La consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital del Gobierno de Ceuta, Kissy Chandiramani (PP), propondrá a la Asamblea este mes rebajar un 50% el impuesto indirecto que grava la importación a la ciudad autónoma de ropa, calzado, joyería y teléfonos móviles, los productos que más compraba el turismo marroquí de compras casi extinguido tras el cierre de la frontera durante más de dos años por la pandemia y el incumplimiento magrebí del régimen de viajeros desde que reabrieron las fronteras en mayo de 2022.
Esas mercancías soportan actualmente un gravamen de entre el 7% y el 10% del IPSI, el equivalente local al IVA a tipos reducidos, que se reducirá al 3,5% y al 5% para intentar frenar el cierre de comercios y la pérdida de empleo en el sector más pujante de la economía productiva de Ceuta.
La patronal y los sindicatos acordaron a finales de septiembre adoptar esta medida ante «el aplazamiento sine die de la apertura de la aduana comercial» y «la constatación de que la caída del turismo de compras procedente de Marruecos no parece ser algo coyuntural».
Ambos factores han generado en el comercio de la ciudad un descenso de ventas y pérdidas de trabajadores afiliados «de entre el 12% y el 20%» y «la consecuente reducción de empresas minoristas del 7,6%».
Margen de maniobra
Fuentes del Ejecutivo local que preside Juan Vivas (PP) han explicado que con la reducción de impuestos se pretende dar al comercio local un margen de maniobra que le permita ganar competitividad si lo repercute sobre los precios finales de venta al público, aminorar sus pérdidas o ampliar su margen de beneficio para generar puestos de trabajo ante «una situación de verdadera emergencia».
La recaudación del IPSI por parte del Gobierno de Ceuta está garantizada por el Estado desde hace veinte años con un mecanismo de compensación que en 2024 asegurará a la Ciudad ingresos por un total de 83,4 millones de euros en su vertiente de Importación a pesar de que de forma efectiva únicamente se prevé
