La Asamblea de Melilla aprobó ayer de forma inicial un plan económico-financiero debido al incumplimiento de la regla de gasto en la liquidación del ejercicio presupuestario de 2015 por un exceso de 5.890.789 euros. Este desajuste se ha producido como consecuencia de la compra del antiguo edificio de Correos y la instalación del nuevo cable submarino de fibra óptica, y será compensado con el plan aprobado ayer, que se nutre de remanentes de crédito del año pasado y dos partidas no ejecutadas de este 2016. Pese al rechazo en bloque de los tres partidos de la oposición, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Daniel Conesa, defendió esta fórmula porque resuelve el desequilibrio de manera “inmediata” y sin apenas repercusiones para los melillenses. Los tres partidos de la oposición, Coalición por Melilla (CPM), PSOE y Ciudadanos (C’s), argumentaron su voto en contra porque, en su opinión, los gastos que han dado lugar a ese incumplimiento de la regla de gasto podrían haber sido previstos con anterioridad por el Gobierno autonómico, al que acusaron de realizar una mala planificación económica.
Conesa rechazó esta crítica asegurando que este incumplimiento de la regla de gasto “es coyuntural, no estructural” y “nada tiene que ver con la política presupuestaria” que desarrolla el Gobierno melillense. Además, defendió que las dos actuaciones que han dado lugar a ese desajuste son “muy beneficiosas para Melilla”, ya que el edificio antiguo de Correos se destinará a uso universitario y el cable de fibra óptica permite que Melilla tenga “un colchón de telecomunicaciones impresionante”.
Sin embargo, ambas han producido un desequilibrio por diferentes razones. En el caso del edificio de Correos, ubicado en la calle Pablo Vallescá, Conesa explicó que se debe a la aplicación de las normas de contabilidad nacional, que obligan a que se impute en el ejercicio en que se produce la adquisición la totalidad del precio, independientemente de cuando se pague. Por ello, el Gobierno local ha imputado al ejercicio 2015 la totalidad de los precios sin intereses, que se elevan a 3.999.000 euros.
Esto, dijo, es algo que “no se puede prever ni evitar” y que “no se puede saber hasta que no se hace la liquidación del ejercicio” anterior, que fue comunicada en el anterior Pleno de la Asamblea la semana pasada.
Respecto al cable de fibra óptica, que fue instalado para evitar el apagón tecnológico que sufrió Melilla en 2007 después de que se rompiera el único cable que tenía entonces, Conesa señaló que el Gobierno decidió pagarlo “cuando se dice que hay que pagarlo, que es en el momento de la recepción”. De esta manera, respondió a la crítica que minutos antes habían lanzado los partidos de la oposición por el hecho de que vaya a pagarlo ahora sin haberlo tenido previsto con anterioridad, provocando este desajuste, aunque se trate de una actuación que fue presupuestada en 2009 y aprobada su licitación al año siguiente para su puesta en funcionamiento en 2014.
Recuperación inmediata
El incumplimiento en la regla de gasto que han provocado ambas actuaciones debe ser resuelto ahora con el plan económico-financiero aprobado ayer, que permitirá recuperar el equilibrio de una manera “inmediata” con unas repercusiones presupuestarias en actuaciones “prácticamente inexistentes” mediante la no incorporación de remanentes de crédito de 2015, que suman 5.313.455 euros.
Además, el Gobierno de Melilla no ejecutará otras dos partidas de los Presupuestos de 2016, que suman 577.334 euros y que corresponden a proyectos del convenio de rehabilitación de bloques de Minas del Rif y Barrio de la Victoria que no se han ejecutado debido a la complejidad que supone que todos los propietarios del inmueble estén en condiciones de poder recibir la inversión.
En este sentido, Conesa desmintió algunas de las declaraciones que desde la oposición se han hecho sobre este asunto, en las que aseguraban que este desajuste obligaría al Gobierno local a quitar las ayudas que concede a los estudiantes de Secundaria. “Eso es totalmente falso, las becas del curso 2015-16 se han pagado hace una semana, y este año habrá una nueva convocatoria que se abonará en enero o febrero de 2017”, dejó claro el consejero.
Además, también incidió en que el Ejecutivo “no dejará de hacer ninguna actuación que ya esté en marcha” para poder solventar este desequilibrio.
Según el consejero, el Gobierno melillense ha optado por la elaboración de este plan porque es “la fórmula con menos impacto en la ciudadanía”, en lugar de escoger otras como subidas de impuestos para corregir ese incumplimiento de la regla de gasto, que se podrá conseguir de manera “inmediata” sin agotar el año de plazo que marca la Ley.
Una vez aprobado ayer de forma inicial este plan económico-financiero, se abrirá un plazo de exposición pública para la presentación de alegaciones y cuando la Asamblea las vote y apruebe de manera definitiva este plan en un plazo de dos meses, será remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que realice las observaciones que estime convenientes.
Esa es la razón de la “premura” con la que ha habido que aprobar este asunto en la Asamblea mediante el pleno de ayer, que tuvo que ser declarado extraordinario y urgente, algo que también rechazaron los tres partidos de la oposición.
