El catedrático de Derecho Procesal de la UNED y director académico de las jornadas, Vicente Gimeno, considera que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), tema que trató en las Jornadas de derecho 'Enrique Ruiz-Vadillo', es la "segunda reforma más importante desde que se promulgó en 1882". Los motivos por los cuales esta reforma es una de las más relevante para el docente, es que introduce garantías para las partes, establece plazos y divide las instrucciones para "agilizar" los procesos o abre la puerta a que existan recursos de apelación a todas las sentencias entre otras modificaciones. El catedrático de Derecho Procesal de la UNED y director académico de las jornadas, Vicente Gimeno, valoró de manera positiva la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que está en fase de debate en el Senado. Las razones que elevan esta reforma a una de las más importantes es que "incrementan las garantías de las partes", como por ejemplo en el caso del detenido, gracias a la aplicación de una directiva europea, tendrá el asesoramiento de su abogado antes del interrogatorio.
Por otro lado, con esta reforma aseguró Gimeno "habrá recurso de apelación contra todas las sentencias". A juicio del catedrático el sistema procesal penal español era "muy deficiente" en este aspecto al tener mayor garantía un condenado por un delito leve que por un delito grave. Así, con esta reforma a partir de septiembre las sentencias que se dicten por delitos graves tendrán la posibilidad de responderse con un recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal de los tribunales superiores de justicia.
Otra de las líneas que destacó el catedrático de reforma fue la regulación de todas las intervenciones de las comunicaciones telefónicas y electrónicas. En este sentido, recordó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó dos veces a España por "no cumplir con las exigencias del derecho al secreto en las comunicaciones", y es que según apuntó "actualmente hay una regulación muy minuciosa que intenta acabar con los jueces inquisidores que decretan una intervención telefónica para averiguar delitos". También se regula las intervenciones en Internet, con las que la policía podrá hasta legalmente meter troyanos en los ordenadores en caso de delitos graves, lo cual Gimeno considera que "redundará en una mayor eficacia de la investigación policial" en la que ahora reconoce que "la policía ha estado en el borde de la legalidad".
Por otro lado, la modificación de esta ley también llevará consigo el establecimiento de plazos a la instrucción, ya que "uno de los mayores males de la justicia penal ha sido la extrema lentitud", criticó el catedrático y puso de ejemplo causas como el 'Caso Malaya' o el 'Caso de los ERE. "Se acabarán con esas instrucciones", aseveró, toda vez que aclaró que a partir de ahora "se cambia la regla de conexión de los delitos y los jueces tendrán que hacer piezas separadas, simplificar el procedimiento penal para que aquellos asuntos donde está el tema más claro se abra el juicio oral", indicó el ponente.
A preguntas sobre el déficit de recursos humanos y materiales que denuncian algunos magistrados ante la aplicación de plazos en la instrucción, Gimeno apuntó que se establecen tiempos pero permanece el sistema de recursos que se aplicó en 2002 con el fin de evitar "inquisiciones generales". Así, aclaró que al no ser apelaciones suspensivas se siguen tramitando "por lo que no hay ningún peligro al entorpecimiento de instrucción".
Asimismo, esta reforma introduce figuras como el proceso penal monitorio, permitirá que en 15 o 20 días se haga una propuesta de sanción en los delitos leves, en especial, con los delitos de tráfico vial o también la regulación del decomiso de los bienes.
"El mal de la justicia penal es tener un sistema de instrucción obsoleto"
De esta manera, el catedrático apunto que si bien la reforma de la LECrim es positiva "es una reforma parcial", y aboga por un nuevo código penal procesal ya que considera que el sistema de instrucción penal está obsoleto".
Para ello el docente cree que "los fiscales deberían investigar, y los jueces como jueces de garantías controlen a los fiscales y los fiscales a la policía judicial", pero este esquema "ahora es imposible", ya que "la lentitud de la justicia no tiene que ver con las garantías, sino con una falta de jueces".
En esta línea, Gimeno recordó que en España existen 5.000 jueces, frente a otros países como Alemania que si bien tienen mayor población la proporción no es equivalente ya que poseen casi 25.000. A esto se suma, según el catedrático que se hayan eliminado los jueces sustitutos o que no exista un sistema informatizado como el de hacienda. Todos estos factores dan a pensar a Gimeno que quizás "el Estado nunca haya querido tener un poder judicial fuerte que controle al Ejecutivo".
