Miguel Marín ofreció ayer su primera rueda de prensa como nuevo presidente de la Autoridad Portuaria. Una cita en la que aprovechó para agradecer la “confianza renovada” del presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, y responder a aquellos que han criticado su nombramiento. Uno de ellos, el PSOE de Melilla, partido al que Marín dijo que aunque haya cambiado la cara de sus dirigentes, sigue actuando “con una hipocresía política mayúscula”. Por lo tanto, consideró que si bien las formas del PSOE “ahora son más correctas”, el fondo “es el mismo” que tenía antes. En opinión de Marín, el PSOE melillense no puede criticar su designación al frente del Puerto basándose en que tiene causas judiciales abiertas, cuando los socialistas mantuvieron hasta el final de la legislatura pasada a sus dos diputados, Gregorio Escobar y Dionisio Muñoz, pese a estar procesados por presuntos delitos “muy graves” por los que “se les pedía muchos años de cárcel”.
“No se puede ser más hipócrita atacando a un adversario por cuestiones a que son muy diferentes”, insistió Marín para reiterar que el caso por el que él está procesado se basa en una cuestión administrativa sobre la que confió en que se resuelva pronto con el recurso que ha presentado ante instancias superiores.
Confía en la Justicia
Marín volvió a recordar que la base del procedimiento judicial en el que está inmerso es la contratación de un arquitecto que “cuenta con el beneplácito del Consejo de Estado”, porque dice que la tramitación se llevó a cabo carece de vicios de nulidad. Además, aseguró que el Juzgado de lo Social se pronunció afirmando que el contrato laboral que él firmó como consejero “está ajustado a Derecho” porque se ajusta al Estatuto de los Trabajadores. También, según Marín, existe una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que lo confirma.
Por ello, consideró que es “materialmente imposible” que exista una prevaricación “si desde el punto de vista administrativo de la Justicia se dice que es legal” lo que él firmó como consejero. Para que eso ocurriera, Marín dijo que tendría que haber un ilícito administrativo que la Justicia ya ha reconocido que no existe, y además tampoco sería suficiente con eso, sino que también tendría que darse “un retorcimiento del Derecho y un conocimiento de que lo que se está firmando es a conciencia”, tal y como indica la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Por todo ello, Marín dijo que confía en la Justicia porque es “un firme convencido” del Estado de Derecho, y mostró su esperanza de que el recurso que ha presentado sea aceptado por instancias superiores.
