Después de lo ocurrido el pasado martes en la votación de la proposición de ley de Amnistía, hasta el sanchista más estúpido ha aprendido quién dirige la política nacional. No es el presidente del Gobierno, sino un golpista prófugo, el ex presidente de la Generalidad de Cataluña Carles Puigdemont.
Sánchez había apostado su continuidad a la aprobación de una amnistía ilegal, pero fue derrotada porque no satisfacía por completo las exigencias de Puigdemont. Ambos tienen la misma política: satisfacer su interés personal. En un caso, seguir en la Moncloa con todas sus prebendas; en el otro, obtener la impunidad de sus actuaciones encaminadas a vulnerar la Constitución y romper España.
El todavía presidente se ha ganado a pulso el berrinche, por basar su investidura en una mayoría parlamentaria compuesta por fuerzas políticas comunistas y separatistas, que no son leales a la Constitución ni al Estado de Derecho, y que cuestionan, hasta llegar al odio, la nación española.
Es una mayoría que se mueve entre la indecencia y la desvergüenza, con la complacencia del rebaño sanchista. El martes se llegó a una situación delirante, cuando varios de los socios del Gobierno acusaron a varios jueces, con nombre y apellidos, de prevaricadores. Es decir, una calumnia que no podrá ser perseguida por hacer uso, y abuso, de su condición parlamentaria.
Lo peor, sin embargo, fue que esa calamidad llamada “Paquita” Armengol no usó la presidencia del Congreso de los Diputados para cortar de raíz unas acusaciones intolerables a miembros impecables de la judicatura. Lo mismo cabe decir del ministro de Justicia, el tal Bolaños, que guardó silencio en lugar de defender a los jueces y magistrados que habían sido calumniados. Se puso así en evidencia el nulo respeto de la mayoría sanchista al Poder Judicial, lo que supone una actitud palmariamente antidemocrática.
La dignidad del actual PSOE ha muerto. Sólo es defendida por los auténticos socialdemócratas, como Felipe González, que esta semana descalificó en términos muy duros la proposición de Amnistía, en un acto compartido con varios de los jueces y magistrados que poco después fueron insultados en el Congreso.
Los separatistas tenían razón en que la proposición de ley no ampara delitos de terrorismo y de alta traición, que son las últimas acusaciones que pesan sobre Puigdemont y que podrían ser esgrimidas ante las instancias europeas, con mucha probabilidad de éxito. La falta de vergüenza de los socialistas españoles se puso de manifiesto cuando al día siguiente sus europarlamentarios propusieron incluir en la amnistía los delitos de malversación de caudales públicos, es decir, la impunidad de la corrupción. Fueron por fortuna derrotados.
Los siguientes pasos están en el aire. Pedro Sánchez se arrogó facultades propias de la Justicia para afirmar que ninguna actuación de los independistas catalanes puede ser considerada terrorismo. Esta afirmación no es propia de un gobernante democrático, sino de un autócrata de República Bananera, tipo Nicolás Madura o Daniel Ortega.
Otra fórmula, auspiciada por los neocomunistas de Sumar, propone modificar el Código Penal para rebajar el delito de terrorismo. Es como si a una persona le multaran por conducir a 200 kilómetros por hora, y luego le quitaran la multa gracias a modificar el Código de la Circulación para que esa velocidad fuera considerada legal. Todo un insulto a la inteligencia y a la seguridad jurídica, en perjuicio del conjunto de los ciudadanos.
Pero todo ello podría no servir de nada si, de acuerdo con el criterio de los letrados del Congreso, la proposición de ley de Amnistía no debería volver a la Comisión de Justicia para ser modificada y votada de nuevo, puesto que fue derrotada en votación por mayoría absoluta: 179 votos a 171. No hay precedente de un casi similar y la oposición ha manifestado que recurrirá a los tribunales si “Paquita” Armengol se obstina en la chapuza.
Sea cual sea el desenlace y teniendo en cuenta los plazos, resulta muy improbable que Puigdemont pueda volver a presentarse como candidato en las elecciones al Parlamento Europeo que tendrán lugar a comienzos de junio. De ser así y por muy atravesados que sean los belgas, correrá el peligro de ser extraditado a España en cualquier momento. Siempre le quedará Brasil, país reacio a conceder extradiciones. Así que no descarten ustedes ver participar a “Puchi” en una Escuela de Samba, desfilando en el Sambódromo de Río de Janeiro en los carnavales del año próximo. Eso sí, con barretina.
Se atribuye a Spengler la frase de que cuando parece que todo se derrumba siempre aparece un pelotón de soldados que, en última instancia, salva la civilización. En la España de nuestros días lo que hay es un pelotón de jueces y magistrados que están salvando la democracia.
