Por Rafael Robles Reina, Diputado de la Asamblea y Secretario de Estudios y Programas del PSOE de Melilla
En lo que llevamos de legislatura en la Asamblea de Melilla, el partido ultraderechista de la Ciudad lleva ya presentadas varias mociones interpelándonos al resto de grupos políticos a revisar el sistema educativo. Mociones sobre el “pin parental” o la EBAU que su partido nacional les obliga a presentar en todos los territorios donde tienen representación parlamentaria, se tengan o no se tengan competencias educativas como es el caso de nuestra Ciudad Autónoma.
Resulta curioso que en dichas mociones, como en el caso de la EBAU, se pida recuperar una prueba única y lo pidan en el único territorio, junto con Ceuta, en la que el Ministerio de Educación mantiene la gestión centralizada. No tiene ningún sentido, como no tiene ningún sentido después de 40 años de autonomismo que la Educación desande todo lo avanzado. Retrocesos y más retrocesos a los que la ultraderecha nos tiene acostumbrada con sus propuestas y, que en algunos territorios, ha tenido oportunidad de aplicar, a veces con la complicidad del PP y, en no pocos casos, tras pactos de gobierno.
Hasta aquí, todo lo esperable de un partido de ultraderecha que pone en práctica su agenda política sin importarle mucho el encaje ni territorial, ni constitucional. Lo que a los socialistas nos ha parecido peligroso y alarmante es que todas estas mociones no hayan sido desterradas inmediatamente por el resto de fuerzas políticas de nuestra Asamblea. PP, CPM y Somos han preferido dilatar el debate, dejando encima de la mesa mociones ya debatidas en comisión y pleno, como en el caso del veto parental, o aún por debatir, como en el caso de la EBAU. Solo el PSOE hemos votado rotundamente en contra de seguir trayendo a nuestros parlamentos esta revisión anticonstitucional de nuestro sistema educativo.
¿Qué dice nuestra Constitución sobre el pin o veto parental? Tras su intento de implantación en la Comunidad de Murcia y su posible establecimiento en otras comunidades gobernadas por el PP con el necesario respaldo de Vox, se pretende evitar que el alumnado menor acceda a determinados contenidos (como la educación sexual o la diversidad sexual y de género), entendiendo que es una forma de impedir que se les adoctrine.
Varios estudios jurídicos advierten que “la jurisprudencia constitucional avala la legitimidad de la formación en valores democráticos y de la búsqueda de adhesión de los alumnos a esos valores. Y se recuerda también la legitimidad de la exposición por parte del profesorado de otras ideas, sobre las que no hay consenso social, pero que coexisten en una sociedad plural y diversa como es la propia de un Estado democrático. Debe rechazarse la adopción de un veto o pin parental al amparo del art. 27.3 CE, que podría convertir la educación de los menores en una formación a gusto de los padres hasta el punto de horadar los contenidos necesarios para una adecuada formación integral desde la perspectiva del art. 27.2 CE”.
En la Asamblea de Melilla, el PP no ha aprobado aún las mociones presentadas por Vox, pero tampoco las rechaza del todo y prefiere decir lo mismo con un texto alternativo que no cuestione tanto todo nuestro sistema educativo como la actual Ley. Ley, no olvidemos, aprobada por todos los españoles a través de sus representantes en el Congreso de los Diputados. La última Ley del PP, la LOMCE, también recogía esos contenidos que ahora se pretenden vetar. El caso, es que es difícil esconder con palabras menos extremas lo que es una propuesta abiertamente inconstitucional de la ultraderecha.
CPM y Somos Melilla se deslizan ambiguamente por argumentos que podrían parecer que están en contra del contenido de las mociones de Vox, pero tampoco terminan de rechazarlas con rotundidad y también han votado dilatar su debate a próximos plenos y comisiones para llegar a un consenso con el partido ultraderechista.
Desde el PSOE nos preguntamos, ¿Es posible consensuar con Vox la revisión que pretenden de nuestro sistema educativo desde paradigmas claramente anticonstitucionales? ¿De qué sirve debatir sobre asuntos en los que no tenemos competencias como Ayuntamiento? ¿No se desvía con estas mociones el foco de los problemas reales de la Educación en Melilla que podrían mejorarse desde la Ciudad Autónoma? Problemas que pasan por reforzar los mecanismos de compensación educativa de las desigualdades sociales, la conciliación familiar con mayores recursos en educación infantil, el refuerzo de las actividades complementarias y extraescolares o el incremento de ayudas de comedor, transporte escolar y más apoyo en los centros educativos de personal que mejore la atención de toda la comunidad educativa.
Las soluciones reales a nuestros problemas educativos fueron profundamente abordadas por la Ciudad en la anterior legislatura con sendos convenios de colaboración por parte del Ministerio y la Consejería de Educación de entonces. Centrémonos en cumplir y mejorar esos convenios. Sigamos confiando como hasta ahora en el buen hacer de los profesionales de la educación, de los equipos directivos y docentes y en los mecanismos de comunicación familia-escuela. Que, seguro, nos lo agradecerá más el conjunto de la ciudadanía melillense no ideologizada, ni interesadamente obsesionada en cuestionar lo que se lleva impartiendo en nuestras aulas durante todo la etapa democrática.
