La secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, defendió ayer en Ceuta la aplicación de la figura del "rechazo en frontera" contenida en el proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana en trámite en el Senado como una forma de "incrementar las garantías jurídicas para los efectivos de las Fuerzas de Seguridad y los inmigrantes" que intentan acceder a territorio español de forma irregular.
Sánchez-Cortes recordó que la Cámara Baja ya ha dado su visto bueno y trasladado al Congreso el proyecto de Ley que contiene una enmienda para modificar la de Extranjería y, así, "dar más cobertura jurídica a los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado en el desempeño de sus funciones, que no obstante ya están reguladas en nuestro ordenamiento". Subrayó que además el Gobierno trabaja para la apertura de oficinas en las fronteras de las dos ciudades autónomas donde los potenciales solicitantes de asilo o protección internacional puedan tramitar sus peticiones "en línea con lo contemplado en la legislación nacional e internacional".
La devolución sumaria de migrantes a pie de valla, que aún no está amparada por la ley y que se conoce como "devolución en caliente", es de más frecuente aplicación en Melilla que en Ceuta, donde los migrantes indocumentados rara vez llegan a ser interceptados junto al doble vallado, mucho menos accesible a pie y fuertemente custodiado por las Fuerzas de Seguridad alauitas.
Tras el intento de salto de febrero de 2014, en el que perdieron la vida en aguas de la bahía sur de Ceuta 15 personas, la Guardia Civil devolvió al país vecino a 23 subsaharianos aplicando un protocolo que, según la Delegación se exceptúa cuando los indocumentados precisan de asistencia sanitaria mayor.
