Se ha aprobado inicialmente el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno de la Ciudad Autónoma, contando con los votos a favor de todos los partidos con representación en la Asamblea, a excepción de los siete diputados de Coalición por Melilla, que decidieron abstenerse. Según expuso el cepemista Yasín Puertas, la razón era que el Gobierno no había hecho caso a la propuesta de incluir los Informes de Reparación, aunque Conesa argumentó que la ley no obligaba a ello.
Ayer se aprobó en Pleno, con la abstención de los siete diputados de Coalición por Melilla (CPM), el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno de la Ciudad Autónoma. El resto de partidos con representación en la Asamblea (PP, PSOE, Grupo Mixto, Ciudadanos) ya se posicionaron a favor en la Comisión del 11 de mayo, por lo que el documento fue aprobado con los votos favorables de 17 diputados.
El portavoz del PP en la Asamblea, Daniel Conesa, defendió que la aprobación del Reglamento de Transparencia supone “un paso importante” para la Ciudad, ya que se trata de un documento “muy extenso” en el que se recogen “cantidades ingentes de información”. Además, aseguró que la intervención política en su redacción ha sido “escasa”, ya que los técnicos han sido quienes se han encargado de adaptar el documento a la ley.
Por su parte, el diputado de CPM, Yasín Puertas, explicó que su grupo se abstenía de apoyar la aprobación del Reglamento de Transparencia “porque el Gobierno no aceptó la propuesta” planteada por su formación para que se hicieran públicos los Informes de Repaso redactados por Intervención. En esta línea, subrayó que sería interesante que la ciudadanía pudiera acceder a estos documentos para conocer “qué cosas se echan hacia atrás, se cambian o no se pueden hacer”, haciendo hincapié en que su acceso podría “ayudar a entender y detectar patrones de gestión”.
No obstante, Conesa argumentó que no se ha incluido la publicación de estos informes por una cuestión de “operatividad” ya que, aunque admitía que hay “pocos” informes de este tipo, insistía en que “no tienen la mayor transcendencia” y en que los diputados y los ciudadanos podían acceder a su contenido mediante una petición en la administración pública.
