Dice el Diccionario de la Real Academia Española que algo se considera enésimo cuando ocupa un lugar indeterminado y elevado en una serie de cosas. Eso es lo que ocurre con la sucesión de mentiras a las que, lamentablemente, nos tiene acostumbrados la administración sanchista.
Ocurre, no obstante, que los ciudadanos son perfectamente conscientes de que se les miente, aunque se les diga que las mentiras en realidad no lo son, sino que son cambios de posición. Así lo expresó el actual presidente del gobierno cuando se le enfrentó con el espejo y se le hizo ver que había negado cualquier posibilidad de gobernar con la extrema izquierda (el populismo lo llamaba él) o llegar a acuerdos con Bildu (esto literal, sin edulcoraciones nominales de ningún tipo) o indultar a políticos por parte de otros políticos y perdonarles corrupciones económicas adaptando a su medida el código penal para revisar el delito de malversación. En fin, “n” mentiras o cambios de posición. Pero, insisto, los españoles, que no son precisamente tontos, saben que, en realidad, son mentiras.
Lo mismo sucede, actualmente, con su no tan lejana consideración de cualquier tipo de amnistía como inconstitucional. Esto lo defendió, no ya de manera individual, sino en equipo, secundado por muchos de sus ministros, incluso por aquellos que disponen de la condición profesional de Magistrados, como Łlop, Campo, Marlaska o Robles o constitucionalistas, como Calvo. Todos ellos han “cambiado de posición” o, en el mejor de los casos, prefieren inhibirse como el exministro actualmente magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo. También, en este caso, saben los ciudadanos que se les miente. Que la proposición de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para otorgar una amnistía a los golpistas del proceso independentista catalán, a pesar de toda la retórica aparentemente orientada a mejorar la convivencia en Cataluña, sólo se justifica por la “compra” de los siete votos de Junts para la investidura.
También se han aprestado todos los que “han cambiado de posición” a buscar excusas que intenten desviar la atención de los españoles (creo que sin conseguirlo) sobre la Ley de Amnistía o el apaño fiscal en beneficio de los independentistas catalanes, que “no preocupan en la Unión Europea” (“cero preocupación”, “cero” en palabras del ministro Bolaños). Otra mentira de la inagotable lista de mentiras de la administración sanchista.
Cabe enmarcar en esta dinámica de desvío de la atención de los españoles la toma de partido en favor de Hamas en el conflicto entre el estado de Israel, amigo de España y la organización terrorista Hamas, aunque con el alegato formal de que se condena todo tipo de violencia, venga de donde venga y tal, pero Hamas lo ha agradecido y a Israel le ha molestado. ¿Por qué será? Ahora nos distraemos otro poco con los espías americanos que compran información de agentes españoles, a pesar de que los servicios de inteligencia españoles colaboran, a todos los niveles, con sus equivalentes estadounidenses.
La enésima mentira de esta larga, larguísima, lista, es la del presunto bloqueo del relevo del Consejo General del Poder Judicial por parte del PP. Repito, la enésima, no la última sino una que ocupa un lugar indeterminado y elevado en una serie de mentiras.
De acuerdo con el artículo 122.3 de la Constitución Española, “el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio de su profesión”. Es decir, que para que el Congreso de los Diputados respalde la propuesta de candidatos, se debe recabar el voto favorable de los tres quintos de los Diputados, o, lo que es lo mismo, de 210 Diputados, en la composición actual de 350. En el Senado, de manera análoga, se requiere un respaldo de 159 Senadores, en la composición actual de 266. Si los propuestos no concitan este respaldo, sencillamente, no pueden ser propuestos al Rey para su nombramiento.
En ningún lugar está determinado que los propuestos por parte del partido que respalda al gobierno deban ser, forzosamente, respaldados por la mayoría cualificada de ninguna de las cámaras. Cuando el constituyente estableció este porcentaje lo hizo, precisamente, para que los propuestos al Rey para su nombramiento, contasen con un amplio respaldo de consenso por parte de los representantes populares y no fueran considerados como excesivamente “escorados” hacia una u otra ideología en aras de la deseable “independencia” del poder judicial. Considerar que la falta de aceptación de los candidatos por alguna de las partes sea un “bloqueo” y peor aún una “vulneración de la Constitución” no se concibe más que desde una perspectiva autocrática que no acepta someterse a las aproximaciones de posiciones propias de toda negociación. “Esto es lo que te propongo y te conmino, ineludiblemente, a que lo aceptes”. Muy fuerte ¿no?
No entraré a valorar la insistencia del actual gobierno en que, además, las mayorías parlamentarias a considerar para ello no son las actuales, ampliamente desfavorables para el gobierno, sino las de comienzo de la XIV Legislatura, en 2019, que, por el contrario, le favorecían, ni la exigencia de la Unión Europea que el método de elección garantice, aun más, la independencia de los jueces, exigencia desoída por el gobierno. Ni medio pase.
El presunto “bloqueo” por parte del PP, repetidamente esgrimido por los sanchistas, para la necesaria renovación del Consejo General del Poder Judicial, que se ha de producir de manera negociada, no impuesta, no se trata de la última, ni si quiera de una de las últimas mentiras del Gobierno, se trata, simplemente de la “enésima” mentira sanchista.
