El Ejecutivo de Imbroda rechaza las informaciones que atribuyen a la UDEF indicios de prevaricación y malversación y defiende que todo el expediente se tramitó con “absoluta corrección” y conforme a la legalidad.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla ha rechazado de forma tajante las informaciones publicadas este martes por un medio de comunicación nacional en las que se asegura que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional aprecia indicios de prevaricación y malversación en las actuaciones administrativas relacionadas con la construcción de un centro comercial en la ciudad.
A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo que preside Juan José Imbroda ha desmentido “con absoluta rotundidad” dichas afirmaciones y ha cuestionado el contenido del informe policial en el que se sustentan las informaciones difundidas.
Según el Gobierno melillense, el documento “no se corresponde con la realidad administrativa ni con los hechos efectivamente acontecidos”, además de carecer del “más mínimo rigor técnico y jurídico”. Asimismo, sostiene que habría sido elaborado sin recabar información de los órganos administrativos responsables de la tramitación de los expedientes a los que presuntamente hace referencia.
La Ciudad Autónoma defiende que una simple revisión de la documentación administrativa permitiría comprobar que la tramitación del proyecto se desarrolló con plena corrección, contando con los correspondientes informes técnicos y jurídicos y respetando en todo momento el ordenamiento legal vigente.
En su respuesta, el Ejecutivo también subraya que fue la propia Administración local la que puso en conocimiento de la Fiscalía determinadas incidencias relacionadas con algunos locales comerciales que no habrían cumplido con sus obligaciones de autodeclaración del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI). Según sostiene, esta actuación demuestra que la Ciudad actuó con diligencia, transparencia y en defensa del interés público.
El Gobierno considera especialmente grave que se estén difundiendo acusaciones de gran trascendencia pública contra responsables políticos y funcionarios basándose en un documento que, según afirma, no ha sido trasladado formalmente a las personas mencionadas ni ha dado lugar hasta el momento a actuación judicial alguna.
Por ello, rechaza de manera categórica cualquier insinuación de conducta irregular por parte de quienes participaron en la tramitación del expediente y sostiene que las acusaciones difundidas son “infundadas” y perjudican la honorabilidad tanto de las instituciones melillenses como de los empleados públicos implicados.
Ante esta situación, la Ciudad Autónoma ha anunciado que ejercerá todas las acciones legales que considere oportunas contra los autores, responsables y partícipes de la elaboración, filtración y difusión de estas informaciones, así como contra quienes atribuyan o reproduzcan imputaciones delictivas que considera carentes de fundamento.
“No vamos a permitir que la mentira, la manipulación o la utilización interesada de informaciones falsas erosionen la credibilidad de las instituciones de Melilla ni manchen el nombre de quienes han actuado siempre dentro de la más estricta legalidad”, señala el comunicado.
Finalmente, el Gobierno de Melilla ha reiterado su compromiso con la transparencia, la legalidad y la correcta gestión de los recursos públicos, principios que, asegura, han guiado toda su actuación y seguirán marcando la gestión de la Administración autonómica.
