“Tengo que pagar la hipoteca”, le dice un amigo a otro, y, este le pregunta: ¿Cuántos días te quedan para pagar? el primero, preocupado, contesta: “realmente me quedan ocho noches porque durante el día me acuerdo menos”. Nuestros líderes políticos, los de los partidos que pueden formar gobierno, entre los que está el socialista Sr. Sánchez, …
… que se niega a hablar con el PP, parece no tener esta preocupación, pero millones de españoles si la tienen y, en el silencio de la noche, se sienten más los problemas ya sea por deudas, empleo, salud, etc. Por respeto a esos españoles y por responsabilidad política, por las razones económicas que vamos a ver, deben pactar para formar gobierno de coalición los tres partidos democráticos constitucionalistas que representan al 72,28% de la población española ya que la situación exige estabilidad política.
Es conocida la ambición “exclusivista” de poder de los partidos y de sus líderes; comprendemos que no tienen experiencia en coalición de gobierno y que resulta más cómodo gobernar en solitario o con amigos para distribuir los cargos, pero la realidad económica no permite demoras (véase el control del gasto público) ni frivolidades y, además, hay valores nacionales superiores a los de los partidos. El art. 1º de la Constitución Española cita los valores a conseguir por el Estado de Derecho democrático y social: “la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
Evidentemente, cuando hablamos del gobierno de coalición nos referimos al que han de configurar los partidos democráticos pues sería ilógico e incongruente tratar como coalición con quienes niegan la soberanía del pueblo español y quieren destruir España (los separatistas), o con los que aspiran a hacer una transición política a la inversa, es decir, pasar de nuestra democracia a la dictadura (Podemos) o con los que quieren hacer inviable el modelo económico de libre empresa (Podemos y Comunistas). Por ello, los conservadores, los reformistas y los socialistas han de ser políticamente responsables, superar las rencillas personales y los protagonismos trabajando –desde ya-, en defensa de los valores democráticos y de los intereses económicos generales.
En España vivimos con unos servicios públicos y de bienestar muy aceptable aunque el resultado electoral de 20-12-15 enseña que hay demasiados votantes indignados por los efectos de la crisis económica iniciada en 2007, por la corrupción y por la falta de expectativas. Ese desánimo debe combatirse, pues la solución no es el modelo comunista fracasado, así que hay que impulsar el ánimo colectivo creando esperanzas ciertas y frenar el mensaje crítico permanente de Podemos, limitado a aumentar el malestar prometiendo lo incumplible. Ellos no aportan solución alguna; por el contrario la experiencia de su administración en grandes municipios demuestra no sólo su incapacidad para revitalizar la economía, sino su método de imposición ideológica, de nepotismo y de arbitrariedad.
Las razones que ordenan la actuación responsable de los partidos democráticos, son:
Primero. Por responsabilidad económica. España necesita continuar con la recuperación económica iniciada en 2014 con crecimiento del PIB del 1,4% y del 3,2% en 2015. La creación de empleo es el gran problema español pues hay en paro más de 4 millones de personas, casi el 21% de la población activa, y el número de activos afiliados a la Seguridad Social no llega a 18 millones de personas por lo que el presupuesto de la S.S. es deficitario. Por ello se debe avanzar en las reformas pendientes: la laboral y en el marco legal objetivo y estable (político, social, de educación…) que anime a atraer inversiones en proyectos que creen riqueza; asimismo, el marco legal para los autónomos debe ser incentivador de esta actividad evitando excesivas las cargas de seguridad social pues este sector empresarial genera mucho empleo y ha sufrido una grave merma durante esta larga crisis.
