El sistema de pensiones en España enfrenta un grave desequilibrio debido al envejecimiento poblacional, baja natalidad y una baja tasa de actividad. La presión fiscal es alta, y muchos trabajadores no son conscientes del esfuerzo económico que representan sus cotizaciones.
El número de trabajadores ya no es suficiente para sostener el ritmo de gasto y pensiones en España.
El año 2025 se cerró, según los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa), con más de 21,8 millones de personas ocupadas, una cifra récord que el Gobierno ha utilizado profusamente para defender la fortaleza del mercado laboral.
Detrás del histórico dato anterior hay otro dato que preocupa a muchos economistas: la tasa de actividad sigue situada en torno al 58%, lo que significa que una parte importante de la población en edad de trabajar permanece fuera del mercado laboral.
Entre jubilados, estudiantes, menores, desempleados e inactivos, el número de personas que sostienen el sistema con su trabajo y sus cotizaciones es mucho menor de lo que reflejan las cifras generales.
Se trata de una realidad presente durante años y sobre la cual los expertos advierten: Hay un grave/preocupante desequilibrio entre población activa y las personas dependientes del sistema.
Un modelo que dependiente de unos pocos cotizantes
El sistema ya ha explotado, ya que una parte cada vez mayor de las pensiones se financian con deuda pública.
El sistema español funciona mediante un modelo de reparto, lo que significa que las cotizaciones de los trabajadores actuales sirven para pagar las pensiones de los jubilados de hoy. El mecanismo es viable, cuando el número de cotizantes crece y la población activa es elevada, pero el problema surge cuando cada vez hay más pensionistas y menos personas trabajando.
España combina tres factores especialmente delicados en los que radica la debilidad del sistema: envejecimiento demográfico, baja natalidad y una tasa de actividad inferior a la de otros países europeos (sólo el 37% de la población trabaja).
Los datos oficiales ofrecen distintas métricas laborales que intentan ocultar el problema, pero es evidente que una parte relativamente reducida de ciudadanos sostiene con sus cotizaciones el gasto público y el sistema de protección social.
La presión sobre las cuentas públicas se ha convertido en una de las mayores preocupaciones económicas en España. El gasto en pensiones no deja de aumentar y la Seguridad Social necesita cada vez más apoyo del Estado para poder asumir todos los pagos.
La AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) o el Banco de España llevan tiempo avisando de que el envejecimiento de la población obligará a tomar decisiones importantes en los próximos años si se quiere mantener el equilibrio de las cuentas públicas.
Si se contabilizasen todos los compromisos futuros de pensiones como deuda implícita, el endeudamiento real de España sería muchísimo mayor del que reflejan las cifras oficiales. Lo que se hace es tirar de créditos y trasladar el coste para adelante (a las próximas generaciones).
Se debe destacar que muchos trabajadores no son realmente conscientes de todo lo que pagan en impuestos y cotizaciones, ya que gran parte de esas cantidades se descuentan automáticamente de la nómina. El gran esfuerzo fiscal que soportan los españoles pasa, a veces, desapercibido.
Es de destacar que, mientras los trabajadores del sector privado no llegan a fin de mes y se sienten agobiados por los crecientes impuestos, los funcionarios del Estado (cuyos sueldos se pagan con nuestros impuestos) trabajan 2 horas y media menos al día desde abril sin reducción salarial.
España soporta una presión fiscal muy alta para el nivel salarial del país. Mientras en otros países europeos los sueldos permiten asumir mejor los impuestos, en España muchas familias notan ese impacto directamente en su día a día.
