Una decena de entidades de Melilla de carácter social y sindical denunciaron ayer la falta de cumplimiento de los compromisos que adquirió la Asamblea de Melilla en la “Declaración de Emergencia Climática” en Melilla aprobada hace justo un año y acusaron al Gobierno local de “inacción”. Estas entidades, que firmaron dicha declaración, se concentraron ayer para expresar su malestar y reivindicar que se materialice. Las entidades firmantes fueron las plataformas ciudadanas 2020Rebelión por el Clima, Teacher for future Melilla y Alianza por el Clima; las entidades sociales Guelaya Ecologistas en Acción, Melilla ConBici y SEO/Birldlife; y los sindicatos CCOO, CGT y SATE/Stes.
Guelaya, una de las entidades firmantes, denunció en una nota de prensa que, en el primer aniversario de la “Declaración de Emergencia Climática”, firmada en la Asamblea en octubre del 2019, “no se ha producido ningún avance en los compromisos adquiridos”.
“Esta falta de compromiso coincide con el quinto aniversario del Acuerdo de París, por el que los países firmantes, España entre ellos, se comprometieron a una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con el objetivo de limitar el aumento de temperatura global del planeta”, recordó.
A su juicio, en el resto de España, la acción política ante la emergencia sigue siendo insuficiente ya que la reducción del 20% que asume nuestro Gobierno nacional queda lejos del 55 % que sería necesario alcanzar en 2030 respecto a los niveles de 1990, comprometido en el contexto europeo.
“Mientras que a nivel nacional no damos la talla, en Melilla la situación es incluso negativa”, aseveró la entidad ecologista. Así, denunció públicamente la “inacción” en nuestra ciudad, que “queda patente en la evolución de la producción de electricidad que Endesa declara en Melilla en los 12 meses posteriores a la firma la Declaración, con un incremento de consumos del 1,5%. De hecho, Melilla es la excepción en un contexto nacional de tendencia de reducción de consumo.
Crisis sanitaria
“Este dato nos permite afirmar rotundamente que no se ha hecho nada por cumplir los objetivos de disminución de emisiones”, dejó claro Guelaya, convencida de que “la crisis sanitaria y la climática van de la mano” y, por lo tanto, “las soluciones para ambas han de ser conjuntas”.
Según la entidad ecologista, “no podremos dejar atrás esta pandemia -y las que vengan- sin que las soluciones tomadas sean compatibles con las medidas contra la emergencia climática”. “La miopía de la política local intentando responder con las mismas medidas que las han provocado las dos emergencias empieza a ser dañino para el conjunto de la ciudadanía”, agregó.
Guelaya considera que “el Gobierno está aprovechando la emergencia sanitaria como excusa para no hacer nada por disminuir las emisiones tras el anunciado repunte en consumo de combustible, electricidad, residuos”.
Además, “sigue sin atender las demandas de empleos públicos en servicios claramente deficitarios y apostando por el cemento, el hormigón y la construcción, ahora que la frontera cerrada encarece los áridos y se promueven zonas grises en lugar de verdes, penalizando económica y ambientalmente a la ciudad. En definitiva, se está impidiendo la transformación de Melilla en una ciudad sostenible”, concluyó.
“Un año después no solo no hay ningún avance, sino que incluso asistimos a un retroceso”
En su comunicado, Guelaya afirmó que los Gobiernos nacional y local “adolecen de una falta de planificación realista tanto en el despliegue de las energías renovables como en el impulso de otras estrategias sectoriales como el hidrógeno verde”, lo que supone una “improvisación constante” que “augura nuevas burbujas especulativas con un elevado impacto ambiental y social”.
Un año después de la firma de la Declaración de Emergencia Climática, según Guelaya, “no solo no hay ningún avance, sino que incluso asistimos a un retroceso, que no existe coordinación en la ciudad de Melilla que la ciudadanía pueda apreciar sobre las medidas que necesariamente son conjuntas entre la emergencia sanitaria y climática”.
Por ello, reivindica una respuesta conjunta a las emergencias que obedezca a objetivos medibles y cuantificables sostenibles, ya que “ni los intereses sociales, ni ambientales ni de importantes sectores económicos de la ciudad se están cubriendo, en defensa de la histórica demanda de dignificación de los servicios públicos”.
