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Entrevista

“Es posible que la medida de exigir el certificado covid para acceder a Melilla o espectáculos pueda ser recurrida ante los tribunales”

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el Juez Decano y titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de la Ciudad, Fernando Germán Portillo

Por: Miguel Rivas

En una entrevista concedida a MELILLA HOY, el Juez Decano y titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de la Ciudad, Fernando Germán Portillo, afirma que medidas como la de exigir el certificado covid son cuestiones “delicadas”, ya que entran en “colisión” derechos fundamentales.

– ¿Cómo valora la decisión adoptada por la Consejería de Salud Pública de exigir el certificado covid para acceder a Melilla y a espectáculos culturales y deportivos a partir del 1 de septiembre?

– Es posible que esta medida pueda ser recurrida o terminar en los tribunales y no estaría bien que yo determinara un juicio de legalidad de una medida que puede ser revisada en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Hay que tener en cuenta en todo caso que estas cuestiones son delicadas en el sentido de que, como dice el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que en el tema de los datos médicos están muy relacionados con el derecho fundamental a la intimidad. El hecho de que se ‘obligue’ a un ciudadano para hacer una actuación a exhibir esos datos médicos genera una terreno de incertidumbre que, si hubiese habilitación legal para regular derechos fundamentales que autorizase eso, sin duda alguna clarificaría el asunto. Que unas normas administrativas entren en un terreno como el de los datos médicos que están muy relacionados con el derecho fundamental genera espacios de dudas.

– ¿Es por este motivo entonces por lo que usted cree que, a lo mejor, esta medida se revise en los tribunales?

– Siempre y cuando algún grupo de ciudadanos, más o menos coordinado, se movilizase para recurrirlo. Hay que tener en cuenta que todo acto que lleva a cabo una Administración, puede ser objeto de revisión en los tribunales porque expresamente alguien haya recurrido esa acción ante los tribunales. Así ha ocurrido cuando un grupo de hosteleros recurrió la decisión del Gobierno canario de exigir cartilla covid para permanecer en restaurantes y bares. En este caso, estamos todavía en un momento muy temprano de la decisión donde algún colectivo o ciudadano recurrirla y acabe en los tribunales. Estamos en un terreno bastante resbaladizo en el que también entra en juego el derecho a la intimidad, al conocimiento de os datos médicos, pero por otro lado está el derecho a la salud pública y salvaguardar la salud de los ciudadanos.

– Tal y como lo está explicando, parece difícil que se pueda mantener un equilibrio entre cumplir la ley y proteger la salud

-Este tipo de conflictos entre derechos públicos importantes suele ser relativamente habitual. Estamos ante unos supuestos en este caso. ¿Qué debe prevalecer: la salud pública por encima del derecho a la intimidad¿ ¿Puede la Administración por si sola convertir al personal del aeropuerto o el puerto en personal habilitado para conocer de esos datos íntimos, o tiene que hacerle una ley orgánica que lo autorice expresamente? Es un terreno bastante peliagudo. Los intereses que están en juego son igualmente importantes, y al final cada Administración va a hacer lo mejor que crea conveniente para proteger los derechos e intereses de sus ciudadanos. En el caso de Melilla de exigir el certificado covid se entiende que aunque pueda afectar a nuestra intimidad está justificada por preservar la salud pública. Además, ya no estaríamos hablando de un derecho a la intimidad, sino incluso que puede afectar también a otro derecho como es el de la libertad ambulatoria, el de ir a un sitio y no poder ir porque me piden una cosa que si se la doy estoy revelando mis datos.

– ¿Se atreve a dar una predicción acerca del recorrido que puede tener esta medida?

– Supongo que si la Administración la ha adoptado seguirá de aplicación hasta que alguien no recurra a los tribunales y este lo deje sin efecto, pero también puede ser que el tribunal considera que la medida es correcta. Aquí de momento la propuesta de exigir el certificado covid se va a aplicar hasta que, en su caso, alguien recurra y el tribunal lo acepte. Todo este tema estaría mucho más claro si desde que empezó la pandemia en marzo de 2020 se hubiese articulado una legislación con el rango de ley orgánica reguladora de estas situaciones que, sin duda alguna, habrían evitado tantos recursos a los tribunales y tantas resoluciones contradictorias de estos por no tener ninguna norma concreta a la que recurrir.

– Estos últimos días se ha levantado una fuerte polémica por la decisión del Gobierno local de retirar el Monumento a los Héroes de la Plaza de España en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica al tratarse, supuestamente, de un monumento franquista. ¿Qué reflexión tiene al respecto?

– Al igual que la retirada del monumento de Franco, esta decisión puede acabar en los tribunales. No es una cuestión sencilla porque hay que estudiar en concreto qué representa este monumento y, sobre todo, se trata de un acto acordado por la Asamblea de la Ciudad que hay que respetar y que aquí sí puede ocurrir que se recurra esta decisión ante los tribunales. Un compañero mío y yo estamos conociendo los recursos contra la retirada de la estatua, con lo cual, me da por pensar que cabe que esto sea recurrido. Si fuese así estaría haciendo mal en anticipar una decisión de un asunto que requiere de cierto estudios en profundidad, sobre todo de la Ley de Memoria Histórica y demás.

– ¿Cree también que se pueda obligar a la población a vacunarse?

– Las vacunas no son obligatorias ni nunca se han considerado así porque se supone que están enfrentados los derechos fundamentales de la salud pública y el de la integridad física. El hecho de inocularle a alguien sin su consentimiento no deja de ser una agresión, aunque también está el derecho a prevalecer el derecho a la salud pública. En mi opinión, esta situación debería regularse en una ley de tipo  orgánico de pandemias que regulara situaciones como esta y todas las que ha habido en el pasado. Desde el año pasado hemos tenido tiempo de tramitar hasta tres o cuatro leyes orgánicas en esta materia.

– En todo este tiempo que llevamos de pandemia, ¿ha habido muchos contagios y se ha llegado a lamentar algún fallecimiento en el colectivo de jueces de Melilla?

– Ha habido jueces que han estado contagiados de la covid y otros que sin estarlo han tenido que estar confinados por contacto estrecho. De lo que tenemos que congraciarnos es que ningún contagio se haya producido en el trabajo. Si que algunas personas  que se han contagiado de la covid han tenido un tránsito más complicado, pero no me consta ningún fallecimiento. Tampoco es que seamos tantos como el resto de la población de Melilla.

-¿Afectó mucho a la actividad judicial esa parálisis que hubo en los primeros meses de pandemia?

– A estas alturas ya hemos recuperado el retraso que ha habido por el virus y se ha hecho un considerable esfuerzo por parte de jueces, fiscales, funcionarios y demás por intentar recuperar el atraso que ha habido. A lo que hay que añadirle el descenso en el número de entrada de asuntos, sobre todo en materia penal, lo que ha facilitado que la situación se haya superado

– ¿Qué valoración general hace de las medidas que se han ido adoptando hasta ahora desde el inicio de la pandemia para contener la propagación del virus?

– Echo de menos una mayor coordinación de  todas las comunidades autónomas o de una decisión centralizada que evite agravios comparativos entre territorios. Hay que tener en cuenta que cada territorio y Administración trabaja de forma distinta y la urgencia de una regulación general sobre este tipo de cuestiones, en las que los partido del Gobierno se comprometían a llevar a cabo allá por abril del año pasado, todo esto dificulta que cuando hablemos de valoración de medidas podamos hacer una valoración general, porque no todas son las mismas.

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