Hubiera parecido que nunca llegaría, pero aquí la tenemos, en ella estamos y de ella nos acordaremos durante años. Es la campaña de unas elecciones convocadas por el Gobierno central, cuando se trata de unos comicios catalanes, porque la Constitución lo permite, lo que no significa que eso sea lo más razonable y sensato y ni siquiera lo más democrático, ya que contradice la voluntad de la mayoría de los catalanes que en el disuelto Parlament habían expresado un deseo que en ningún caso era el del Gobierno de Rajoy. La campaña en la que durante semanas no supimos si se iba a desarrollar con normalidad democrática o si muchos de sus candidatos iban a seguir en la cárcel o en Bruselas, incluso si muchos de ellos iban a poder ostentar sus pretendidas candidaturas.
El presidente del Gobierno central, en los días anteriores al comienzo de la campaña, se había regodeado de repetir que todo había vuelto a la normalidad, cuando esa normalidad nunca ha existido desde que el procès tomó cuerpo. Varios candidatos siguen en la cárcel o en el exilio y nadie se hace responsable de la situación política, pero tampoco de la económica, a la vista de los datos sobre fuerte deterioro de la economía de Cataluña. Todo lo que sucede no dista mucho de una situación de vergüenza, que no se soluciona con esos esfuerzos de todos por echar la culpa a los otros. El ejemplo que se está dando a Europa y al mundo no permite hablar en términos más positivos. La presencia de Puigdemont en Bruselas es algo más que pintoresco, situación que no se resolverá antes del 14 de diciembre.
Es difícil de creer pero Rajoy se muestra muy contrario a la reforma de la Constitución, a sabiendas, supongo, de que todos nuestros males políticos derivan de su negativa y de su partido a abrir una brecha. Durante años, al menos desde la práctica destrucción del Estatut, el independentismo ha venido creciendo hasta situarse en la mitad del electorado catalán, cuando partía de cifras casi insignificantes. Y jamás desde el PP se ha tomado ninguna medida que cortara esa deriva. Esa es la causa principal de la actual situación.
El remedio tendría que venir de una reforma de la Constitución que satisficiera suficientemente a la gran mayoría de los catalanes con su inserción en el conjunto de España. Eso no se ha producido nunca, y la encuesta del CIS lo confirma, aunque con una división del campo en dos mitades muy semejantes, con ligera ventaja para los no independentistas. La incógnita es cuál será la combinación necesaria para formar Gobierno.
