Se dice, con la mayor frecuencia con la que se puede, aunque, al parecer, nunca es suficiente, que la Política de Defensa es una Política de Estado. No sé si todos entendemos lo mismo cuando definimos en qué consiste que una determinada política se considere como de Estado. En mi opinión, tal definición representa la existencia de una percepción mayoritaria de la necesidad de apartar dicha política de la confrontación electoralista, que persiga obtener el favor electoral de un determinado sector social, por considerar que la política de la que se trata es transversal a los intereses de todos los sectores de la sociedad. La Política de Defensa, junto con la de Asuntos Exteriores, estrictamente reservadas, por este motivo, a la Administración General del Estado y no compartimentadas entre los diferentes niveles de la Administración Autonómica o local, configuran los ejemplos paradigmáticos de lo que se entiende por una Política de Estado.
Esta semana se ha materializado, en el Congreso de los Diputados, la comparecencia de la Ministra de Defensa a instancias de los dos socios independentistas del gobierno de coalición, ERC y EH-Bildu, para explicar los pormenores del envío, como ayuda militar, a Ucrania, por parte de nuestra nación, de los carros de combate Leopard 2A4, depositados desde hace algo más de diez años en la Base de Automóviles del Ejército de Tierra en Casetas (Zaragoza).
Durante la presente legislatura, inevitablemente afectada por el impacto de la injustificada, ilegal y brutal invasión de Ucrania por parte de Rusia, se ha expresado en muchas ocasiones la necesidad de conocer por parte de los representantes de la ciudadanía en el Congreso de los Diputados, las actuaciones que el Gobierno estaba pensando poner en marcha, en apoyo a la víctima de esta invasión (Ucrania), antes de su ejecución, al objeto de obtener el respaldo o, cuando menos, el parecer de dichos representantes. Las implicaciones que estas actuaciones pudieran, eventualmente, tener en la seguridad de todos, hacen aconsejable que el gobierno de todos no asuma, en soledad, este tipo de decisiones y si lo hace, lo haga tras conocer el parecer de la ciudadanía española representada en las Cortes Generales.
El pasado 22 de febrero, durante la interpelación a la Ministra de Defensa, en relación con la escasa información compartida por el Gobierno con el Parlamento sobre el apoyo militar a Ucrania, la Ministra justificó esta escasez de transparencia, de las más bajas de los países de la OTAN, sobre la base de la necesaria reserva, a pesar de que diferentes Grupos parlamentarios le hicieron ver que lo que se escatimaba en el Parlamento, se prodigaba en los medios de comunicación, en ocasiones desvelando detalles que realmente comprometían la seguridad de los envíos, tal como se produjera un año antes, cuando el Presidente del Gobierno desvelara en rueda de prensa el nombre del buque, el itinerario del transporte y el puerto previsible de llegada de uno de los primeros envíos de ayuda por parte de España. Es decir, que para el Gobierno son más prioritarios los medios de comunicación, aun a coste de la seguridad, que los representantes de la ciudadanía, a fin de, por lo menos, recabar su parecer.
Durante el curso de esa misma interpelación, se afeó a la Ministra de Defensa el que los españoles tuvieran que conocer la intención del Gobierno de España de desplegar una Batería de defensa antiaérea NASAMS, en Estonia, a partir de comienzos de este mes de abril, por declaraciones públicas del Ministro de defensa estonio tras un encuentro bilateral de éste con nuestra Ministra, en Bruselas, el 14 de febrero.
Asimismo, se le demandó plantear el despliegue de esa Batería ante el Congreso de los Diputados, por tratarse de un nuevo despliegue, a fin de obtener la preceptiva autorización de éste, de acuerdo con las estipulaciones de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional. En la interpelación de febrero, la Ministra alegó que dicha solicitud no era necesaria porque el despliegue de dicha Batería estaba vinculado al despliegue de la Policía Aérea del Báltico, en el que España ya participa, con aviones de interceptación aérea desplegados en Lituania y no se trata, por lo tanto, de un despliegue operativo nuevo, sino de la ampliación de uno ya existente.
Durante el debate de la moción consecuencia de esta interpelación, realizado el pasado 7 de marzo, el Congreso aprobó por mayoría que el Gobierno debía solicitar la autorización mencionada y el Congreso aprobarla o no.
En la última comparecencia de la Ministra, registrada esta semana, como queda dicho con anterioridad, la Ministra ha enmarcado el despliegue de la citada Batería, no ya en el despliegue de la Policía Aérea del Báltico, como dijera en febrero, sino en la formación de los profesionales de las Fuerzas Armadas estonios especializados en defensa antiaérea como consecuencia de la adquisición por parte de dicho país de una Batería de dichas características.
La Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional dispone, en su artículo 17, que el Gobierno recabará la autorización del Congreso de los Diputados para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional.
Desde su aprobación en noviembre de 2005, muchas operaciones en el exterior se han materializado, viéndose sometidas a la autorización previa por parte del Congreso de los Diputados, incluidas las que se consideran de formación y adiestramiento para los efectivos militares de otros países. Concretamente, de las que se encuentran activas en este momento, el Congreso autorizó el 22 de abril de 2010 la participación de España en la misión de adiestramiento en Somalia EUTM-Somalia o el 22 de abril de 2015 la participación de España en la misión actualmente denominada EUTM RCA en la República Centroafricana, entre otras.
El no sometimiento del despliegue en Estonia a la autorización del Congreso de los Diputados, a pesar de la Ley y los antecedentes citados, hacen de esta Batería de nuestro Ejército de Tierra, “la Batería no autorizada”.
