Gürtel, Púnica, Taula, Noos, Brugal, Barcenas… la lista no se acaba. Los casos de corrupción del PP se extienden alcanzando cada rincón del partido, desde la dirección nacional hasta concejales, diputados autonómicos, alcaldes y alcaldesas, presidentas regionales, tesoreros, gerentes. Pero esta implosión purulenta es algo más.
Refleja la crisis política del PP su deslegitimación social, y el agotamiento de un régimen que se ha estrellado contra la movilización de millones. La reacción de una población harta de mangoneo, impunidad, y dispuesta a no dejarse engañar, ha hecho saltar el entramado.
La corrupción se ha cebado con el PP en los meses transcurridos desde la celebración de elecciones generales hasta el punto de disolver los partidos de Madrid y Valencia y cercenar las ya exiguas posibilidades de un presidente que no ha sabido o querido acabar con el mayor de sus problemas. La renovación a medias no ha hecho más que evidenciar la adherencia de los viejos dirigentes a unos privilegios con fecha de caducidad y la necesidad de refundar una formación que, como ocurre en la izquierda, corre el peligro de perder su hegemonía en el espacio de centroderecha. Ese es el temor de militantes y cargos populares, que ya no miran la repetición de elecciones como una oportunidad y tienen la vista puesta en los congresos que vienen.
La corrupción no es una cuestión de manzanas podridas y de casos individuales, sino un elemento consustancial al normal funcionamiento del capitalismo. La crisis económica y la movilización social han permitido aflorar los casos más sangrantes, no solo aquí sino en muchos otros países. Pero la corrupción “ilegal” es mucho más pequeña que la corrupción “legal”, es decir, la que proviene del funcionamiento habitual del sistema que a través de reformas laborales, leyes que recortan el gasto social, o privatizaciones aprobadas en los parlamentos, permiten trasvasar billones de euros de los bolsillos de los trabajadores a las cuentas de resultados de las grandes empresas y bancos. Combatir la corrupción, en todas su formas, requiere romper con el capitalismo.
En la Comunidad de Madrid los casos no paran de multiplicarse. El último el del Canal de Isabel II, donde la corrupción ya apunta al anterior Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, mano derecha de Aguirre tras el relevo de Granados (encarcelado desde hace casi dos años). La trama Púnica, el saqueo de Bankia, la Ciudad de la Justicia, todo un entramado de negocios al más puro estilo de la mafia calabresa. Y el aparato de propaganda, Telemadrid, hundida para beneficio de los periodistas del poder, como Herman Terstch o Sánchez Dragó, liberales como Aguirre y críticos del sector público, pero que no dudaron en lucrarse de la cadena pública mientras se acordaba un ERE para sus 800 trabajadores.
Bastantes voces del PP se han levantado ya a favor de “limpiar la casa caiga quien caiga”; pero eso es mucho más fácil de decir que de hacer. Son muchos años disfrutando de un gran poder, de ingresos multimillonarios obtenidos a golpe de chanchullo, para que se abandonen estos métodos sin resistencia. Como en la mafia, todos están implicados, y todos deben obediencia de silencio y lealtad so pena de ser arrastrados. Negocios, mansiones, vacaciones de ensueño, cuentas en Suiza, coches de primera, prestigio social…es el pegamento que les une. Al fin y al cabo ¿no es eso es el capitalismo? Pero la lucha de clases suele deparar cambios bruscos y repentinos. En un momento determinado, las masas dicen: ¡Hasta aquí hemos llegado!, y lo que ayer pasaba como algo normal para la fiscalía y los jueces, hoy ya no lo es tanto por que de alguna manera hay que calmar el descontento social. El borrón y cuenta nueva, del que se habla con insistencia, pasa por una refundación a fondo, pero el problema es calcular hasta dónde debe de llegar y, sobre todo, por encontrar refundadores. Y la búsqueda va a tener su dificultad.
