En enero de 1986 la Comisión Ejecutiva del PSME encabezada por Julio Bassets y Gonzalo Hernández enviaba al Gobierno una carta en la que amenazaba con dimitir si no eran atendidas sus exigencias. Estas exigencias eran considerar un grave error político del gobierno, la concesión de una segunda moratoria de La Ley de Extranjería, que no se concedieran nacionalidades hasta estar cerrado el plazo de solicitudes, que se aplicasen sanciones no sólo aquellos que desacataran la Ley de Extranjería sino a los que publica y notoriamente mostraran su rechazo y menosprecio al Gobierno, a su delegado, al CESID y a otras instituciones. Se decía que la carta echaba por tierra la tesis de que el PSOE había estado siempre a favor de los derechos de los musulmanes melillenses.
