobierno para que adecue las herramientas legales de las que disponen los guardias civiles para luchar contra la inmigración irregular”.
