Uno de los principales problemas que actualmente tenemos en España es la ruptura de la unidad del mercado interior resultado del exceso de intervencionismo en la actividad económica empresarial provocado por el triple nivel administrativo: Estado, Comunidades Autónomas y Administración Local. Las empresas sufren porque se les pide diversas licencias y están sometidas a controles redundantes. Cada día se agrava más la situación por la actividad legislativa motorizada de las Comunidades Autónomas que crea inseguridad jurídica, reduce la competitividad, produce disfunciones económicas, y frenan el crecimiento económico y la creación de empleo; además, va contra el espíritu integrador de los Tratados de la Unión Europea que eliminan las fronteras interiores y aranceles entre los países miembros, precisamente, para conseguir la libre circulación de personas, bienes y capitales.
El catedrático de Hacienda Pública y Sistema Fiscal, Leopoldo Gonzalo y González, en una conferencia pronunciada el 7 de mayo de 2014 a invitación del Club Liberal Español, expuso, de forma brillante y pedagógica, el largo proceso de formación de unidad del mercado interior en España hasta su lamentable destrucción actual. Diferenció tres momentos de la historia económica contemporánea de España; la primera etapa, el proceso de formación de la unidad de mercado; la segunda etapa, de destrucción del mercado y la que debe venir, de modo imprescindible, de reconstrucción y vuelta a la ortodoxia, por pura necesidad del mercado y de eficiencia económica. Citó como referente ilustrativo la obra “La unidad de mercado en la España actual”, publicada por el Instituto de Estudios Económicos en la cual participó como coautor.
1.- La etapa de formación del mercado interior.
Expresó que el proceso de formación se inició en el sigo XIX y tuvo dos factores esenciales: las mejoras en la red de transporte interior, básicamente el ferrocarril, y las reformas legales a través de la codificación. Fueron importantes el Código de Comercio de 1829, el posterior de 1885 y el Código Civil de 1889; la creación de la Bolsa de Madrid en 1831 y la del Banco de España) en 1856; el nacimiento de la peseta en 1868 como unidad monetaria; la fundación de los bancos privados desde 1900, etc. Resaltó la reforma fiscal de Mon-Santillán, de 1845, de gran trascendencia porque creó un sistema fiscal único basado en impuestos de producto que estuvo vigente hasta 1977. La culminación del mercado interior se produjo en la etapa de la concentración de poder durante la dictadura de 1940 a 1975.
2.- Etapa de destrucción del mercado interior.
El reconocimiento y la creación de las Comunidades Autónomas en virtud del Título VIII de la Constitución Española de 1978, se ha convertido en un mecanismo inagotable de producción legislativa y reglamentaria autonómicas. La CEOE ha emitido un informe el 15 de noviembre de 2012 (accesible en Internet) denominado “Inventario de las distorsiones de la unidad de mercado existentes en España”, en donde enumera 122 distorsiones económicas clasificadas por sectores, e incluye muchas de las detectadas en la industria de la alimentación y bebidas, automóvil, construcción, industria farmacéutica, energía, química, transporte, etc. Es un inventario abierto que irá complementando porque no cesa la actividad normativa.
3.- La necesaria reconstrucción del mercado interior.
Los españoles debemos ser prácticos y necesitamos salir de la crisis iniciada en 2007. Es imprescindible que la economía crezca y se cree empleo, para lo cual se deben facilitar las condiciones objetivas para conseguir inversiones y mejorar la competitividad; ello exige recomponer la unidad de mercado interior nacional y ofrecer seguridad jurídica, económica y laboral a los inversores ya sean nacionales o extranjeros. Las Cortes, a iniciativa del gobierno del PP, han aprobado la ley de unidad de mercado, ley 20/2013, de 9 de diciembre de la que comentó el conferenciante que es manifiestamente insuficiente, así como prevé ineficaz el sistema de licencia única para resolver esta grave cuestión pues, ya, han anunciado algunas Comunidades Autónomas que no lo van a respetar. Por ello, el conferenciante sugirió la solución eficaz y tajante de volver a la unidad estructural del Estado y acabar de una vez con esta confusión tejida por las competencias administrativas sobre la regulación del mercado.
Otros intervinientes expusieron otras ideas; unos partían de la actual organización territorial de las Comunidades Autónomas pidiendo compatibilizar el régimen autonómico con la recuperación de la unidad de mercado en base a la propia Constitución Española y los Tratados de la Unión Europea. Las ideas aportadas, fueron:
Que la Constitución Española de 1978 reconoce la libre empresa y es evidente que la descentralización de competencias administrativas no puede llegar a ser un lastre que rompa la unidad de mercado interior. En efecto, el espíritu constitucional pretende la descentralización administrativa y debe ser compatible, sin fricciones, con competencias exclusivas del Estado, según el art. 149, en las materias enumeradas; así en legislación mercantil, civil…,bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (nº 13). La descentralización administrativa no puede alcanzar a romper el del mercado interior nacional.
Que es un contrasentido lo que ocurre en España, por un lado, es miembro de pleno derecho de la UE, sometida a los Tratados vigentes en los que se persigue la unidad de mercado europeo y, por otro lado, paralelamente, deja destruir la unidad económica nacional y, finalmente, que en todo caso, podría resolverse el asunto mediante una Ley de Armonización prevista en el art. 150.3 de la Constitución Española que fusione, aclare… todo lo legislado por las Comunidades Autónomas en este ámbito.
CONCLUSIÓN: El mercado interior en España está roto por pluralidad de normas, trámites y licencias que exigen el Estado, las CCAA y los municipios. Se ha creado una red administrativa tan tupida que frena la inversión y el ejercicio de la libre empresa, imprescindibles para el crecimiento económico y la creación de empleo. Por ello hay que dar seguridad jurídica al inversor y se debe terminar con el exceso de intervencionismo administrativo sobre la actividad económica.
