MELILLA HOY entrevista al magistrado y exjuez decano de Melilla para valorar la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la ley de amnistía y los efectos que puede tener para el expresidente catalán fugado Carles Puigdemont
– Esta semana, el Tribunal de Justicia de la UE a considerado que la ley de amnistía es conforme al derecho comunitario porque «tiene por objeto reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación» tras el proceso independentista en Cataluña ¿Qué valoración hace de esta afirmación?
– Esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no valida la ley de amnistía en su totalidad. Ha resuelto algunos aspectos de la ley de amnistía que contradicen o no algunas normas del derecho comunitario. Y, en concreto, ha dicho que la ley de amnistía, la parte que se refiere a la responsabilidad administrativa contable y la parte que se refiere al terrorismo, pues chocan o no contrarían a algunas normas del derecho comunitario. Y ha decidido que, efectivamente, no se da esa contradicción.
Es decir, que es un análisis o es una sentencia un poco de contenido estrecho, no es una validación total.
Hay algunas cuestiones prejudiciales por resolverse dentro del TJUE que han sido planteadas. Por ejemplo, un par de ellas por el Tribunal de Justicia de Cataluña, que van a incidir sobre cuestiones ya más nucleares de esa ley de amnistía sobre si afecta o no por ejemplo a la independencia judicial o a la separación de poderes.
Dicho esto, son ciertas dos cosas. La primera es que en esa sentencia se hacen algunas afirmaciones que si se confirman en sentencias posteriores que tiene que decir el TJUE supondrán efectivamente la validación de toda la ley de amnistía. Es decir, ya apunta un camino, una senda en una dirección que puede que se confirme o no, pero que es de esperar que se confirme en posteriores sentencias del TJUE.
Y en segundo lugar, esta sentencia sí que tiene un efecto directo sobre la situación de Puigdemont. Y todo el revuelo político que se está planteando viene precisamente de eso. Porque al responderle al Tribunal de Cuentas sobre la responsabilidad administrativa contable por la que le preguntaba, el TJUE ha dicho: es que la ley de amnistía no es contraria a los intereses financieros o presupuestarios de la Unión Europea.
¿Por qué esto es importante para la situación de Puigdemont, al que no se le pide responsabilidad administrativa contable sino un delito de malversación? Es importante porque el Tribunal Supremo no le aplica a Puigdemont la ley de amnistía porque entiende que la malversación que se le imputa a Puigdemont no está amparada por la ley de amnistía por dos razones. Y una de esas razones era porque entendía que la ley de amnistía era contraria a los intereses financieros o presupuestarios de la Unión. Ese argumento, por tanto, se cae. De dos razones que daba el Supremo para no aplicar la ley de amnistía a la malversación de Puigdemont, uno de ellos se cae ¿Eso qué significa? Pues que se allana el camino a que venga Puigdemont.
Queda todavía un argumento, pero como la negativa del Supremo de aplicarle a Puigdemont la ley de amnistía está ahora en el Constitucional recurrida en amparo. El Tribunal Supremo tomó esa decisión. No necesitó consultar con Europa, sino que entendió que directamente la ley de amnistía no era de aplicación a la a la malversación de Puigdemont, pues Puigdemont lo recurrió en el Tribunal Constitucional por vía de amparo. Y ahora eso es lo que está pendiente de resolverse, que parece que se va a resolver en otoño de este año.
El Tribunal Constitucional ahora tiene muy fácil cargarse al menos uno de los argumentos del Tribunal Supremo, que decía que afectaba a los intereses financieros y presupuestarios, y ya ha dicho el TJUE que no, con lo cual el Tribunal Constitucional ahí lo tiene muy fácil. Y posiblemente también se lleve por delante el otro argumento que utiliza el Supremo para denegar la aplicación de la ley de amnistía a Puigdemont. Con lo cual es muy posible que en octubre el Tribunal Constitucional estime el amparo de Puigdemont y obligue al Supremo a aplicar sobre Puigdemont la ley de amnistía. Por lo tanto, lo razonable es que el Tribunal Supremo levante la orden de detención que pesa sobre Puigdemont.
– ¿Comparte ese apartado de la sentencia que dice que se ha producido una reconciliación en Cataluña?
– Aquí yo creo que tenemos que ser más precisos ¿Por qué? Porque el problema, entiendo yo, es que una paz social, una reconciliación, no se consiguen haciendo excepciones a la ley, sino aplicando la ley que es igual para todos.
