La Dirección General de Policía ponía en entredicho la posible legalidad de los confinamientos a que numerosos ilegales eran sometidos en los calabozos de la Comisaría de Melilla, a través de un informe remitido al comisario-jefe de la misma, en el que le recordaba que los extranjeros que habían traspasado la frontera de forma ilegal y que estaban afectados de devolución no podían ser internados en dependencias que tuvieran naturaleza de centros de prisión penal.
Tenían a un marroquí por portar el arma que le había sustraído en su domicilio, a un guardia civil.
El presidente provincial del PP, Jorge Hernández, admitía que no le había gustado el cambio introducido en el himno de Melilla para que fuese aprobado, por tener "poco rigor histórico".
