Un grupo de opositores a la Policía Local exige que se recurra a expertos para que revisen el examen de ortografía que se les realizó porque afirman que se elaboró por personas que no contaban con la cualificación suficiente y que así, entienden, quedó demostrado cuando en el desarrollo de la prueba se les dijo que "las reglas de las mayúsculas y puntos finales no contaban", con lo que "se va en contra de las reglas de la RAE". Además se quejan de lo farragoso que resulta el proceso de impugnación por las cortapisas que entienden ponen a los que quieren recurrir. Exponen los afectados que por primera vez en las oposiciones a la Policía Local de Melilla se ha incluido la prueba de ortografía, una materia eliminada "en el último examen de policía nacional en la escala básica por su complejidad aunque fue elaborada por técnicos especialistas". En Melilla, esta prueba fue elaborada por "miembros del tribunal de oposición que carecen de la preparación técnica adecuada para dar una respuesta acertada a las impugnaciones que se han presentado sobre una materia compleja".
Ortografía
Explican que en la propia convocatoria de la oposición y en el manual de instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales "se prevé la posibilidad de acudir a técnicos que permitan solventar las dudas que puedan plantearse, cosa que no se ha hecho". Como dato curioso, "antes del inicio de la prueba de ortografía el presidente del tribunal nos indicó a todos los opositores que las reglas de mayúsculas y puntos finales no cuentan", por lo que se preguntan "cómo se pueden permitir eliminar determinadas reglas que vienen recogidas en la RAE por propia decisión".
A los que suspendieron el examen se les dieron 48 horas para presentar alegaciones. Tras la revisión, "aprobó un opositor suspenso y suspendieron seis que estaban aprobados". Se concedió un nuevo plazo de alegaciones de 48 horas pero "sólo se admite como afectados a los opositores que se encontraban aptos desde el principio, pero no a los que seguimos afectados".
Explican que no tuvieron conocimiento de las impugnaciones presentadas el 14 de julio hasta el 17 de agosto, "incumpliendo el plazo de 30 días naturales establecido en el manual de instrucciones de funcionamiento y actuación de los tribunales de selección". Pero la sorpresa fue comprobar que sólo se estimaban las preguntas que fueron impugnadas en el primer plazo y no en el segundo, por lo que se veían afectada cuatro preguntas y no el resto.
Se preguntan por qué, dado que se beneficia a unos opositores sobre el resto: "Por qué no puede impugnar un opositor que estaba suspenso inicialmente y tras las impugnaciones está en mejor situación y más cerca de aprobar", preguntan. Señalan que este criterio es algo que no viene recogido en las bases de la oposición y se quejan de que en las impugnaciones no se admitan documentos sobre consultas realizadas a la RAE (Real Academia de la Lengua).
Acortar el proceso
Asegura uno de los opositores que se entrevistaron "con miembros del tribunal para mostrarle nuestra inquietud ante algo tan evidente y su respuesta fue que modificar o aceptar el error en algunas de las preguntas formuladas supondría sacar de la lista a opositores que están declarados aptos y que esta oposición nunca acabaría. Le hicimos llegar la injusticia que supondría dejar fuera a opositores que deberían estar aptos si se atendieran sus impugnaciones con arreglo a la legalidad vigente", pero no hubo cambios.
Por todo ello, "solicitamos que se revise el examen por técnicos en la materia y en consecuencia corregir o anular aquellas preguntas que estén mal y si fuese necesario anular la prueba en su totalidad", demandan.
