Miembros de la abogacía melillense se han dado cita ante las puertas de las Torres V Centenario, a la misma hora que el resto de Colegios de Abogados de España, para reclamar un acuerdo que reactive “de forma inmediata” el servicio público de Justicia; así como las medidas urgentes para resolver los “inadmisibles retrasos ya acumulados”, bajo el lema “por un Pacto de Estado en Justicia”.
Blas Jesús Imbroda, decano del ICA Melilla, ha explicado a los medios que la Justicia de por sí ya tiene dilaciones continuas por los procedimientos, a las que hay que sumar las tensiones por las huelgas, que hacen que en seis meses desde que comenzara el año, haya funcionado prácticamente dos al estar paralizado desde hace cuatro, “algo absolutamente insostenible en algo tan esencial como la Justicia, que es un derecho fundamental; sin cumplimiento efectivo de los servicios mínimos y sin visos de solución”, añade.
Tras cuatro meses consecutivos de huelgas, se siguen suspendiendo continuamente decenas de miles de vistas, en la mayoría de los casos, sin previo aviso, dejando miles de notificaciones sin tramitar, una cuenta de consignaciones y depósitos judiciales paralizada y señalamientos fijados ya para fechas tan “irrazonables” como el año 2027.
Los abogados consideran “descorazonador” que los ciudadanos y profesionales de la Justicia tengan que concentrarse ante las sedes judiciales para recordar a los poderes públicos algo tan evidente como que la tutela judicial efectiva es fundamental para el normal funcionamiento del Estado de Derecho y, por tanto, la propia vida en sociedad, dado que tiene por función resolver los conflictos, dotando así de seguridad y confianza a la ciudadanía.
Reclaman un Pacto de Estado tras las elecciones generales del 23 de julio, que permita crear un servicio público, efectivo y de calidad, durante la próxima legislatura, asegurando que llevan décadas reclamando una reforma profunda y duradera de la Justicia, para convertirla en un servicio público equivalente a la Sanidad o la Educación.
Solicitan además, la creación de mecanismos reales de coordinación regular entre las instituciones y administraciones con competencias en materia judicial, asegurando la participación efectiva de los profesionales que intervienen en ella, así como de la ciudadanía; recursos materiales y personales; racionalización de los métodos de trabajo de la Administración de Justicia, revisando su organización territorial y funcional, mediante una transformación estructural que, implantando tribunales de instancia, supere el marco actual, cuya excesiva rigidez impide el aprovechamiento de los recursos, con respeto a los principios de especialidad, eficiencia, eficacia, racionalidad, flexibilidad y proximidad al ciudadano; la mejora sustancial de la ejecución de las resoluciones judiciales en todos los órdenes jurisdiccionales; la implantación en todo el territorio nacional del expediente judicial electrónico; la revisión del marco legal del sistema de acceso universal a la Justicia, para que la asistencia jurídica gratuita garantice estrictamente a la ciudadanía que carece de recursos económicos un servicio de calidad; la conciliación de la vida personal y profesional; la aprobación de una Ley Orgánica de Derecho de Defensa para cerrar el círculo de garantías constitucionales de la tutela judicial efectiva, así como de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal; el impulso decidido y eficaz de mecanismos adecuados de solución de conflictos, fomentando la cultura del acuerdo y la revisión del sistema legal de recursos, armonizando en lo posible los trámites y requisitos en todos los órdenes jurisdiccionales y generalizando la segunda instancia como garantía efectiva de los derechos y libertades de la ciudadanía; así como la revisión de los procedimientos tendente a la uniformidad, simplificación y antiformalismo, reconsiderando asimismo el criterio de condena en costas, para que el principio del vencimiento no limite el acceso a la tutela judicial efectiva, tendiendo a que se imponga a quien litiga con mala fe o temeridad.
En lo que respecta al ámbito de la Justicia gratuita, Blas Jesús Imbroda ha hecho énfasis en la importancia de dignificar, “porque son ridículas”, las indemnizaciones en los baremos del Turno de Oficio, “que no se revisan”; además de la equiparación salarial de los abogados melillenses, a sus colegas en otras comunidades que tienen transferidas las competencias en materia de Justicia.
