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La venta no autorizada de pescado, una realidad enquistada en las calles del Rastro

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La venta no autorizada de pescado forma parte de la vida cotidiana en las calles de Melilla. Decenas de vendedores marroquíes (es difícil establecer una cifra oficial, dado el carácter ilegal de la actividad) cruzan cada mañana la frontera cargados de kilos de sardinas, chopos o caballas, entre otros productos, para “buscarse la vida” y volver a casa con algo de beneficio. En algunas zonas, como en la del Rastro, se trata de una realidad que lleva décadas enquistada, a pesar de las continuas quejas de los pescaderos que ejercen su actividad de forma legal en las instalaciones del Mercado Central. Según denuncian, soportan grandes deudas derivadas de esta competencia desleal.

“Hay que comer. Nosotros nos estamos buscando la vida”, reivindica Osama (nombre ficticio). A sus pies hay cuatro cajas cosecheras con sardinas, chopos y jureles. “Son pescados de pobres”, bromea el vendedor ambulante. En su mano, una báscula digital portátil. Nos situamos en el barrio del Rastro, en el que la venta de pescado sin autorización es una realidad enquistada desde hace décadas.
En las inmediaciones de la Mezquita Central suelen asentar sus puestos decenas de vendedores callejeros de pescado. La mayoría de ellos cruzan cada mañana la frontera para “ganar unos pocos duros”. Osama y su compañero llegan desde Farhana cargados de kilos de pescado marroquí. Llevan haciéndolo desde hace diez años, según cuentan. “Sí, la venta es ilegal, pero tenemos hijos que alimentar”, sentencian.
Los precios, considerablemente más baratos que los que se pueden encontrar en el mercado legal, ayudan a estos vendedores a contar con una clientela fija y a mantener su actividad. Según relata Samir (nombre ficticio), otro vendedor de la zona, en la calle se pueden adquirir chopos a 5 euros el kilo, sardinas a 2 euros el kilo o caballa a 1,50 euros el kilo.
“No serás policía secreta, ¿no?”, pregunta desconfiado otro de los vendedores. Según manifiestan, las redadas policiales suponen uno de los mayores inconvenientes para los vendedores ambulantes, ya que su carácter sorpresivo les obliga a huir a la carrera para evitar ser sancionados, sin tiempo para recoger la mercancía en muchos casos.
“Más o menos empezamos a las 10.00 horas a vender, y aquí nos quedamos hasta las 15.00 horas”, dice Samir. No obstante, apunta que el día empieza mucho antes: hay que ir a comprar el pescado, cruzar la frontera y preparar el puesto. Y todo, según afirma, para unas ganancias finales que rondan los 15 euros diarios, en el mejor de los casos.

La otra cara de la venta ilegal
No hace falta alejarse mucho de la Mezquita Central para escuchar la otra versión de la venta no autorizada de pescado. Los trabajadores de la pescadería del Mercado Central manifiestan que llevan años lamentando las pérdidas derivadas de la “competencia desleal” que se produce a escasos metros de sus puestos.
“Todos estamos endeudados”, se queja Hamid Mohamid, uno de los pescaderos. Según reclama, tanto él como sus compañeros llevan décadas esperando una solución que no llega, viendo cómo se hacen añicos las promesas electorales. “Nos han dicho mil veces que iban a arreglar esto y no han hecho nada”, acusa a las autoridades locales. “Los vendedores ilegales trabajan todos los días y lo venden todo más barato porque no pagan impuestos. Estamos hartos”, asegura.

ACOME apuesta por intensificar las redadas
“Si echas un vistazo a la hemeroteca, podrás comprobar que esto lleva denunciándose durante 20 años”, sostiene el presidente de la Asociación de Comerciantes de Melilla (ACOME), Enrique Alcoba. No obstante, según apunta, lejos de redimirse la venta no autorizada de pescado en la calle, se ha multiplicado con el paso del tiempo. “Cada vez va a peor”, subraya, señalando la “venta paralela” que se produce en otras zonas como El Real, el mercadillo o la frontera de Beni-Enzar. Alcoba mantiene que “no se han tomado las medidas pertinentes” para erradicar la actividad ilegal, además de garantizar que los productos no reúnen las condiciones sanitarias para su consumo. “Si la gente no se conciencia y sigue comprando, a pesar de no haber pasado por la depuradora, la solución pasa por intensificar las redadas todos los días”, afirma el presidente de ACOME.

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Irene Quirante

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