Y por qué no. Si de niño hacía por el pasillo de avión, eso sí, de caza. Y lo pasaba bomba, las películas que me montaba; primero fui un Messerschmitt 109, luego un Foker Wul, pasé al Messerschmitt 262 y terminé siendo un Tunderjet(guerra de Corea); en fin, que nací en guerra y viví la "lava" de la II G. Mundial. Todo aquello me hizo pensar en Monturiol (creador del submarino) y en el autogiro (La Cierva). Hoy ya mayorcete, quiero un dron, pero se ríen de mí cuando lo digo… ¿para qué lo quieres? Me preguntan; lo quiero para vigilancia forestal y poder anular a los incendiarios antes de que se aviven las llamas, ¿eres bombero? No, soy un ciudadano cabreado por culpa de incendiarios, me es lo mismo que sean pirómanos forestales o políticos, separatas o evasores, traficantes de seres o de drogas, la cuestión es vigilar y no por cierto al estilo del 016, sino con el estilo de la prisión permanente y me es lo mismo sea revisable o no, pues estamos viviendo un continuo horror y descomposición moral con crímenes como los vividos este año 2017 incluidos los parricidios, sin olvidarnos de Alcasser.
Un incendio político es la propuesta del PNV de quitar de la citada Ley de Seguridad Ciudadana tal pena, avalado por Bildu, Podemos, Compromis y ¡Sorpresa! Por el PSOE, con la abstención y lavado de manos de Ciudadanos ¿?. Hemos de tener en cuenta que la pena permanente es contra todo lo vinculado con delitos graves, tal como los crímenes con atentado a la libertad sexual o los genocidios y que está dirigida, además, a presos con una reinserción muy complicada y demostrada a lo largo de los años, pero además es contra los atentados y actos TERRORISTAS (ejemplo el terror yihadista). Quizá por este último punto es por el que el partido nacionalista vasco PNV y Bildu, así como un "por si acaso" lo pide (la derogación) Compromis catalanista-separata y Podemos. Todo ello sin tener en cuenta la voluntad mayoritaria de la ciudadanía de toda España. La prisión permanente revisable es la máxima pena privativa de libertad del Código Penal español. Fue aprobada en el Congreso de los Diputados el 26 de marzo de 2015, como parte de la Ley de Seguridad Ciudadana.
