Nos ha alegrado que el partido político C´s haya modificado sus estatutos en su reciente congreso de enero de 2017 excluyendo de su objetivo político la pretensión de implantación de un modelo socialdemócrata y sustituyéndolo por el modelo liberal progresista; además, su presidente el Sr. Rivera ha declarado su admiración por la Constitución de 1812.
Antes de hacer referencia a lo que significa ser liberal, que es mucho más que lo del talante y la tolerancia, merece la pena recordar que la primera Constitución española de 19 de marzo de 1812 fue aplicada durante poco tiempo y de modo insatisfactorio por la resistencia de los absolutistas encabezados por el Rey Fernando VII; sin embargo, tuvo gran significado para España y los españoles. Reconoció la nación española soberana como sujeto constituyente, compuesto de ciudadanos libres e iguales (que no de súbditos del Monarca) e incluyó a su manera la teoría de la división de poderes; asimismo, la actividad legislativa de las Cortes de Cádiz acabó, entre otras decisiones, con la inquisición. La Constitución de 1812, de los albores del constitucionalismo europeo, tuvo el mérito añadido de nacer en circunstancias trágicas para España que luchaba contra el invasor francés en la guerra de la independencia, circunstancia que incrementó el sentimiento nacional y el deseo de defender la integridad territorial.
Ciertamente, el cambio realizado por C´s es acertado y oportuno en este momento en que parte de la población cree en la utopía de que el Estado puede atender al ciudadano desde la cuna hasta la muerte, incluyendo los gastos de educación, sanidad, vivienda, suministros, renta vital, etc. Hay quien piensa que el presupuesto puede estirarse hasta el infinito, en nombre del Estado de Bienestar y aunque sea a costa de emitir deuda pública que deberán pagar las generaciones futuras. En efecto, la propagada populista (comunista) y la socialista (que se le aproxima por esta vía del gasto público interminable) ha convencido a muchos ciudadanos de que tienen “derecho” a vivir gratis con cargo al presupuesto público. Pero eso es un error; así que C´s ha elegido y realizado un cambio racional (la razón frente a la utopía) que les va a generar mucho trabajo pero que ayudará a España en la necesidad de modernizarse, actualizarse en educación, formación y ciencia (siempre retrasado en nuestro país), en la defensa de los derechos individuales, cada vez más reducidos e intervenidos, así como en la protección del derecho de propiedad y libre iniciativa empresarial.
La libertad implica que cada persona es responsable para elegir con autonomía su camino en la vida y a responder por sus acciones; esta apreciación es trascendental para rechazar el intervencionismo creciente del Estado y demás administraciones públicas en la vida de las personas y de las familias. El Estado debe ofrecer seguridad, defensa, gestión de la Hacienda Común, Justicia y ayuda social que, en pleno siglo XXI, debe atender humanitariamente a quien por enfermedad o debilidad necesita su ayuda. El liberalismo humanista entiende que ello es necesario para alcanzar una convivencia responsable. Pero se está cometiendo un exceso recargando a los ciudadanos y empresas (que pagan los impuestos) con desproporcionada presión fiscal y altas cotizaciones sociales. Convendría fijar un porcentaje aproximado del PIB de gasto público que representara un equilibrio lógico entre presión fiscal y gasto público, ya que la alta tributación desanima a los trabajadores y a las empresas. En Europa la presión fiscal se acerca al 54% del PIB; en España se acerca al 50% (con alto fraude especialmente en IVA); en Gran Bretaña llega al 40% y en USA está sobre el 35%.
Son diversos los ámbitos en que los que quienes sienten la importancia de la libertad y de la democracia deben centrar su defensa porque ambos conceptos sufren ataques continuos y crecientes. Basta aludir a tres ámbitos junto a la idea de gastar “sólo” lo “posible”: el Estado de Derecho, la conducta de los partidos políticos, las libertades individuales.
El Estado de Derecho exige que los ciudadanos y las administraciones públicas cumplan las leyes. Sin embargo, en España es enorme la falta de cumplimiento legal por los gobernantes de Cataluña que consideran que no sólo la Administración Autónoma les pertenece sino que también les pertenece Cataluña en exclusiva, y que pueden despreciar la libertad e igualdad de los ciudadanos a los que ven como súbditos. Actúan con deslealtad respecto al Estado, a los conciudadanos y a la ley y han ocupado las instituciones como plataforma contra el Estado para conseguir su objetivo separatista de independencia. El Tribunal Constitucional ha hecho su trabajo, con responsabilidad y eficacia, pero falta mayor presencia estatal, exigencia de estabilidad del gasto (por desvío de recursos públicos) y vigilancia en la ejecución de sentencias en materia de educación en lengua castellana en la escuela pública para quién así lo desee. La llamada política de apaciguamiento no es la solución pues cada institución debe conocer -objetivamente- sus competencias y límites en el marco constitucional. El Estado de Derecho está sufriendo con el nacionalismo, separatista totalitario, que impone su pensamiento único, dispone de múltiples medios de comunicación subvencionados y admite revanchismos y linchamientos en actos políticos o, simplemente, a la puerta de los colegios contra las familias que se resistan a la imposición separatista.
La defensa de la organización política exige que los partidos políticos respeten la democracia interna y la transparencia de su gasto ya que son entes subvencionados en casi el 95% de sus ingresos. La democracia es incompatible con la corrupción en las adjudicaciones de contratos públicos y falta una autoridad independiente que se encargue, de todo, en esta materia y haga actuar al mercado.
La defensa de las libertades individuales exige especial atención porque el intervencionismo público es creciente en la construcción de una nueva sociedad sin que se sepa qué modelo pretende. Los ejemplos de imposición son interminables: qué pensar y qué idioma usar en la escuela pública en Cataluña y otras regiones; en qué colegio deben estudiar los alumnos sin permitir que las familias elijan; qué religión es admisible o rechazable, como la acción contra la libertad religiosa que realizó una actual Concejala de Madrid; qué noticias se pueden conocer o no, que filtran las TV3 y otras subvencionadas; qué comer (recuerden cuando una Sra Ministra recomendó comer conejo en una Navidad….) y, cómo celebrar o no San Valentín que critica el Consell de Mallorca. Las administraciones deben dedicarse a aquello para lo que tienen competencia y dejar a los ciudadanos vivir su vida sin este agobiante intervencionismo. Por ello, los C´s, en su nuevo objetivo liberal tendrán mucho trabajo.
CONCLUSIÓN: Sea bienvenido el partido C´s a la defensa de las libertades individuales. Es muy necesario que seamos conscientes que llevamos mal camino en España con tanto intervencionismo administrativo en la vida ciudadana, con excesiva presión fiscal y tanta permisibilidad ante el incumplimiento de la ley. La libertad y la democracia se deben defender cada día.
