La Asamblea de Melilla aprobó ayer en la última sesión plenaria del año tres reconocimientos extrajudiciales para pagar 48 facturas pendientes de tres organismos públicos de la Ciudad Autónoma, que suman un total de 45.903 euros. Aunque le faltaba el voto de Paz Velázquez por la ausencia de la diputada del Grupo Mixto, los 12 votos del PP fueron suficientes para sacarlo adelante frente a los 9 del rechazo en bloque de la oposición. Se trata de una factura del Instituto de las Culturas, por 2.024 euros, 42 del Patronato de Turismo, por 38.683 euros, y 5 de la Fundación Melilla Monumental, por 5.196 euros, que podrán ser abonadas por la Ciudad Autónoma fuera del año en el que fue prestado el servicio gracias a un reconocimiento extrajudicial para cada uno de los organismos. Coalición por Melilla (CPM), PSOE y Ciudadanos (C’s) basaron su voto en contra en los mismos argumentos que en plenos anteriores en los que se han aprobado procedimientos de este tipo, fundamentalmente “el fondo” de esas facturas y el uso abusivo que, a juicio de los tres partidos, hace el Gobierno de un procedimiento que debería ser excepcional.
El portavoz de CPM, Hassan Mohatar, puntualizó que su partido no se opone a que la Ciudad Autónoma satisfaga la deuda contraída con los proveedores, pero consideró que hay facturas que no se deberían pagar por tratarse de servicios innecesarios, fundamentalmente de eventos organizados que para los cepemistas no suponen un beneficio para Melilla.
También señaló Mohatar que la cuenta 413, en la que se pagan facturas pendientes, no debería ser “un cajón de sastre”, cuestión en la que incidió la portavoz del PSOE, Gloria Rojas, para quien dicha cuenta debe ser utilizada “de manera puntual y no excesiva” y que la Ciudad Autónoma debe procurar pagar en tiempo y forma.
Asimismo, la socialista señaló como innecesarios algunos de los gastos reflejados en las facturas elevadas al Pleno de la Asamblea, de ahí que justificara el voto en contra del PSOE señalando que es imposible separar lo político de lo económico en este tipo de debates sobre las facturas pendientes de pago.
Por su parte, el portavoz de C’s, Eduardo de Castro, también defendió que los acreedores deben cobrar y que el reconocimiento extrajudicial tiene que ser una “figura excepcional” y “para casos puntuales”, algo que a su juicio no ocurre en este caso, ya que la cuenta 413 es empleada por el Gobierno de Melilla como “una especie de paraguas” o “un bálsamo que todo lo cura”
“No sabemos si es por una mala gestión buscada o de facto”, apuntó De Castro para criticar que el Gobierno “gasta más de lo previsto” porque estas facturas no contaban con asignación presupuestaria en su año y eso supone un endeudamiento y aumento del gasto público. También rechazó que se utilice el reconocimiento extrajudicial “de manera continua para tapar agujeros pretéritos”.
La postura del Gobierno
El portavoz del PP, Daniel Conesa, rebatió los argumentos de la oposición, que consideró “mejorables”, pero hizo especial hincapié en puntualizar que estas facturas sí contaban con asignación en los presupuestos de su año, pero no fueron abonadas por diversas razones, unas achacables al empresario y otras a la Administración.
Conesa defendió además la legalidad con la que la Ciudad Autónoma utiliza el reconocimiento extrajudicial para cumplir el mecanismo de anualidad presupuestaria.
Del mismo modo, negó que se esté haciendo un uso abusivo de este mecanismo jurídico, ya que este año se ha llevado a cabo en tres ocasiones y con un porcentaje económico “ínfimo” respecto a las facturas que sí son abonadas en su año en curso, y aunque admitió que lo deseable sería que no quedaran facturas pendientes de pago, aclaró que eso “es imposible”.
También defendió los gastos realizados por el Gobierno melillense, incluidos los de la Semana Náutica, reflejados en algunas de las facturas y criticados por CPM, a quien recordó que en su etapa de Gobierno gastó más en este evento.
No obstante, la consejera de Hacienda, Esther Donoso, quiso zanjar el tema puntualizando que lo que se estaba debatiendo no era la opinión política sobre el gasto, sino la gestión del trámite, ya que los grupos tienen “otros foros” para decir si les parece mejor o peor el gasto, en este caso los consejos rectores de los tres organismos públicos.
“Hay que pagar a los proveedores”, insistió Donoso, que rebatió a CPM diciendo que “no se puede pagar a unos sí y a otros no”. “Todos los servicios se han prestado”, recordó la consejera, quien lamentó que la oposición haya plasmado con su voto en contra su deseo de no querer que los proveedores cobren.