Creo que el Tribunal de Justicia de la UE ha caído en la trampa del nombre que se ha dado a la ley de amnistía. Habla de que es una ley para la reconciliación, pero solamente porque la ley lo dice, porque realmente no ha habido reconciliación alguna. El TJUE está asumiendo este concepto sin hacer crítica alguna y sin comprobar si es verdad que ha habido o no reconciliación. No tiene en cuenta por ejemplo el informe que hizo la Comisión de Venecia en el año 2024 a la totalidad de la ley de amnistía y que puso de manifiesto que se había producido en España una gran fractura social y política como consecuencia de esta ley de amnistía, con lo cual no era una cosa pacífica ni ha habido reconciliación.
Pero es que, además, nos encontramos con que reconciliación no hay si resulta que los propios beneficiados por la amnistía se empeñan en que efectivamente ese no es el camino y no se arrepienten. ¿Y cómo vamos a hablar sinceramente de que hay una reconciliación cuando sabemos que es la condición que se puso para lograr la investidura y que el fin último fue conseguir la investidura del (presidente del) Gobierno y no la de la verdad? Es decir, el problema es que el TJUE, si se cree simplemente que como la ley dice que está la reconciliación, pues es para la reconciliación y ya está, pero no entra a comprobar si eso fue así o no. Entonces, creo que el futuro que viene ahora es muy desalentador.
Nos encontramos con que cualquier formación política, mediante el juego de la mayoría parlamentaria, puede perdonarse a sí misma o a los suyos los delitos que quiera en cualquier momento dando la justificación que quiera, porque parece ser que nadie va a comprobar que si esa justificación o esas razones son reales o no.
– ¿Le ha sorprendido esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea?
– No me sorprendió mucho porque ya en noviembre de 2025, el abogado general para que el TJUE dicte sentencia necesita una serie de informes. Uno es el del abogado general y lo cierto es que el Tribunal de Justicia Europea en el 70 o 80% de las ocasiones sigue las conclusiones del abogado general. Y el abogado general se pronunció en estos mismos términos, con lo cual era razonable pensar que el TJUE iba a seguir la senda del abogado general, aunque en el fondo yo tenía la esperanza de que se apartase al menos en las partes más evidentes. Pero no ha sido así.
– La confrontación del Gobierno con los jueces se ha convertido ya en un clásico en los últimos años, sobre todo en la actual legislatura, y que se han recrudecido con esta sentencia. Algunas de las acusaciones más duras proceden de ministros como el de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, que dijo que “hay jueces que prevarican”. Me gustaría saber su opinión al respecto
– Mi opinión es que este tipo de manifestaciones o declaraciones son muy malas para la salud democrática de este país. Yo creo, y de hecho hemos escuchado hace unos días al responsable del PSOE de Extremadura afirmar que es perfectamente compatible defender públicamente la inocencia de los tuyos y a la vez transmitir a la ciudadanía un mensaje de confianza en sus jueces, en la justicia. Y lo hizo de forma muy elegante. Dijo que creía en la inocencia de estas personas y que confiaba en la independencia de los jueces y tribunales. Es decir, que es posible mandar ese mensaje.
Cuando, sin embargo, para defender la inocencia de los tuyos lo que optas es por atacar al poder judicial, que no quepa duda que se trata de una decisión consciente para confrontar con el poder judicial y para deslegitimarlo. No hace falta para defender la inocencia atacar al poder judicial en general. Si optas para defender la inocencia de los tuyos por esa confrontación con el poder judicial, lo haces por una decisión consciente y deliberada dirigida a presentar a los jueces como personas no fiables. Y claro, lo peligroso de ese mensaje es que viene de altos responsables políticos en los que confían muchos ciudadanos. Y si los ciudadanos reciben de sus líderes políticos ese mensaje de que los jueces están haciendo política o que no son imparciales, parte de esos ciudadanos se lo creen. Y si los ciudadanos no confían en sus jueces, los jueces seremos menos eficaces en la labor que tenemos precisamente encomendada en nuestra constitución, que es la de velar por que la ley se cumple por todos, también por los poderosos.
– Hay algunos políticos, periodistas y politólogos que comparan la situación que se está produciendo actualmente en España con lo que sucedió en Cataluña durante el proceso soberanista, denominándolo como un “procés español” ¿Está de acuerdo con ese término?
– Yo no haría exactamente esa comparación, pero es verdad que cierto peso tiene. Es decir, entiendo a qué obedece realizar esa comparación. Y obedece a que se utilice el propio sistema desde dentro para torpedear el propio sistema, que es un poco lo que pasó en el independentismo catalán, que se utilizaron las instituciones catalanas para ir en contra de la ley y esto es un poco lo que podemos efectivamente estar viendo. Que desde dentro de las instituciones del poder ejecutivo y del poder legislativo se está atacando al poder judicial. Con lo cual se está atacando al propio sistema de Estado de derecho que tenemos y que lo único que puede salir de ahí es nada bueno, porque a menos Estado de derecho, más desprotección de los ciudadanos frente a los abusos y arbitrariedades del poder.
