La ex consejera de Bienestar Social entre los años 2003 y 2015, María Antonia Garbín, ayer prestó declaración como acusada por el presunto delito continuado de prevaricación administrativa. Según defendió, tanto ella como el resto de funcionarios y abogados procesados actuaron con conciencia de legalidad. Aseguró que durante más de una década se hicieron contratos menores a cuatro letrados externos a la Administración porque estaban a la espera de que las plazas fueran incluidas en la RPT de la Ciudad Autónoma. Incidió en que era necesaria la contratación de los juristas ante el volumen de competencias al que se hacía frente desde la Consejería porque muchos de los asuntos necesitaban de respuestas urgentes. Garbín afirmó que este tipo de contratos se llevaban a cabo mucho antes de que ella ocupase el cargo en el año 2003. La que fuera responsable de la Consejería de Bienestar Social entre los años 2003 y 2015, María Antonia Garbín, fue la primera acusada que este lunes prestó declaración en el juicio por el ‘Caso Abogados’. Al igual que el resto de procesadas que ayer testificaron ante el magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla, la actual portavoz del Grupo Popular en la Asamblea aclaró que contestaría única y exclusivamente a las preguntas formuladas por el Ministerio Fiscal y los letrados de la defensa. En ningún caso pensaba responder a las planteadas por la Asociación Libre de Abogados (ALA), personada en este procedimiento como acusación popular.
Según aseguró Garbín, desconocía que se estuviera procediendo de forma ilegal al firmar un total de 91 contratos menores para que cuatro letrados externos a la Administración prestasen sus servicios a la Consejería de Bienestar Social.
Indicó que durante trece años se hicieron contratos con una duración de cuatro o de seis meses porque tenía la esperanza de que salieran las plazas públicas de jurídicos que una y otra vez se solicitó a la Consejería de Administraciones Públicas.
El factor ‘imprevisibilidad’
Mientras que no se aprobasen estas plazas fijas e incorporadas en el personal de la Consejería, era necesario que abogados externos a la Ciudad prestasen asesoramiento jurídico y se encargasen de cuestiones que surgían de forma imprevisible y cuya urgencia era máxima, según relató Garbín.
Esta imprevisibilidad hacía que el objeto del contrato no siempre fuese el mismo, aunque casi siempre se usara el mismo modelo de contrato, apuntó la ex consejera.
«En cualquier momento se podían convocar esas plazas», insistió Garbín. Según expuso, cuando estaban a punto de finalizar los contratos ella mismo solía ponerse en contacto con la Consejería de Administraciones Públicas, haciendo incluso llamadas, para preguntar en qué estado se encontraba la petición de incluir en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Ciudad Autónoma las plazas de los abogados. «Nunca nos dijeron que no se iban a cubrir», justificó la ex consejera.
La fiscal le preguntó por qué la Consejería no esperó a que salieran dichas plazas para evitar un doble gasto. «Porque necesitábamos cubrirlas con urgencia», reiteró la procesada.
Contratos genéricos
Según incidió, se procuraba que el contrato fuese lo más genérico posible para que los abogados pudieran hacer frente a los problemas que surgían en la Consejería sin previo aviso y que requerían de una intervención inmediata.
Por ejemplo, el problema que surgió ante la llegada de familias sirias que requería la realización de las pruebas de ADN para confirmar la relación paterno-filial de padres e hijos, señaló Garbín. «Son temas que van surgiendo y no se pueden plasmar en el contrato», incidió.
La ex consejera defendió que los contratos de estos cuatro letrados externos no fueron fraccionados a lo largo de trece años, sino que se tomaron como nuevos contratos.
Explicó que siempre contaron con los mismos juristas por motivos de eficiencia, porque ellos ya estaban especializados en las materias de la Consejería de Bienestar Social. Asimismo, relató que si una tarea quedaba «a medias» entre un contrato y el siguiente, el jurista lo finalizaba, aunque fuese dentro de un nuevo contrato.
