El pasaporte delató que el cliente había pasado casi un año y medio fuera de España y no tenía derecho a renovar su permiso, pero el abogado presentó facturas de ese periodo para simular que había estado en Melilla
La Policía Nacional ha detenido a un abogado como presunto autor de delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por gestionar un expediente de extranjería a un cliente al que cobró 3.500 euros para simular, mediante facturas falsas, que había estado en España y poder, de ese modo, renovar el permiso de residencia.
En una nota de prensa, la Jefatura Superior de Policía de Melilla ha informado de que, además de la detención de este abogado y gestor administrativo afincado en la ciudad, hay implicadas seis personas más en este caso de inclusión de documentación falsificada en un expediente presentado ante la Oficina de Extranjería.
Esta actuación de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) es fruto de una investigación que partió de una información de la propia Oficina de Extranjeros.
Este departamento, durante el examen de un expediente de solicitud de renovación de una autorización de residencia en favor de un nacional marroquí, detectó varias irregularidades entre la documentación aportada, lo que motivó que fuera denegada.
Entre los documentos examinados, había una copia del pasaporte del interesado en cuyas páginas figuraban estampados sellos de viaje que denotaban su ausencia del país durante casi un año y medio, superando con creces el periodo legal permitido de estancia fuera de España, que es de seis meses en el periodo de un año.
Por ese motivo, el interesado no tenía derecho a renovar su documentación, pero, para paliar dicha circunstancia y simular la estancia del hombre en España, el abogado y gestor presentó en el expediente varias facturas a nombre de su cliente de comercios de Melilla que databan de fechas en las que este se hallaba en Marruecos.
Por ello, esas facturas no se correspondían con compras reales realizadas por el interesado.
El abogado y gestor, que cobró a su cliente una cantidad próxima a los 3.500 euros, fue detenido por la presunta comisión de los delitos contra los ciudadanos extranjeros y falsedad documental.
También había sido investigado previamente por la UCRIF por delitos de la misma naturaleza.
