El Gobierno que componen Coalición por Melilla, Partido Socialista y Eduardo de Castro mantiene entre sus altos cargos a una persona procesada y a punto de sentarse en el banquillo de los acusados por el caso de la contratación menor en el área de Deportes. Hablamos del director general de Deportes, Alfonso Gómez “Sito”, mano derecha del consejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, Rachid Bussian, quien hasta ahora se ha negado a revelar qué va a hacer con él. Cuando un periodista le hizo la pregunta, se excusó diciendo que la rueda de prensa era sólo para hacer un balance del trabajo realizado en Fitur, viaje, por cierto, al que también fue su director general. En cambio, el consejero sí contestó al resto de preguntas que le formularon, aunque fueran de otros temas distintos. Quizá el problema era que no quería hablar de este tema, espinoso para Coalición por Melilla y el resto de sus socios, que están manteniendo en su organigrama a una persona procesada cuando ellos mismos, en sus tiempos de oposición, y también ahora en el Gobierno, han exigido responsabilidades políticas a cualquier adversario que estuviera simplemente imputado.
Vemos, por lo tanto, una total incoherencia en sus actos, lo que les resta credibilidad y fuerza a la hora de exigir a los demás. Y, sobre todo, da lugar a un halo de sospecha, a que la opinión pública piense que si mantienen en su puesto a una persona con problemas judiciales podría ser por miedo a lo que pueda saber, a que hable y tire de la manta, lo que no deja en buen lugar a los jefes políticos, de quien dependen los nombramientos. Lo mismo sucedió con el caso de Mohamed Mohand, que sigue como diputado, y la falta de autoridad que está demostrando el PSOE para expulsarlo de sus filas tras promover su cese y pedirle de manera infructuosa que entregara el acta de diputado.
Volviendo al caso del director general de Deportes, llama la atención no sólo la actitud de Coalición por Melilla, guardando un silencio intolerable sobre este asunto. También es rechazable la que están teniendo los socios políticos, que tampoco hablan de ello alegando que es cosa del consejero de Deportes. Esa fue la respuesta de la vicepresidenta primera de la Ciudad Autónoma, y suponemos que aún portavoz, Gloria Rojas, cuando le preguntaron por ello en una rueda de prensa. Y eso que el tema podría tocarle de refilón en las competencias, al ser ella consejera de Presidencia y Administración Pública. En vez de hablar de este tema, se dedicó a criticar al secretario general del PP, Miguel Marín, que ha quedado fuera de este procedimiento judicial tras ser admitido su recurso por parte de la Audiencia Provincial.
De nuevo, una incoherencia, atacar a quien la Justicia señala como inocente. Y otra más cuando el Consejo de Gobierno decide personarse como acusación particular unas horas antes de enterarse del archivo de la causa contra Marín. Después de enterarse, lo descarta, aunque el caso siga adelante porque sigue habiendo dos implicados, el exconsejero Francisco Robles, y el director general, “Sito”. La pregunta ya no es por qué lo mantienen en el cargo, sino por qué callan, se niegan a hablar y se dedican a marear la perdiz, cuando su postura en casos de este tipo, al menos en teoría, siempre ha sido tajante en pro de la transparencia y regeneración.