Práctica habitual
Garbín sostuvo que esta modalidad de contratación ya se venía practicando en la Consejería desde antes de que ella asumiera la responsabilidad de la misma.
Asimismo, indicó que los precios de los contratos menores que se hacían a estos abogados se encontraban fijados desde antes de que asumiera el cargo en el año 2003.
Ella era la persona que, en última instancia, plasmaba la firma sobre estos contratos, que se presentaban a Intervención junto con un informe de necesidades. Estos informes eran elaborados por los directores generales de la misma Consejería y también eran firmados por la ex consejera, según dijo en la vista.
Ahorro a las arcas públicas
Afirmó la portavoz del Grupo Popular en la Asamblea que los contratos menores de los cuatro juristas salían «mucho más baratos» por ser externos a la Ciudad Autónoma de Melilla.
«En diez años ahorramos un millón de euros a las arcas públicas», aseguró Garbín. Asimismo, mantuvo que en ningún momento pensó que se estuviera discriminando al resto de abogados colegiados por contar siempre con los mismos letrados.
Por otro lado, insistió en que si no se hubiese optado por la contratación de estos abogados mientras esperaban a que se incluyesen en la RPT se hubiera causado un perjuicio que habría desembocado en problemas de orden público que no sólo afectan a su Consejería.
Conciencia de legalidad
«Estaba plenamente convencida de que lo que hacía era legal», subrayó. Según alegó Garbín, jamás recibió advertencia alguna por parte de los órganos fiscalizadores de que se estuviera procediendo de forma irregular al elaborar estos contratos.
«El interventor no planteó el menor reparo», sostuvo. Es más, fue quien marcó las pautas para presentar el contrato y los informes de necesidad, según la ex consejera. Tampoco se manifestó la Inspección de Trabajo cuando tuvo acceso a esos contratos, agregó Garbín.
La ex responsable de la Consejería también puso la mano en el fuego por sus compañeros: «Los funcionarios han hecho su trabajo de manera magnífica». Tanto ella como el resto de los procesados de la Consejería tuvieron conciencia de legalidad “total y absoluta”, zanjó.
Cinco funcionarias
María Antonia Garbín no fue la única acusada que ayer prestó declaración en la sala de la Audiencia Provincial. También testificaron cinco funcionarias que a lo largo del periodo concurrido entre 2003 y 2011 ocuparon puestos de directoras generales en la Consejería de Bienestar Social.
Las procesadas reiteraron lo dicho anteriormente por la ex consejera. Incidieron en que estaban a la espera de que saliera la RPT con las plazas de los juristas y en que la duración de los contratos menores se determinaba de forma prudencial para evitar que pudiera coincidir con la creación de las plazas fijas.
Asimismo, coincidieron al señalar que los letrados eran imprescindibles para que la Consejería pudiera afrontar cuestiones de asesoramiento jurídico y problemas que surgían de forma imprevisible y que requerían de una respuesta inmediata. Este era el motivo por el que los contratos se hacían sin especificar las tareas que los abogados iban a llevar a cabo, para que no se vieran limitados ante el surgimiento de determinadas situaciones que necesitaran de su intervención.
Las cinco funcionarias subrayaron en que actuaron y firmaron documentos para la elaboración de los contratos menores porque estaban convencidas de su legalidad. De hecho, alguna de las acusadas apuntó que no tenían otra alternativa si querían dar respuesta al volumen de trabajo al que se enfrentaba la Consejería.
La segunda sesión
Hoy se retoma el juicio a partir de las 10.00 horas. Todavía quedan por declarar en calidad de acusados tres funcionarios y los cuatro abogados a los que se realizaron numerosos contratos menores. Los trece procesados por el ‘Caso Abogados’ se enfrentan a penas de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo o empleo público al estar acusados por un delito continuado de prevaricación administrativas. La pena más alta es la que se solicita para la ex consejera Garbín, siendo de diez años de inhabilitación.
