El Tribunal de Cuentas (TCu) dio ayer un nuevo tirón de orejas al Gobierno melillense por su gestión económica. Concretamente, la referida a los años 2010 y 2011, cuyo informe de fiscalización fue presentado ayer por la tarde en el Congreso de los Diputados por el presidente del TCu, Ramón Álvarez de Miranda, que informó de que en estos momentos se está investigando en el ámbito judicial y en el del propio TCu un presunto delito de malversación de caudales públicos sobre supuestas irregularidades en contrataciones de obras y servicios y en modificados "no justificados" en proyectos primitivos. Durante su comparecencia en la Comisión Mixta para las relaciones con el TCu, Álvarez de Miranda explicó que en el informe de fiscalización de los ejercicios de 2010 y 2011 se han detectado "responsabilidades contables y penales". Unas responsabilidades que la Fiscalía Provincial de la Audiencia de Málaga remitió a la Sección de Enjuiciamiento del TCu la semana pasada.
Por eso Álvarez de Miranda dijo que en estos momentos hay "pocas actuaciones como para informar de ellas" en la Cámara, como pedía el diputado socialista y portavoz de su grupo en la Comisión, Javier Barrero. "Está en manos de la Sección de Enjuiciamiento, que actuará sobre este tema", aseguró el presidente del TCu, quien solo dijo que se trata de "supuestos derivados de un presunto delito de malversación de caudales públicos" que están en manos de la Fiscalía Provincial de la Audiencia, y sobre los que el TCu "desconoce en qué situación se encuentra".
No obstante, sí dijo que "las responsabilidades que se han hecho llegar a la Sección de Enjuiciamiento del TCu se refieren a irregularidades de contrataciones de obras y servicios", y también a "modificados no justificados en proyecto primitivo".
Esta actuación parte del informe de fiscalización de los ejercicios de 2010 y 2011, que aunque fue presentado ayer en el Parlamento, ya había sido aprobado en el TCu en noviembre del año pasado, más concretamente el día 28.
En este informe, el TCu vuelve a dar un tirón de orejas a la Ciudad Autónoma de Melilla por su gestión económica en aquellos años. Numerosas fueron las recomendaciones que el presidente de este órgano fiscalizador fue enumerando en su primera intervención durante la comisión.
Una de esas recomendaciones hacía alusión a las "deficiencias en la contratación administrativa", en las que "se observa que en un número significativo de casos no se justificaba adecuadamente la necesidad de celebración de los contratos".
En relación con las ejecuciones de los contratos, el TCu afirma que "hubo demoras significativas no justificadas y ampliaciones de plazo que en ocasiones afectaban a contratos adjudicados a licitadores que habían ofertado reducciones en plazos de ejecución". "También había modificaciones que no respondían a nuevas necesidades no previsibles en el momento de adjudicación del contrato", aseveró el responsable del TCu.
El interventor
Según el informe del Tribunal de Cuentas, las "deficiencias en la contratación administrativa" también se debían a que en algunos casos de contratos, "no constaba la fiscalización previa de la intervención antes de la aprobación del gasto, sustituyéndola por informes favorables que diferían esa fiscalización a un momento posterior"
El TCu se refería concretamente al hecho de que "el informe de Intervención" de los Presupuestos de la Ciudad Autónoma estaban emitidos "por una persona que no reunía las condiciones de objetividad e independencia exigibles". Aunque no dio más detalles el presidente del TCu, más tarde el diputado del PSOE sí aclaró este apunte al afirmar que el interventor en aquella época era al mismo tiempo el director general de Hacienda.
"Quien hace las cuentas y quien las controla es la misma persona", resumió el socialista al recordar que esta compatibilidad de funciones se dio en la Ciudad Autónoma de Melilla entre 2002 y 2011. Para Barrero, esta situación es "impensable en una democracia", de ahí que preguntara al presidente del TCu por la nota que había presentado el fiscal ante la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas "por choque de intereses", si bien por ahora "no hay noticia al respecto", lamentó.
El resto de grupos de la oposición también se refirieron al asunto del interventor, pero se centraron más en el hecho de que en esos nueve años estuviera ocupando el puesto de manera "accidental" tras la jubilación del anterior responsable. Para el diputado de Entesa, Rafael Bruguera, "no deja de sorprender que desde 2002 siga sin cubrirse la plaza", aunque dijo no dudar de la profesionalidad de quienes la han estado ocupando de manera accidental a partir de aquel año.
