Desde la “Cooperativa Aguadú de Venta Ambulante y Mercados” queremos hacer pública la problemática con la que conviven, diariamente, la gran mayoría de los socios y socias de la cooperativa, más de un centenar en la actualidad. Nuestros socios, con todos los permisos en regla y que pagan “religiosamente” sus cuotas mensuales del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social,…
… así como los impuestos trimestrales de la Agencia Tributaria correspondientes, siguen sufriendo las consecuencias de la falta de control y seguridad por parte de las autoridades competentes en lo que se refiere a los permisos de los trabajadores que montan los puestos en el Mercadillo del Polígono del SEPES.
Seguimos enfrentándonos a la competencia desleal de personas, aparentemente sin permiso de trabajo ni licencias para desarrollar su actividad en el mercadillo, con las molestias, pérdidas económicas y enfrentamientos que ello supone. La situación no es nueva, son varios años ya durante los que venimos sufriendo dichas dificultades añadidas a la ya de por sí complicada tarea de tratar de ganarse por este medio. En las últimas semanas los enfrentamientos con estos “trabajadores”, presuntamente en situación irregular, se han venido incrementando produciéndose serios altercados, con robos y peleas, por los que se han presentado las denuncias correspondientes.
Estas personas vienen equipadas con estructuras metálicas y otros materiales para montar sus puestos de venta que dan la impresión de estar homologados; los despliegan incluso delante mismo de algunos de los puestos legales de nuestros socios, obstaculizando de manera importante sus ventas, con las discusiones y enfrentamientos que ello supone.
Tras haber tenido varias reuniones, y enviado innumerables escritos, con los responsables de la Consejería de Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente y no haber visto nuestras demandas satisfechas, hemos tomado la decisión de hacer públicos estos hechos ante la señalada pasividad de nuestros gobernantes. En los últimos meses hemos visto anuncios en la prensa local de que los nuevos policías locales que han tomado posesión de sus puestos recientemente iban a ser destinados al control de la venta ilegal en los mercados y mercadillos de la ciudad. Sin embargo, seguimos sin ver esas promesas cumplidas y la situación para nuestros socios y vendedores de la venta ambulante es crítica, hasta el punto que muchos de ellos se han tenido que dar de baja recientemente por no poder afrontar los costes de obligado cumplimiento ante unos beneficios cada vez más precarios. Estas personas pasan a formar parte de las listas del paro ya que la Administración Local, lejos de facilitar esta actividad con la que se sostienen, a duras penas, más de un centenar de familias en la ciudad, hace caso omiso a nuestras legítimas demandas y al cumplimiento del reglamento de la CAM al respecto.
Solicitamos que, de manera urgente, se dote de los efectivos suficientes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o de la Ciudad Autónoma, para que haya la vigilancia correspondiente en consonancia con el Reglamento de la Ciudad desarrollado al respecto (BOME 4634, de 14 de agosto de 2009). Proponemos que por parte de las autoridades competentes se establezca también un nuevo sistema de identificación de las licencias concedidas por la Consejería a los puestos legales que sirva para controlar de manera más eficaz a los vendedores que ejercen la competencia desleal y que trabajan sin los permisos correspondientes. Proponemos también, que en caso de que no haya efectivos suficientes de la Policía Local para controlar diariamente el mercadillo del SEPES pongan ustedes algún vigilante que preste funciones de control y que sirva de enlace con la policía en el caso de que se detecten irregularidades en la distribución de los puestos, espacios entre pasillos e identificación de licencias, tal y como se hace en los mercadillos del resto de España. Exigimos que el control sea regular (diario) por parte de las fuerzas de seguridad tal y como consta en el citado reglamento y que las mercancías interceptadas a vendedores en situación irregular sean requisadas para disuadir que vuelvan a hacernos competencia desleal.
Por último, queremos resaltar el esfuerzo que supone, en una situación económicamente complicada, para los trabajadores y trabajadoras de la Cooperativa de Aguadú de venta ambulante el afrontar mensualmente las cuotas de la Seguridad Social, los impuestos trimestrales de la Agencia Tributaria y los gastos de las licencias correspondientes para poder desarrollar la actividad legalmente. Además, los beneficios económicos que se obtienen por parte de la gran mayoría de los socios de la cooperativa son escasos por lo que el esfuerzo se multiplica, ya que las personas que desarrollan esta actividad pertenecen a familias melillenses con pocos recursos y que pasan por dificultades económicas y tratan de ganarse la vida cumpliendo las leyes y obligaciones que deberían ser para todos igual.
