La representante en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Francesca Friz-Prguda, ha llamado a emprender “con prioridad” una reforma integral del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, que “está muy lejos de cumplir las directivas europeas y otros instrumentos internacionales de Derechos Humanos”. Estas declaraciones de la máxima responsable de ACNUR en España se producen mientras el Gobierno está desarrollando unas obras de ampliación del CETI de Melilla con la intención también de “adaptarlo” al nuevo perfil de los migrantes que son acogidos en él, tal y como expuso hace apenas un mes su delegado en nuestra ciudad, Abdelmalik El Barkani. “Melilla es el mayor punto de entrada de refugiados en España y el 90% de los ocupantes del CETI lo son. Allí la aplicabilidad de la directiva europea al respecto está fuera de duda. Siendo así, el centro está lejos, muy lejos, de cumplir las mínimas previsiones de esta directiva y más allá de ella, de cumplir con otras normas internacionales como la Convención de los Derechos del Menor y otros instrumentos de Derechos Humanos”, asegura.
En una entrevista con Europa Press, incide en que si estos argumentos “no son suficientes” para tomar medidas en esta instalación diseñada para 480 personas y que ha llegado a acoger a cerca de 2.000, “basta con echar un ojo allí y preguntar a alguna señora cómo es su vida cotidiana dentro y qué es lo que hace”. “Después de eso ya no te quedan dudas de que ese no es el sitio para que refugiados y solicitantes de asilo pasen más de tres o cuatro días”, señala.
No es la única institución que se ha pronunciado al respecto. El Ministerio del Interior tiene sobre la mesa varias recomendaciones de la Defensora del Pueblo, las dos últimas remitidas este otoño, en las que se le invita a trasladar “de manera urgente” a la Península a familias con menores de edad y personas con discapacidad, así como a diseñar un plan para “atender las necesidades educativas específicas” de los niños.
La defensora, Soledad Becerril, que en una entrevista con Europa Press criticaba el incremento exponencial de habitantes en el CETI y la “falta de capacidad en la resolución y en la toma de decisiones sobre esas personas”, recuerda a Interior que “la llegada de un alto número de refugiados debe suponer un aumento de medios humanos y materiales para dar cumplimiento a las obligaciones suscritas por España”.
Dos posibilidades
Friz-Prguda considera que la próxima Administración, sea la que sea, debería tomar este asunto como prioridad. En el ACNUR plantean dos posibilidades, pero la primera implica “remodelar el CETI tan drásticamente que satisfaga las normativas europeas o de protección internacional” para ofrecer “unas condiciones mínimas de vida” a sus residentes, lo que supone “un cambio total y absoluto de todo” y “se hace muy difícil”.
La segunda es la apuesta del Alto Comisionado y pasa porque el CETI “sea lo que debiera ser”, un punto de primera acogida, donde recalen los extranjeros, refugiados o no, que lleguen a Melilla y donde sobre la marcha, se les tomen las huellas dactilares, se les identifique y se les derive al sistema que competa, ya sea a un Centro de Acogida de Refugiados (CAR) en la Península, ya sea a los recursos para menores de edad solos o víctimas de trata, ya sea a la vía de extranjería para deportación.
“Tiene que ser un punto de rápida identificación y derivación, de modo que la estancia máxima en el CETI sea de tres o cuatro días, porque se puede en ese tiempo perfectamente identificar a la gente, tomarle las huellas y luego, como se viene haciendo en otros lugares de la Unión Europea, transferir a las personas a donde existen realmente condiciones de acuerdo a sus necesidades y a las obligaciones del Estado respecto de las personas en solicitud de asilo o en situación vulnerable”, explica.
El CETI no sería un punto aislado. ACNUR viene proponiendo al Gobierno un mecanismo de rápida identificación y derivación de personas llegadas por vía irregular que opere en toda la frontera sur, tanto en las ciudades autónomas como en las costas canarias, andaluzas y murcianas, y que involucrando tanto a las ONG como a las fuerzas de seguridad, permita armonizar el respeto escrupuloso de los derechos humanos con la seguridad e integridad de las fronteras.
“Hemos elaborado este proyecto muy concreto para un mecanismo rápido y hemos avanzado mucho con la administración, pero después no se ha realizado el proyecto piloto que se había acordado por razones que me son desconocidas. Esperamos claramente que la nueva Administración lo retome y lo ponga en práctica”, comenta Friz-Prguda.
En su opinión, “es curioso que exista ese discurso sobre la seguridad, el control y el cerrar las fronteras pero las cosas más básicas que se pueden hacer y que crean una situación de equilibrio entre control fronterizo y protección internacional no se pongan en práctica”. “No lo veo muy razonable. Ojalá la nueva administración lo retome”, añade la responsable de ACNUR en España.