Segundo. Oportunidades financieras por pertenecer al euro y a la Unión Europea. Hay ventanas abiertas por el Banco Central Europeo que está facilitando financiación, a coste “0”, que pueden aprovechar las empresas. Para ello hay que repetir que los inversores precisan de seguridad jurídica, confianza y expectativas de obtener beneficios porque arriesgan su capital, tiempo, esfuerzo y prestigio; de momento quien está aprovechando estas facilidades financieras es el Estado que debería, con más vigor, aplicarse en equilibrar el presupuesto, reducir gastos y deuda pública. Son otras muchas las oportunidades de fondos europeos para crear empleo de jóvenes, pero no se están tomando en serio.
Tercero. Responsabilidad de la administración municipal. No se entiende que grandes Ayuntamientos tengan gobiernos de Podemos con el apoyo del PSOE; y se entiende, peor, que el de Madrid, desaproveche las favorables circunstancias que concurren en el mundo inversor, que buscan grandes proyectos. El municipio ha de perseguir dar servicios de calidad en limpieza, seguridad, transporte…pero puede completar su función facilitando que la empresa privada invierta en la ciudad, en áreas degradadas y mejorables. Ejemplo en Madrid: operaciones Chamartín-Norte, Cuarteles, Plaza de España, etc. En muchas grandes ciudades europeas la inversión privada ha ejecutado grandes desarrollos urbanísticos que han embellecido la ciudad, extendido transportes, creado riqueza (por ejem. Londres-área olímpica; París-La Defensa; Milán, Berlín, Barcelona-Olimpica…). Madrid no ha conseguido una olimpiada pero debe, urgentemente, activar esos grandes proyectos eliminando trabas burocráticas ¿Están paralizados? ¿Por qué no hay aprobación o información?
Cuarto. Responsabilidad presupuestaria del Estado y de las Comunidades Autónomas. Tenemos graves desequilibrios en las finanzas públicas. La Deuda Pública se aproxima a 1 billón de Euros, el déficit público está incontrolado (precisamente el Ministro de Hacienda ha informado el 31 de marzo que el déficit pactado con Bruselas del 4,2% del PIB para 2015, se ha “transformado” en el 5,16%, es decir, 1 punto más (que son 10.000 millones de déficit excesivo). Culpa a las CCAA de que no cumplen la ley de Estabilidad Presupuestaria pero tampoco se las ha exigido con rotundidad. Así, las instituciones europeas observan la situación con alarma. Sería un grave error tratar de equilibrar las cuentas con nuevas subidas de impuestos en vez de frenar el gasto, reducir gastos estructurales de las administraciones y gestionar mejor, con profesionalidad y transparencia; una propuesta ya expuesta consiste en publicar todos los gastos y contratos (individualizados) de las administraciones públicas en sus páginas web lo que redundaría en reducir la corrupción y aumentar la confianza ciudadana.
Quinto. Responsabilidad con el futuro de las pensiones. El sistema de pensiones tiene un déficit previsto para 2016 de 16.000 millones de euros y para cada año sucesivo, se incrementará por el creciente número de pensionistas y la falta de población ocupada que hace imposible mantener el nivel actual de pensiones. Sin embargo, hay partidos políticos que prometen más gasto (siempre más gasto) sin dar cifras razonadas, incluyendo una renta básica universal o complementaria del salario que el presupuesto no soportaría y provocaría el acomodo de parte de la población, es decir, desincentivaría la ambición personal de mejorar con su propio esfuerzo. El partido “Podemos” propone, irracionalmente, aumentar el gasto en 96.000 millones de euros, en los cuatro años de legislatura.
CONCLUSIÓN: El respeto a los ciudadanos españoles, la lógica de la razón, la responsabilidad política y el sentido práctico económico ordena a los partidos políticos democráticos, que representan el 72,2% de la población española, a formar un gobierno de coalición que aporte estabilidad política, seguridad jurídica y perspectivas de empleo que anime a los españoles. Quien dice “no, no y no o nunca…” para hablar con otro partido democrático y formar un gobierno de coalición debe cambiar ese discurso de intolerancia que da mal ejemplo a los jóvenes que esperan más esfuerzo y sacrificio de los políticos. La solución no es repetir las elecciones.
