Medio centenar de militares profesionales de Melilla han acudido hasta el momento al Bufete Osuna para que les represente e impedir que al cumplir los 45 años tengan que abandonar el Ejército tal como establece la norma que aplica el Ministerio de Defensa. Se espera que más afectados por la llamada cláusula de edad se sumen a la demanda. Los letrados del bufete sevillano argumentan, en defensa de sus representados, que los contratos son cuanto menos irregulares al fijar este tipo de cláusulas que “van en contra de la normativa europea”, de ahí que esperan que su demanda prospere.
Según los abogados Fernando Osuna y Carlos López Pérez, en Melilla existe «un contingente considerable» de personal de tropa y marinería, soldados, cabos y cabos primeros principalmente, que a la edad de 45 años tendrán que abandonar las Fuerzas Armadas (FAS) según viene recogido en los contratos que firmaron al incorporarse al servicio tras superar unas pruebas de aptitud. Pero «las condiciones de esa salida son muy negativas desde el punto de vista económico».
Cláusula abusiva
Ante ello lo que cabe es «plantear una serie de reclamaciones, de acciones judiciales primero por la vía administrativa y después por la de los tribunales de justicia, sin descartar los tribunales europeos, para defender los intereses de estas personas y que o bien reciban una compensación económica importante o su permanencia hasta los 65 años». Los letrados del Bufete Osuna que se encargan de este asunto tienen claro que la normativa europea prohíbe a los estados miembros «este tipo de contratos que incluyen cláusulas muy perjudiciales y por tanto, les obliga a eliminar estas circunstancias aunque los propios afectados hayan firmado los contratos aceptando estas condiciones».
Durante años la cláusula de la edad se ha venido aplicando inexorablemente pero una serie de sentencias en los tribunales superiores de justicia de Murcia, primero, y después en Madrid e incluso Cataluña, han abierto una nueva esperanza a los afectados al haber confirmado la condición de permanente en el Ejército de los denunciantes. A raíz de estas sentencias, una serie de militares melillenses perjudicados con la cláusula se pusieron en contacto con el Bufete buscando que les representara al entender, como también defienden los letrados, que «se les está discriminando con respecto a estos compañeros que sin pasar prueba alguna han conseguido la permanencia en el Ejército y por ese motivo vamos a los tribunales para que hagan justicia».
Justicia
Reconocen que la sentencia de Murcia se basó en la figura del silencio administrativo o la falta de respuesta del Ministerio de Defensa a los recursos de varios afectados, pero esta vía se ha cerrado con la creación de una comisión especial que se encarga de responder de forma inmediata a todas las reclamaciones. No obstante, sostiene el bufete que la razón ampara a los militares afectados por una cláusula, la de los 45 años, que va en contra de lo que fija la normativa europea en cuanto a discriminación «e impide este tipo de contratación fraudulenta y abusiva».
Mantienen que la normativa europea deja claro que «no se puede contratar a una persona para un determinado número de años, hasta los 45, y que como firmó el contrato aceptó las condiciones y se tiene que ir. Eso no es admisible. Por encima de ese consentimiento o reconocimiento del propio afectado, está la protección que le aseguran las normas y directivas comunitarias, articulados que obligan a los estados miembros a no aplicar estas medidas perjudiciales».
Por ello, consideran que los contratos de los soldados profesionales «son irregulares», de la misma forma que se está en contra de que el Gobierno obligue a los que buscan seguir ligados al Ejército tener que realizar pruebas de acceso a la permanencia. “Son personas que ya pasaron unas pruebas selectivas y llevan años desempeñando su trabajo, por lo que han demostrado su valía». A esto añaden «que la oferta de plazas es ridícula y todos los que quieren aspirar a la permanencia no pueden lograrlo» denuncian.
El recurso de los tribunales europeos
Aunque no quieren lanzar las campanas al vuelo ni señalar que el proceso está ganado, sí que los dos letrados dejaron de manifiesto que hay motivos para la esperanza. Lo que sí pidieron fue paciencia, porque el proceso no se resolverá de la noche a la mañana, sino que habrá que esperar, una vez iniciado el proceso, “entre dos y tres años”. Fernando Osuna y Carlos López Pérez indicaron que si el asunto no se gana en los tribunales españoles, se recurriría a los europeos donde por cierto «se ha ganado el asunto de las cláusulas suelo».
Actualmente el bufete representa a unos 120 militares, de los que 50 son de Melilla, una cifra que esperan superar a lo largo de los próximos meses «porque aquí juega también el boca a boca». Cuentan con representados en Ceuta, Madrid, Burgos, Oviedo, Badajoz y Córdoba. Las primeras acciones legales ya se han adoptado. «Hemos iniciado las acciones a nivel administrativa y tenemos las primeras contestaciones en contra del Ministerio y también a los primeros recursos». El siguiente paso será la vía de lo contencioso administrativo. Si los tribunales españoles no dan la razón a los afectados, se acudirá a la Unión Europea.
