La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados aprobó ayer por primera vez una iniciativa en la que se insta al Gobierno a derogar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana puesta en marcha por el PP en 2015 –llamada “Ley Mordaza” por sus críticos–. Esta derogación, aprobada por todos los grupos menos PP y Ciudadanos (C’s), también incluye las denominadas “devoluciones en caliente” de inmigrantes en sus intentos de entrada irregular en los perímetros fronterizos de Melilla y Ceuta, que el Ejecutivo llama ‘rechazo en frontera’. Con esta decisión, el Congreso tumba esta medida justo un año después de su entrada en vigor el 1 de abril de 2015, mediante la disposición final primera de la Ley de Seguridad Ciudadana, que reformaba la la Ley de Extranjería. El Gobierno de Rajoy la justificaba al señalar que esta medida revestía de mayor garantía legal la actuación de la Guardia Civil en la custodia y defensa de las fronteras de Melilla y Ceuta.
La medida causó un considerable rechazo entre los partidos de la oposición y diferentes asociaciones y ONG al considerar que los rechazos en frontera vulneraban los derechos de los inmigrantes. El Gobierno negó este argumento al recordar que dicha disposición disponía que “el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte”.
Hay que recordar que la entrada en vigor de la medida se produjo cuando el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla investigaba la actuación de varios guardias civiles, entre ellos el entonces responsable de la Comandancia de Melilla, el coronel Ambrosio Martín Villaseñor. Ambos procedimientos quedaron archivados finalmente.
“No acordes a la Constitución”
Sin embargo, la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados acordó ayer la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, incluido el rechazo en frontera. Los grupos de la oposición, salvo Ciudadanos, apoyaron una proposición no de ley que ha promovido en primera instancia ERC, y que ha sido pactada con el PSOE. La votación se saldó con 28 votos a favor de PSOE, Podemos, ERC y Democracia y Libertad, y 15 votos en contra de PP y Ciudadanos.
En ella, se insta al Gobierno a “paralizar de manera inmediata las devoluciones en caliente en la frontera de Ceuta y Melilla, por considerar dichas prácticas no acordes a la Constitución y a los tratados internacionales firmados por España, tal y como han declarado el ACNUR y el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, entre otros”.
El promotor de la iniciativa, el diputado de ERC Gabriel Rufián, considera que esta ley “debería avergonzar a sus perpetradores (al PP)”. A su juicio, se trata de una de las “reformas más indignas y reaccionarias” de cuantas iniciativas emprendió el “rodillo absolutista del PP” en la pasada legislatura.
Dijo que la norma “hace bueno, “con el permiso del inefable ministro Jorge Fernández Díaz”, al ministro socialista Corcuera, autor de la Ley anterior de 1992 conocida con el nombre de ‘Ley de patada en la puerta’. “Es una ley que escandaliza a Amnistía Internacional y a las organizaciones internacionales pro derechos humanos, que legaliza recibir a palos y pelotazos a centenares de personas que se encaran a una valla de Ceuta y Melilla, pese al deseo que les hizo marchar de sus países”, alertó el republicano catalán.
Desde diciembre de 2014 existe un compromiso parlamentario por derogar esta normativa en cuanto cambiase la mayoría del arco parlamentario. En concreto, uno de los puntos que más críticas generó por parte de la oposición fue el rechazo en frontera de inmigrantes en Ceuta y Melilla, lo que la iniciativa parlamentaria viene a llamar “devoluciones en caliente”, que fueron recurridas ante el TC de forma conjunta por PSOE, IU-ICV-CHA, UPyD, Compromis y Coalición Canaria.
Elena Ribera, de Democracia y Libertad, apoya esta ley porque más de que de seguridad ciudadana es a su juicio “de inseguridad ciudadana”. Por parte de Podemos, el navarro Eduardo Santos, adelantó su voto a favor de la iniciativa planteada porque, entre otros puntos, defendió que “esta ley es un conjunto de normas que a su juicio vulneran los derechos fundamentales”.
El PP, “igual de sensible”
Belén Hoyo, del PP, argumentó que la ley lleva más de medio año en vigor y no ha pasado nada, más allá de que la oposición haya “intentado meter miedo a la gente” cuando “España es un país seguro”. La ‘popular’ subrayó que proteger los derechos humanos es algo “fundamental” y así ha criticado el discurso “demagógico y populista” de Rufián con esta iniciativa.
Según subrayó, en el PP son “conscientes” de las situaciones “desesperadas” que viven las personas que dejan su país por un futuro mejor y advirtió al republicano catalán de que son “igual de sensibles” que él sobre esta casuística, aunque “más responsables porque es una irresponsabilidad no querer defender las fronteras”.
