Las denuncias contra la Delegación del Gobierno en Melilla por impago de salarios se suceden. Si hasta ahora habían sido los trabajadores de los Planes de Empleo, que aseguraban que desde que fueron contratados a finales de 2021 no habían cobrado sus emolumentos, ahora son los empleados que están incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) los que aseguran que tampoco reciben sus salarios, en este caso señalan que hay casos de trabajadores que sufren esta situación desde noviembre.
Según han denunciado a este periódico afectados, tantos meses de espera para recibir lo que por derecho les corresponde, les está causando grandes problemas, no solo económicos sino también sociales y familiares, porque aseguran que estos retrasos se produjeron en fechas significativas como Navidades y Reyes, en los que no pudieron satisfacer los deseos de sus parejas e hijos de tener al menos algún detalle en celebraciones tan destacadas.
Aseguran que en estos casi cuatro meses de impagos, han tenido que hacer frente a las amenazas de caseros de echarles de sus casas de alquiler, de pagar recargos en los bancos, de no poder abonar letras de deudas que han tenido que contraer y otra serie de circunstancias, que les están haciendo pasar por uno de los momentos más amargos de sus vidas. Señalan que si el Gobierno se ha comprometido a apoyar a la clase trabajadora en esta crisis sanitaria, no entienden cómo no les pagan lo que les corresponde.
Y realmente no les falta razón porque con las sumas astronómicas que se difunden por parte del Ejecutivo central, sobre todo las llegadas desde la Unión Europea, no se comprende cómo no se les paga a estos trabajadores. Las autoridades correspondientes deben poner solución al problema lo antes posible. Es una cuestión social de primer orden y también de justicia, porque quien hace un trabajo, merece que se le abone. Y que sea una administración pública la morosa, clama al cielo. Es algo realmente inconcebible.
