“Una ópera, o una Operación Ópera, que empezó en el año 2009, o sea, hace ya casi cinco años, y va -desde el pasado miércoles- por la tercera entrega, sin que se sepa ni se prevea la fecha de su finalización ni el desenlace de la trama, es una Operación, o una Ópera, o una Operación Ópera, no me lo negarán ustedes, queridos lectores, que resulta ya muy, muy pesada, bastante insoportable y muy dañina para la imagen de Melilla, que ya está bastante dañada, dicho sea de paso, con todo lo de la imparable e imparada inmigración” No sé muy bien, ni lo saben los melillenses, ni lo comprende el resto de los españoles, si la Operación Ópera es una operación, como se dice oficial y judicialmente -es lo único que se dice y se dice de una manera harto poco concreta- para "demostrar posibles fraudes de ley en materia de contratación pública y posibles conciertos previos entre cargos públicos y/o funcionarios de la Ciudad Autónoma con determinados empresarios de Melilla" o es más bien una especie de ópera, de representación pública algo pesada y ya demasiado larga, porque una ópera, o una Operación Ópera, que empezó en el año 2009, o sea, hace ya casi cinco años, y va -desde el pasado miércoles- por la tercera entrega, sin que se sepa ni se prevea la fecha de su finalización ni el desenlace de la trama, es una Operación, o una Ópera, o una Operación Ópera, no me lo negarán ustedes, queridos lectores, que resulta ya muy, muy pesada, bastante insoportable y muy dañina para la imagen de Melilla, que ya está bastante dañada, dicho sea de paso, con todo lo de la imparable e imparada inmigración.
Una Justicia lenta no es justicia. Es una afirmación en la que todo el mundo, al menos todo el mundo al que yo conozco, coincide, como coincide en que en España la Justicia no es que sea lenta, es que es lentísima, desesperantemente lenta, injustamente lenta. Si a la lentitud le añadimos la opacidad, revestida de secreto del sumario, entonces nos aproximamos a lo que George Orwell inmortalizó en su más famosa novela, "1984", con una ubicua policía del Pensamiento y en una sociedad profundamente represora que lleva a procesos en los que los procesados no saben ni llegan a saber jamás por qué se les acusa.
Si, además, se pretende hacer justicia no sólo con exasperante lentitud sino con notoria publicidad pública -más de cincuenta agentes de un cuerpo especial de la Guardia Civil desplazados desde Madrid a Melilla e irrumpiendo en organismos públicos, en oficinas privadas y en domicilios particulares no es precisamente algo discreto- se corre el riesgo de que, como ha sucedido ya en gran parte de la prensa nacional, se condene públicamente a personas, políticos o no, que todavía, casi cinco años más tarde, no saben de qué se les acusa, algo muy propio de lo que se ha venido a llamar una sociedad orweliana, pero muy impropio de una sociedad desarrollada y democrática en la que la presunción de inocencia de los ciudadanos es, o debería ser, un principio básico.
No culpo enteramente a los jueces de la insoportable lentitud de la Justicia. Ya sé que les faltan medios, porque no les suministran los necesarios. Ya sé también que la mayoría de los españoles están, estamos, hartos de la corrupción y que, como dice Fernando Trías de Bes en el último de sus libros, "El gran cambio", "Se ha agotado un modelo social, político, industrial y económico" y se ha llegado a un "fraude oficial de la representación parlamentaria y la democracia como forma de gobierno, dando pie a una "neglitocracia" (negligencia burocrática) generalizada en Europa y EEUU" y dentro de Europa muy especialmente en España. Y también soy consciente, coincido con Fernando, de que "el estilo directivo de la inoperancia y la negligencia perpetúan a los hábiles y mediocres en los puestos de poder… La nueva clase dirigente se dedica a gobernar entendiendo como tal la administración del poder y no de lo público, que es lo que debería ser… La situación recuerda tanto a la gobernanza de la última fase del Imperio Romano que produce escalofríos". Pero una cosa es ser negligente -aunque eso sea muy malo y tenga efectos muy nocivos- y otra es ser corrupto.
Porque para que alguien sea legalmente considerado como corrupto hay que probar que se ha sido corrupto y, en sentido contrario, no se puede hacer recaer la sospecha pública de corrupción sobre aquellos que ni han sido declarados culpables de nada ni han podido defenderse, porque ni siquiera saben de qué se les acusa.
Quiero dejar muy claro que no sé si ha habido corrupción en el caso de la adjudicación pública de contratos menores a ciertos empresarios melillenses. Creo que, básicamente y quizás con alguna excepción, puede haber habido errores, pero no una corrupción generalizada e institucionalizada, como insisten en proclamar algunos miembros de la oposición política local, intentando pescar en aguas turbulentas que, como es habitual y notorio, ellos mismos han agitado. Y quiero dejar también muy claro que, de haber habido corrupción y haberse demostrado la culpabilidad de quien o quienes sean, creo que deberían ser castigados como se merecen y, por supuesto, apartados de la vida pública si a ella se dedicaran. Pero también creo que ya está bien, que ya ha pasado demasiado tiempo haciendo ruido y daño a personas, a instituciones y a los ciudadanos de Melilla, a personas que, en general y muy probablemente, son inocentes.
Y creo también que a tipos a los que tenía cariño, como Emilio Bosh, el antes famoso "piticlín" de la etapa de gobernanza absoluta socialista, que a tipos que intentan lograr una notoriedad que no se merecen, porque no han hecho nada digno para merecerla, no se les debería aplaudir que, autoconvertidos ahora en grandes ideólogos políticos de la nada, insistan en agitar aguas revueltas para perseguir fantasmas que ellos mismos crean y que a veces (cuidado, Delegación del Gobierno en Melilla) ciertas instituciones públicas permiten y, así, alientan.
Posdata. Una petición a la jueza , María José Alcázar, encargada de toda esta larga investigación judicial. Ya que uno de los sitios a los que ha enviado a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil es a la Consejería de Seguridad Ciudadana, ¿podría investigar, ya que el consejero del Área ha sido incapaz de hacerlo, si ha sido el policía local Salvador Miralles, mentiroso en vía judicial y en otras vías, el que filtró información privada desde la Policía Local a ciertos individuos habitualmente dedicados a enfangar las aguas ciudadanas? En aras de la limpieza de la vida ciudadana y de la evitación de abusos, se lo agradecería mucho.
