El jueves 14 de septiembre los nacionalistas separatistas de Cataluña han celebrado en la Plaza de Toros de Tarragona el acto inaugural de la campaña del 1-O proreferendum por la independencia de Cataluña, en el que intervieron como estrellas los promotores del desafío al Estado, y al Estado de Derecho, Sres. Puigdemont y Junqueras. Así, el gobierno de Cataluña sigue desobedeciendo al TC que ha suspendido, entre otras, … …la ley de 6 de septiembre de 2017 del Parlamento catalán sobre el referéndum de independencia y que será anulada por incompetencia manifiesta ya que el titular de la soberanía nacional es todo el pueblo español (arts. 1 y 2 CE 1978). Es paradójico que el desafío al Estado de Derecho lo promueve y desarrolla el gobierno catalán que es una institución del propio Estado. En efecto, el art. 137 de la Constitución Española de 1978 dice: “El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus propios intereses”. A su vez, el art. 152.1 dice que al Presidente de cada Autonomía “le corresponde la dirección de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla”; es decir, Cataluña es una Comunidad Autónoma de España, el Presidente de la Generalidad ostenta la “representación ordinaria del Estado” en esa Comunidad, y este Sr. y su gobierno han desafiado al Estado.
En cualquier relación humana o institucional además de la necesidad de cumplir la ley, existe el principio de lealtad entre las personas, y tratándose de la representación el representante debe actuar con lealtad, dentro de sus atribuciones y rendir cuentas.
Sin embargo, tras las pseudoleyes aprobadas y actos desplegados por el Gobierno de la Generalidad, todos ellos ineficaces, observamos dos circunstancias. De un lado, la actitud de rebeldía total adoptada contra el Estado de Derecho, y, la segunda, que estos actos de “bravuconería” (bien elegido por tanto el lugar: la Plaza de Toros) son una auténtico “canto del cisne”. Evidentemente, la carrera política de estos actores-autores de delitos está prácticamente acabada. Y digo, prácticamente, porque les quedan estas dos semanas de “campaña” y la traca final del día 1-O por la noche (si todavía ocupan sus funciones actuales) cuando declaren –solemnemente- al amparo de las leyes suspendidas por el TC (que ellos consideran vigentes), que el referéndum se ha celebrado (aunque sea en pocas urnas y poblaciones) y que ha ganado el sí (aunque sea votado por 10 personas a favor) porque, en su voracidad independentista, no han fijado un quorum mínimo de participación, ni un mínimo de votos favorables, ni mínima garantía jurídica. Así, declararán alborozadamente que Cataluña ha alcanzado la independencia y ha nacido la República de Cataluña. A continuación, la policía los detendrá y pondrá a disposición judicial, si no estuvieran, previamente, suspendidos por la aplicación del art. 155CE.
Efectivamente, lo que ocurre en este ámbito jurídico-institucional es “malo”, aunque acabará encauzado por la fuerza del Estado de Derecho; pero es peor la siembra ideológica nacionalista, auténticamente “nazi” (superioridad, discriminación, masas, uniformidad, lemas, símbolos, propaganda, antorchas…) realizada y cultivada por los fanáticos nacionalistas separatistas a los que se han sumado, como aliados en la causa independentista, los radicales antisistema de ideología comunista.
Esto merece un estudio en profundidad por la grave división creada en una sociedad tradicional y secularmente homogénea, pero que desde hace años sufre por el adoctrinamiento político nacionalista en la escuela pública, la condena del discrepante y el aluvión de mensajes desde los medios de comunicación subvencionados con generosidad.
Ciertamente, han sido los abundantes elementos disponibles por la Generalidad los que han permitido llegar a este desafío y envalentonamiento contra el Estado y contra sus propios ciudadanos, es decir, la sufrida sociedad catalana: abundantes recursos públicos para propaganda (TV3 y medios) y subvenciones (asociaciones radicales ANC y Omnium),, una educación teledirigida contra España y los españoles, y la falta de asimilación del concepto de unidad de España y del principio de Autonomía, que van unidos (art. 2º CE) y de asumir “humildemente” que “la autonomía no es soberanía”. Además, del abuso de poder los ciudadanos han sufrido la penosa corrupción del 3% y la inseguridad jurídica de ese sistema.
Sobre los recursos públicos gastados en propaganda se debería hacer una auditoria para conocer la realidad, que debe ser escandalosa, así como sobre las subvenciones concedidas a empresas, asociaciones y personas amigas del nacionalismo. Mas aún cuando la situación financiera de Cataluña es dramática pues el principio de buena gestión es inexistente y su déficit de recursos los cubre a préstamo del Fondo de Liquidación Autonómica (FLA) que suministra el Estado.
Sobre el adoctrinamiento en la escuela basta leer los libros de texto utilizados en las escuelas, y la imposición lingüística que ha expulsado la posibilidad de estudiar en la lengua oficial de España, el castellano, cuando es la lengua materna de la mayoría de los alumnos.
Y, finalmente, hay que hablar con normalidad de España como nación, de la idea de unidad de España, de que la autonomía no es soberanía, y que esto significa que corresponde a todos los españoles el derecho a cambiar el texto de la Constitución Española según el procedimiento de reforma constitucional sin que pueda ser acordado sólo por unos pocos. Por ello, conviene que se conozca el reparto de competencias entre el Estado (exclusivas: 149.1) y las Comunidades Autónomas y el principio de igualdad de todos los ciudadanos, cualquiera que sea su lugar de residencia (arts. 139.1 y 149.1.1).
CONCLUSIÓN: Las actividades ilegales del Gobierno de Cataluña, probablemente, salvo que se frenen antes del 1-O, culminarán con una pomposa declaración ilegal de independencia, pues les basta que vote una persona a favor, en cualquier circunstancia, e inmediatamente se impondrá el Estado de Derecho; pero en los ámbitos sociales y políticos debe quedar claro los principios de unidad, soberanía y autonomía constitucionales, y que todos los españoles tenemos los mismos derechos y deberes en cualquier lugar de España. En fin, la Constitución debe cumplirse y hacerse cumplir y, sobre todo, debe conocerse.
