Concentación Fijeza
El 11 de noviembre, se hizo público el acuerdo entre el Gobierno del PSOE-Unidas Podemos y los grupos parlamentarios de ERC y PNV para proceder a estabilizar en el empleo al personal interino de la Administración que lleva desde 2016 (más de 5 años) ocupando el mismo puesto de trabajo.
Según el sindicato, tras el paso del revuelo inicial, “con la calma que el asunto requiere y a la espera de ver toda la letra pequeña”, cabe hacer algunas consideraciones sobre este acuerdo, que excluye temporalmente a los sectores de Educación y Sanidad, que dispondrán de un año para negociar la adaptación del mismo a las condiciones específicas de su ámbito; resultándole “indiscutible” estar ante una “medida insuficiente”, ya que, a falta de profundizar en el análisis y de ver cómo queda la redacción final del Real Decreto, “no da solución a todo el personal sometido a abuso de contratación”, señalan.
SATE_STEs puntualiza a este respecto que “incumple la normativa europea, que define el abuso de temporalidad a partir de 3 años y no garantiza la inclusión de todas las vacantes que son de hecho estructurales, pero que el Ministerio se resiste a incluir en las plantillas”.
Consideran que esta propuesta no es la solución por la que vienen trabajando desde hace tiempo, aunque creen que supone un cambio importante, que cuestiona el dogma oficial defendido por los sindicatos mayoritarios hasta ahora de que la única vía de acceso a la función pública es la oposición y el concurso-oposición.
Como sindicato, manifiestan haber explorado dos vías: por un lado, “la judicial a través de otros sindicatos de la Confederación de STEs, que no ofreció resultados satisfactorios en su momento, pero que sigue abierta y en estudio –con el escepticismo que genera en nuestros servicios jurídicos- teniendo en cuenta las novedades jurídicas”; y por otro lado, “la vía del contacto y conversaciones con diferentes grupos parlamentarios para forzar el cambio legislativo, la solución política, por la que nos hemos movilizado a todos los niveles”.
Aseguran que seguirán insistiendo en que lo que piden “es lo más justo y sencillo, como trasladar al sector público lo que es de obligado cumplimiento en el privado en materia de contratación, mediante medidas de corte político –como ésta que nos ocupa- sin necesidad de abocar a los afectados a un calvario jurídico de incierto resultado, y acabar con el abuso de temporalidad de personas que, no lo olvidemos, accedieron a sus puestos cumpliendo con los requisitos constitucionales de capacidad, mérito y publicidad”, apostillan.