Otras recomendaciones
Otras de las recomendaciones del informe del TCu sobre los ejercicios 2010 y 2011 no son nuevas, pues ya fueron contempladas en la fiscalización de años anteriores. Los diputados de la oposición se mostraron especialmente molestos con este panorama, e incluso alguno llegó a pedir al presidente del TCu que ponga medios "para solucionar hechos que sistemáticamente afectan a la mala contabilización" en las arcas de la Ciudad Autónoma. Así lo dijo el diputado de Izquierda Plural, Ricardo Sixto, que calificó el informe como un "desastre melillense".
En este sentido, durante su última intervención, el presidente del Tribunal de Cuentas dijo que el hecho de que se repitan recomendaciones en el informe de 2010 y 2011 "no quiere decir que no se hayan recibido otras recomendaciones cumplidas" durante los años posteriores, y así destacó en el Congreso que la Ciudad Autónoma ha ido asumiendo los toques de atención que ha recibido en diferentes cuestiones. Así, el Gobierno melillense se retrasa menos ahora en el envío de información y ha elaborado un nuevo inventario. También ha llevado a cabo una reestructuración de ingresos para su control, y una aplicación informativa sobre el IPSI.
Pero aún le quedan otras por asumir, como las del informe de fiscalización de 2010 y 2011. Entre ellas, Álvarez de Miranda enumeró recomendaciones como el hecho de que las cuentas fueron rendidas fuera de plazo (un año en el caso de 2010, y tres meses en el de 2011), no se han rendido cuentas de la sociedad Consorcio Puerto XXI ni la documentación sobre su liquidación, y hay diversas deficiencias en la tramitación de modificaciones presupuestarias.
También hay una recomendación acerca del contrato de la Ciudad Autónoma con la empresa que se encarga de recaudar los tributos, a la que abonó "indebidamente" 855.000 euros en concepto de colaboración en la recaudación voluntaria de autoliquidaciones "sin que en el contrato constara ningún tipo de retribución por este concepto".
Poner freno
Los tres diputados de la oposición, en sus respectivas intervenciones, coincidieron al criticar la gestión económica de la Ciudad Autónoma de Melilla. El PSOE fue el más duro, al pedir al TCu "que se ponga freno a este tipo de situaciones" para conseguir que el Gobierno de Melilla "tenga hábitos de buen gestor de dinero público". "Hábitos democráticos", especificó Javier Barrero, para quien las recomendaciones del TCu en el caso de Melilla son "papel mojado" porque "se repiten "sistemáticamente año tras año", hasta el punto de que las intervenciones parlamentarias sobre este asunto son "frustrantes" por no obtener resultado. Además, el socialista incidió en las presuntas responsabilidades contables y penales que podrían derivarse del informe de 2010 y 2011, tal y como "aprecia el fiscal", aunque el abogado del Estado "no ve responsabilidad alguna".
El portavoz de Izquierda Plural también incidió en el hecho de que la Ciudad Autónoma contratara una auditoría externa para sus cuentas de 2010 y 2011 "para tratar de lavar su cara" en la fiscalización de sus cuentas. "Esta auditoría privada ha costado un dinero y el propio TCu no lo ha valorado positivamente", dijo.
Defensa del PP
El último de los diputados en intervenir fue Antonio Gutiérrez, que ejerció como portavoz del PP en la comisión, en la que ejerció como defensor de la labor de la Ciudad Autónoma. Así, Gutiérrez recordó que el Gobierno melillense hace un "envío permanente y constante" de la documentación que le es solicitada por el Tribunal de Cuentas, lo que "demuestra la voluntad de colaboración". En concreto, la Ciudad Autónoma ha atendido más de un centenar de peticiones al respecto.
También hizo "matizaciones" al informe del TCu, ya que el Ejecutivo melillense ha presentado alegaciones a dicha fiscalización, y dejó claro que muchas de las recomendaciones ya se han tenido en cuenta en los ejercicios de 2012 y 2013, dando "cumplida cuenta" de ellas, lo que "demuestra el talante de la Ciudad Autónoma de ir progresivamente haciendo como se está haciendo de una forma adecuada".
