Con una claridad y transparencia que sorprenden hoy en día en la política, la responsable del SEPE, el antiguo INEM, Gemma Torres, reconocía ayer que el mes pasado había sólo un trabajador para atender a todas las personas que querían apuntarse en la lista del paro. Un funcionario “solo ante el peligro”, se podría decir, justo en el mes del año que más trabajo podría tener el SEPE por la coincidencia de que terminaban los planes de empleo de la Delegación del Gobierno y los de la Ciudad Autónoma, que entre los dos sumaban 1.300 trabajadores. Y hay que sumar, además, todos aquellos que han terminado sus estudios en la universidad y buscan su primer trabajo apuntándose al paro, y también el movimiento habitual de altas y bajas que se produce cada mes en el paro.
En total, según los cálculos de Torres, podrían ser en torno a 2.000 los melillenses que podrían haber querido inscribirse como demandantes de empleo. La responsable del SEPE fue la primera en afirmar, con toda lógica, que es materialmente imposible que un solo trabajador pueda atender a tantas personas. Consecuencia: no se han podido atender todas las solicitudes de alta en el paro, por lo que los datos publicados ayer, aunque son los que aparecen en el sistema, no se ajustan a la realidad. En esa estadística faltan personas que también son demandantes de empleo, aunque su solicitud aún no haya sido cursada. Parados no oficiales, en definitiva, que aparecerán, si es que el SEPE consigue ponerse al día, en los datos del paro que se publiquen dentro de un mes.
¿Alguien puede pensar que es normal que esto suceda en un servicio público clave como es el SEPE? Una entidad que debería funcionar con la precisión de un reloj suizo, porque de él dependen miles de personas en Melilla sin empleo y, por lo tanto, vulnerables, además de muchas empresas que buscan trabajadores y que también necesitan efectividad de la administración.
Lo peor es que esta enorme precariedad se repite en otros servicios públicos también muy importantes. Ahí está, por ejemplo, la situación de la Residencia de Mayores del Imserso, donde faltan también muchos trabajadores para atender a personas vulnerables y dependientes en su mayoría como son las decenas de abuelos y abuelas de Melilla que viven allí, y que podrían ser más de no ser porque parte del edificio está cerrado precisamente por falta de personal para prestar el servicio.
La sanidad pública es otro ejemplo de ello. El Colegio de Médicos lleva meses advirtiendo de que faltan facultativos y que la situación, que ya es compleja, se hará insostenible e inviable en cuestión de poco tiempo si el Estado no contrata ya a más médicos para nuestro hospital y centros de salud.
Lo que está pasando en una mastodóntica administración pública como la nuestra es un auténtico fracaso cuyas víctimas somos los de siempre, los melillenses, que seguimos sosteniéndola con nuestros cada vez más elevados impuestos. Los ciudadanos queremos y merecemos unos servicios públicos de calidad, que ahora no se pueden prestar porque falta personal o las plantillas están indebidamente gestionadas. Que los responsables pongan ya remedio antes de que la bomba social explote.
