Las pruebas de ADN que se realizan desde 2012 a menores y bebés que acceden a Melilla en pateras o con adultos extranjeros que dicen ser sus padres, han confirmado en un 95% el parentesco entre los pequeños y los adultos que les acompañan, pero también han demostrado que en ocho ocasiones, los menores fueron utilizados por desconocidos que buscaban de esta forma permanecer en España. Así lo demuestran los datos facilitados a Bienestar Social por el laboratorio de la UGR encargado de estos estudios genéticos. El 27 de febrero de 2013 la Consejería de Bienestar Social firmaba un acuerdo con la Universidad de Granada para el desarrollo del programa DNA-Prokids Melilla, con la finalidad de dar cumplimiento al dictamen de febrero de 2012 de la Fiscalía General del Estado a la hora de establecer el tratamiento a dar a los menores extranjeros no acompañados que arribaran a territorio nacional sin que se pudiera acreditar la filiación, es decir, sin que existieran documentos que reconocieran quiénes eran sus padres.
Desde 2012 y hasta mediados de este 2016, se han llevado a cabo 155 pruebas de ADN a bebés que accedieron a la ciudad con adultos que decían ser sus padres o familiares. La falta de documentación que así lo acreditase y buscando siempre, como marca la legislación "el bien superior del menor", obligan a estas pruebas genéticas que han demostrado, en un 95%, que efectivamente, existía parentesco. Pero en ocho casos se confirmó que el adulto en cuestión, no era padre o madre del niño que llevaba. Los niños quedaron bajo la protección de Bienestar Social. La cifra, que supone el 5% del total de los análisis, por baja, no oculta una situación de trata que, gracias a estas pruebas, han descendido hasta casi desaparecer: la utilización de niños como recurso para quedarse en España.
En 2012 se realizaron sólo dos pruebas, que dieron positivo, es decir, que sí existía parentesco entre los menores y los adultos. La nacionalidad de los sometidos a las pruebas, era ruandesa y marroquí. En 2013, una vez institucionalizado el programa, se realizaron 31 pruebas, que arrojaron que en seis casos, los menores no eran hijos de los que decían ser sus padres. Marroquíes, angoleños, congoleños, ruandeses, argelinos, marfileños, malíes, sirios y nigeriana fueron las nacionalidades de los adultos secuenciados. Los menores quedaron bajo la protección de la Ciudad Autónoma.
En 2014 fueron 78 pruebas, pero sólo dos casos dieron negativo respecto a la relación materno-paternal, pero sí de otro tipo de relaciones familiares y dos no fueron concluyentes en relación de hermandad. En 2015 fueron 29 las pruebas y 8 dieron positivas respecto a la relación materno-paterno filial. Respecto a otro tipo de relaciones, 10 no excluyeron relación de hermandad y 5 con resultado no excluyente de relación de tíos. En cuanto a 2016, se han realizado 15 pruebas hasta ahora. De ellas, 8 han demostrado que los adultos eran padres de los menores que protegían. Otras seis pruebas han constatado relación de hermandad. Los analizados son ciudadanos marroquíes. Se está pendiente de otras cuatro pruebas, según señala Bienestar Social a este Diario, citando fuentes y datos de los laboratorios de la UGR encargados de este tipo de análisis de control.
